El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) están haciendo una revisión integral de la regulación sobre las estaciones de servicio y la cadena de los combustibles.
En junio de 2025 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional integrado por representantes del MIEM, de la Ursea y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con participación de representantes de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), distribuidoras y transportistas, entre otros actores de la cadena. Ese grupo entregó en noviembre un informe diagnóstico con recomendaciones técnicas para la regulación. En diciembre de 2025, el MIEM exhortó a la Ursea a que “apruebe, dentro del ámbito de su competencia, una regulación integral, en el plazo de dos años”, según los lineamientos definidos por el grupo interinstitucional.
En ese marco, además, se está elaborando un documento técnico, que estará pronto sobre el final del primer trimestre de este año, que definirá qué criterios tienen que cumplir las estaciones de servicio, dijo a la diaria la titular del MIEM, Fernanda Cardona. Allí se expresará “la visión que tenemos como ministerio de qué tienen que tener las estaciones, que no tienen que ser solo gasolineras”. La cartera apunta a que “las gasolineras se vean como electrolineras para la gente”, dijo la ministra, en referencia a que sean lugares de abastecimiento para vehículos eléctricos e híbridos.
En los próximos dos meses “van a salir las prórrogas” para las estaciones
En octubre de 2022, el directorio de la Ursea aprobó las resoluciones 377/2022 y 378/2022 para regular la instalación y el traslado de las estaciones de servicio. Las disposiciones no conformaron a algunos actores privados del sector, que presentaron recursos y demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por discrepancias en torno a las distancias mínimas de instalación de las estaciones y los topes de cantidad de puestos de venta de un mismo sello, entre otros aspectos. En noviembre del año pasado, el TCA falló a favor de la empresa Disa por este último motivo y anuló la Resolución 378/2022 de la Ursea, porque consideró que limitaba la libertad de empresa.
El actual gobierno, por decreto del 20 de mayo de 2025, exhortó a que la Ursea suspendiera los trámites pendientes y futuros relativos a aperturas y traslados de estaciones de servicio hasta que las autoridades del MIEM y de la Ursea terminaran de revisar integralmente la normativa y de proponer nuevos lineamientos para la distribución de combustibles. En julio de ese año, por resolución de su directorio, la Ursea hizo lugar a lo exhortado y suspendió los trámites.
En diciembre de 2025 se resolvió volver a aplicar “con carácter transitorio” la regulación actual para proceder a la apertura y traslado de estaciones de servicio, “hasta que se apruebe la nueva reglamentación definitiva”.
Una fuente de la Ursea dijo a la diaria que proyectan que “de acá a dos meses van a salir las prórrogas” pedidas por las estaciones de servicio, y después se resolverán los pedidos de nuevas estaciones.
Investigación administrativa en Ursea: se estará a “lo que dictamine Jurídica”
Por otra parte, en noviembre de 2025, la Ursea dispuso una investigación administrativa para “determinar la existencia de eventuales actos o hechos ilícitos y/o debilidades de control en los procesos de apertura, traslado y otorgamiento de prórrogas vinculados a estaciones de servicio a partir de 2021 y hasta la fecha”. En la resolución que dispuso la investigación administrativa, el directorio de la Ursea señala que se realizó “un análisis exhaustivo por parte de la asesora legal del presidente del directorio sobre las actuaciones administrativas relacionadas a los 95 recursos administrativos que fueron informados, lo que permitió concluir que existen dudas razonables acerca de la forma de tramitación de algunos procedimientos administrativos”.
En la misma resolución que dispuso la investigación administrativa se encomendó la redacción de “nuevos instructivos de trabajo para los trámites de apertura, traslado y otorgamiento de prórrogas de estaciones de servicio”. Estos instructivos fueron aprobados en diciembre de 2025.
Desde la Ursea señalaron a la diaria que la investigación se dispuso porque hubo “desorden, en ningún caso corrupción; por lo menos no se ha constatado hasta el momento”. La fuente consultada aseguró que el directorio de la Ursea resolverá con base en lo que dictamine el área Jurídica del organismo en función de la investigación administrativa, que todavía no ha concluido.