Tras el segundo Consejo de Ministros del año en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto con la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, en la que confirmó la rescisión del contrato con Cardama, firmado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). El encargado de anunciar la resolución fue Orsi, quien enmarcó la conferencia diciendo que en ella se hablaría “de la seguridad nacional”; “vamos a hacer referencia al interés general de la nación, es esta una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, afirmó.
La instancia es un hecho central en un proceso que tomó estado público en octubre del año pasado, cuando el gobierno detectó irregularidades al intentar ejecutar la garantía de fiel cumplimiento que el astillero vigués había presentado por intermedio de la británica Eurocommerce Bank junto a “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, lo que motivó una denuncia penal y civil. Entonces, también en una conferencia de prensa encabezada por Orsi, el Ejecutivo apuntó que tenía “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, lo que motivó una denuncia penal que se concretó dos días después y que fue ampliada en diciembre. “La garantía no existía o, peor aún, teníamos un documento falso”, recordó Orsi ayer, y mencionó: “La propia empresa admitió que esa garantía era inexistente”.
“Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa”, dijo Orsi en alusión a parte de la oposición que ha argumentado que el contrato de garantía es accesorio al contrato fundamental. Dijo que de todas formas se entabló diálogo con el astillero “porque quizá hubiera cosas que se podían solucionar, más allá de la gravedad del asunto”.
“A partir de ese momento seguimos recabando pruebas, recopilando información, y en ese marco”, dijo Orsi, “nos encontramos con que la garantía de anticipo financiero o reembolso no cumple con lo que establece el contrato”. A tal punto es así, enfatizó Orsi, que el documento que tenía el MDN no era la póliza, sino un “documento de términos y condiciones”. De este modo, hubo inconvenientes “en las dos garantías, que para nosotros son un elemento sustancial para que el contrato entre en vigor, porque es esta una acción de derecho público, donde el contrato no camina si esto no estaba claro”, advirtió el mandatario.
Tras recordar este contexto, los anuncios de ayer fueron cuatro: rescindir el contrato de suministro de las OPV “por incumplimientos contractuales graves” e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones “para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”; definir “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar”; y, por último, “procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas, tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”, enumeró Orsi. “Esta rescisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no”, aseveró.
Sobre la recuperación del patrimonio, Orsi dijo que ya se empezó a trabajar para “ver cómo nos hacemos de esto que está” –en relación a lo que Cardama ya construyó en Europa– o “del dinero”. Según el informe de auditoría que elaboró la empresa Bureau Veritas a pedido del Poder Ejecutivo, se han construido y montado en grada 16 bloques de la primera OPV, “lo que constituye aproximadamente el 43% del acero del buque”. El informe recuerda que, según el cronograma, “el avance de la obra a la fecha de la inspección debiera estar en torno a un 70%”.
Al margen de lo anterior, Lazo aseguró que “lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos” y que desde la cartera están “explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas” mientras, simultáneamente, están “robusteciendo” otras para avanzar en “la salvaguarda de nuestra soberanía nacional”.
Al profundizar, el presidente informó que el gobierno está explorando “patrulleras oceánicas del mismo porte o similar” y dijo que “hay cuatro o cinco opciones”, además de reparar en que ya tuvieron reuniones “con [quienes hicieron] algunas de las ofertas o algunos de los países que tienen astilleros públicos o privados” que elaboran este tipo de patrulleras: “Argentina encontró una solución [...]. Colombia tenía también OPV. Corea del Sur, India, Francia... Brasil no las hace, por lo que tengo entendido. Entonces, cualquiera de estas opciones van a ser las posibles para que tengamos patrulleras oceánicas”, afirmó. A esa lista Díaz agregó a España, el mismo país que es sede de Cardama.
Tanto la garantía de reembolso como la de fiel cumplimiento tenían irregularidades
Díaz explicó que, según el contrato de suministro, existe una “bifurcación de vías para resolver las diferencias”: mientras que los incumplimientos contractuales se dirimen en la jurisdicción nacional, lo constructivo se resuelve mediante los arbitrajes. La relación de “suministro” entre el Estado y la empresa se estableció con base en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), que establece la posibilidad de una contratación directa: “El Estado uruguayo ha cumplido bien y fielmente todas, absolutamente todas sus obligaciones hasta el día de hoy. Por otro lado, lo que hemos constatado son graves incumplimientos de parte del astillero, en términos jurídicos y contractuales, y en términos constructivos”, explicó.
El prosecretario de Presidencia agregó que el motivo de la rescisión se basa “estrictamente” en los términos jurídicos y contractuales, mientras que los “graves incumplimientos” en materia constructiva que se desprenden de la auditoría de Bureau Veritas darán lugar a “otro tipo de acciones”. Según Díaz, se trata de una “larga lista” que el Consejo de Ministros mencionó al dictar un segundo acto administrativo, y se le instruyó al MDN que “inicie también las acciones legales”.
Díaz reiteró que la garantía de fiel cumplimiento “no existió nunca” y, al día de hoy, no se recibió “ninguna propuesta concreta o ninguna nueva garantía que sustituyera aquella”, así como tampoco una “explicación razonable de cómo se llegó a esa situación”, mientras que la empresa aseguradora a cargo de la garantía de anticipo financiero informó al Estado “que sí existe una póliza, pero que ese documento que tiene el MDN en su caja fuerte no es”. Al solicitar el documento correspondiente, los jerarcas advirtieron que “el texto de una no coincide con el texto de la otra”.
“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico, absolutamente ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato”, resumió Díaz sobre dos “elementos esenciales” y no “accesorios” del contrato. En ese sentido, dijo que “la única explicación razonable” para que no se haya entregado la póliza real es que “efectivamente no se agregó porque, como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”.
Finalmente, el prosecretario recordó que la denuncia penal por presunto fraude o estafa está en manos de la Fiscalía: “La hemos ampliado, la podremos volver a ampliar”, acotó, haciendo referencia a información que trascendió esta semana que apunta a que el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, mencionó que muchos documentos requieren protocolización y ser apostillados para poder ser tomados como evidencia. Según supo la diaria, Presidencia se pondrá en contacto con la Fiscalía para entregar la documentación tal como fue solicitado.
Por otro lado, Díaz indicó que las demandas por “daños y perjuicios son acciones civiles” que configuran una acción “separada e independiente”, en un afán de “cubrir toda la cancha”. A su vez, Orsi reparó en las investigaciones administrativas que se dispararon en la órbita de la cartera y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que depende de Presidencia, lo que “determinará continuar con la investigación o, eventualmente, la disposición de algún sumario” en el caso de “algún funcionario [que] quizá no haya actuado de manera correcta”, en referencia a que una sugerencia de la investigación administrativa es iniciar un sumario administrativo a Damián Galo, exdirector de Recursos Financieros del MDN, quien es funcionario público y actualmente está en pase en comisión con el senador blanco y exministro Javier García.