Tras el segundo Consejo de Ministros del año en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto a la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, en la que confirmó la rescisión del contrato con Cardama, firmado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés).

La instancia es un hecho central en un proceso que tomó estado público en octubre del año pasado, cuando el gobierno detectó irregularidades al intentar ejecutar la garantía de fiel cumplimiento que el astillero vigués presentó a través de la británica Eurocommerce Bank junto a “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, lo que motivó una denuncia penal y civil. Sin embargo, la garantía de anticipo financiero o reembolso también resultó defectuosa, al punto de que no era la póliza sino un “documento de términos y condiciones” que “no cumple con lo establecido en el contrato”, informó el presidente. “El contrato no camina si esto no estaba claro”, advirtió el mandatario.

En ese contexto, los anuncios de este viernes fueron cuatro: la rescisión del contrato de suministro “por incumplimientos contractuales graves” e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones “para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”, definir “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar” y, por último, “procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”, listó Orsi. “Esta recisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no”, aseveró.

Sobre la recuperación del patrimonio, Orsi dijo que ya se empezó a trabajar para “ver cómo nos hacemos de esto que está” —en relación a lo que Cardama ya construyó en Europa— o “del dinero”. Al margen de lo anterior, Lazo aseguró que “lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos” y desde la cartera se encuentran “explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas” mientras simultáneamente están “robusteciendo” otras para avanzar en “la salvaguarda de nuestra soberanía nacional”.

El presidente profundizó y dijo que el gobierno se encuentra explorando ”patrulleras oceánicas del mismo porte o similar” y dijo que “hay cuatro o cinco opciones”, además de reparar en que ya tuvieron reuniones “con algunas de las ofertas o algunos de los países que tienen astilleros públicos o privados que los elaboran”: “Argentina encontró una solución (...). Colombia tenía también OPV. Corea del Sur, la India, Francia... Brasil no las hace, por lo que tengo entendido. Entonces, cualquiera de estas opciones van a ser las posibles para que tengamos patrulleras oceánicas”, afirmó. Díaz agregó a España, el mismo país que es sede de Cardama.

Tanto la garantía de reembolso como la de fiel cumplimiento tenían irregularidades

Díaz explicó que, según el contrato de suministro, existe una “bifurcación de vías para resolver las diferencias”: mientras los incumplimientos contractuales se dirimen en la jurisdicción nacional, lo constructivo se resuelve a través de los arbitrajes. La relación de “suministro” entre el Estado y la empresa se estableció con base en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), que establece la posibilidad de una contratación directa: “el Estado uruguayo ha cumplido bien y fielmente todas, absolutamente todas, sus obligaciones hasta el día de hoy. Por otro lado, lo que hemos constatado son graves incumplimientos de parte del astillero en términos jurídicos y contractuales; y en términos constructivos”, explicó.

Agregó que el motivo de la recisión se basa “estrictamente” en los términos jurídicos y contractuales, mientras que los “graves incumplimientos” en materia constructiva que se desprenden de la auditoría que realizó la consultora Bureau Veritas darán lugar a “otro tipo de acciones”. Según Díaz, se trata de una “larga lista” que el Consejo de Ministros listó al dictar un segundo acto administrativo y se le instruyó al MDN que “inicie también las acciones legales”.

Díaz reiteró que la garantía de fiel cumplimiento “no existió nunca” y, a día de hoy, no se recibió “ninguna propuesta concreta o ninguna nueva garantía que sustituyera aquella” así como tampoco una “explicación razonable de cómo se llegó a esa situación”, mientras que la empresa aseguradora a cargo de la garantía de anticipo financiero informó al Estado “que sí existe una póliza, pero que ese documento que tiene el MDN en su caja fuerte, no es”. Al solicitar el documento correspondiente, los jerarcas advirtieron que “el texto de una no coincide con el texto de la otra”.

“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico, absolutamente ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato”, resumió sobre dos “elementos esenciales” y no “accesorios” del contrato. En ese sentido, dijo que “la única explicación razonable” para que no se haya entregado la póliza real es que “efectivamente no se agregó porque como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”, condensó el prosecretario.

Finalmente, recordó que la denuncia penal por un presunto fraude o estafa ya está en manos de Fiscalía: “la hemos ampliado, la podremos volver a ampliar”, acotó. Por otro lado, indicó que “los daños y perjuicios son acciones civiles” que configuran una acción “separada e independiente” en un afán de “cubrir toda la cancha”. A su vez, Orsi reparó en las investigaciones administrativas que se dispararon en la órbita de la cartera y de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de Presidencia, lo que “determinará continuar con la investigación o, eventualmente, la disposición de algún sumario cuando algún funcionario quizá no haya actuado de manera correcta”.

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