Una seguidilla de acontecimientos mantuvo al intendente de Paysandú en la capital. El martes, el sector blanco D Centro se reunió en el Palacio Legislativo y el miércoles una delegación de jerarcas sanduceros visitó a la titular de Ancap, Cecilia San Román, para discutir la situación de la industria cementera en el departamento. Además, este jueves el Congreso de Intendentes tuvo su décima sesión plenaria para debatir, entre otros temas, modificaciones a la baja en el valor de algunas multas. Por lo anterior, la diaria Radio recibió a uno de los referentes del espacio político que se creó en 2023, el nacionalista Nicolás Olivera.
Sobre la reunión de su sector, dijo que buscarán proponerle al Partido Nacional (PN) “empezar a transitar un camino en donde queramos cambiar la protesta por la propuesta” y priorizar que “en el centro de la discusión pública estén problemas que lamentablemente hoy no están”. “Creo que nuestro partido está llamado –este año cumpliendo 190 años– a levantar la mira, a cumplir un rol férreo de oposición, de control, de marcar, pero también de ir con tres o cuatro puntos al gobierno”, acotó, y agregó que “si el PN no incorpora en su agenda determinados temas, evidentemente la gente nos va a cambiar de canal”. En ese sentido, para 2029 aspiran a que “la discusión no pase por el candidato sino por el programa, por la acción de gobierno que vamos a llevar adelante y, por supuesto, por la tónica. No queremos, en estos cinco años, hacer un reduccionismo de la política que se circunscriba a ‘tenemos que estar cinco años pegando para ver si nos va bien en la próxima’”, afirmó.
“Lo primero que nosotros reivindicamos es que, en materia de tránsito y de infracción de normas de tránsito, esto no se mide en plata, se mide en vidas”, indicó. En su visión, el hecho de poder pagar la multa “tiene que guardar cierta razonabilidad” con un ingreso promedio. Dado que en el organismo se busca tomar decisiones por consenso, Olivera informó que el tema “ya está conversado” con sus homólogos del Frente Amplio y es “dable” que se adopte una decisión: “Todos entendemos que de nada sirve poner una sanción si después la gente no va a cumplir”.
El objetivo de la jornada es acordar el “qué, cómo y cuándo” para “trazar una hoja de ruta” con el objetivo de revisar multas que “concentran mucho volumen”, entre las que listó aquellas por exceso de velocidad, circular sin libreta de conducir o no respetar la señalización. Aunque los cambios están previstos “a corto plazo” y en el primer semestre el tema debería estar “liquidado”, también “es probable que el tema del alcohol no se toque”. La finalidad es que las personas “puedan ajustar” su conducta en el tránsito: “Ponerte diez multas, si no las vas a pagar, no te va a cambiar nada la forma en cómo ves la movilidad, el tránsito y respetás las normas. Tenemos que incidir en la conducta de la gente”, sentenció.
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, apuntaron contra los niveles de morosidad –se maneja una cifra del 70%– y adjudicaron su aumento a que durante el período de gobierno anterior se haya separado el pago de las infracciones del de la patente, medida que se revirtió y tendrá efecto a partir de marzo. Olivera coincidió, porque “una sanción que no sea exigible no es una sanción”, y la decisión “relajó el músculo” de los infractores.
Consultado sobre si no era suficiente con la decisión de revertir lo anterior en lugar de atacar los valores, dijo que los niveles de morosidad anteriores igualmente eran elevados y no prevén que se traduzca “en una promoción”, sino que la sanción “va a seguir cumpliendo su cometido disuasorio”, y “una cosa es que te duela y otra cosa es que te mate”. También listó otras ideas “atendibles”: “Maldonado tomó la decisión de poner radares, pero antes del radar poner el pedagógico”, y el departamento reporta que “en esos lugares donde a veces estaba complicado hoy hay cero accidentes”, afirmó sobre una medida “a sugerir”.
Empleo y el negocio del pórtland en Paysandú
La empresa AmBev-Cympay paralizará la producción por dos meses y la decisión implica el envío a seguro de paro de unas 100 personas. Olivera dijo que los diálogos están en marcha tanto con la empresa como con los trabajadores, pero, al ser global, es difícil “que afloje en sincerar su hoja de ruta” y tienen “cero escrúpulos en bajar cortina e irse a otro lado”: “Hay herramientas; por ejemplo, el sistema de devolución de las exportaciones”, en el que hoy Uruguay “te devuelve un 3% pero tiene margen hasta el 6%”, indicó sobre “un camino a recorrer” para blindar el emprendimiento productivo y evitar su cierre, posibilidad que sugirieron desde el sindicato.
Esa medida, según el intendente, “debería ser en general”, pero debería también guardar relación “con la posición de la industria según la distancia”: “No es lo mismo aumentarle la devolución de las exportaciones a una industria en Artigas, en Salto, en Paysandú o en Tacuarembó que a una que está acá en Canelones”. Olivera también se pronunció sobre la figura del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y dijo que, para el “prototipo de ministro de Economía que no atendía a nadie”, es “un tipo mucho más abierto” y “siempre dispuesto a escuchar”.
“A veces la reticencia del Estado y del gobierno a decir ‘no podemos porque no hay espacio fiscal’ es que cuando te resistís a ponerla por ese lado, la ponés por el lado del seguro de paro”, sostuvo. “Hoy en Uruguay en materia de empleo estamos contra las cuerdas” y “absolutamente a la defensiva”, valoró. En el mismo sentido, exhortó a “cambiar el chip” ante “si la hoja de ruta es decir cómo evitamos que echen a la gente” o “cómo promovemos que se instalen más empresas, más industrias, más emprendimientos en Uruguay y puntualmente en el interior, para que eso se deje de vaciar”, puntualizó.
Junto a una delegación sanducera, Olivera también visitó a la titular de Ancap, Cecilia San Román, para intercambiar sobre la posible reestructura de la industria del pórtland que podría pasar a concentrar la actividad en Minas: “Fuimos preocupados y salimos más preocupados”, enunció.
Sobre la visita, indicó que el mensaje que dejaron sobre la mesa es que “hagan toda la reestructura que entiendan que haya que hacer, tomen todas las medidas, pónganse todo lo creativos que haya que ponerse”, pero “que no sea Paysandú el que pague el precio”, ya que “todas las insinuaciones” van por ese lado.
“La idea que nosotros planteamos es que Ancap también nos dé insumos para ver de qué forma podemos compensar, si es que ellos necesitan tomar alguna decisión, cómo se puede fortalecer otro proceso productivo” para “no descapitalizarnos en los procesos productivos”, dijo, y apuntó hacia Alcoholes del Uruguay (ALUR), los combustibles, “el tema logístico y el tema del tren”.
Preocupaciones argentinas sobre HIF Global
La multinacional HIF Global prevé instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú y generó reparos entre jerarcas argentinos. Olivera explicó que, tras la reunión entre cancilleres en noviembre de 2025, el gobierno decidió integrar las preocupaciones “a los términos de referencia que el Ministerio de Ambiente le diera a la empresa para poder cumplir las condiciones medioambientales”. Dada la naturaleza turística de la ciudad vecina, Colón, la preocupación estuvo en “cómo va a impactar visualmente la planta”, pero la privada replicó que “no va a afectar” porque emplearán “cortinas de vegetación”.
“Es una decisión soberana de Uruguay”, sostuvo. Sobre la posibilidad de relocalizar, dijo que “no hay chance porque este es un proceso que ya tiene unos años”, lo que incluyó la recategorización del suelo por parte de la intendencia, por lo que “si alguien amaga a cambiar de lugar la planta, es volver a cero, y volver a cero supone perder la ventana de oportunidad”. Lo anterior se sostiene en que “en 2030 esta planta tiene que estar produciendo” ya que en esa fecha “Europa empieza a exigir la participación de este tipo de combustibles en su matriz energética”.