Luego de cuatro meses desde que el gobierno anunciara la intención de rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard para la construcción de dos patrullas oceánicas, este viernes, el presidente Yamandú Orsi comunicó en una conferencia de prensa la decisión final.

La definición, que tuvo que ver con “incumplimientos graves derivados de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no”, según Orsi, ya suscitó la respuesta de Javier García, senador del Partido Nacional (PN) y ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien el año pasado interpeló a la actual titular de esa cartera, Sandra Lazo, por este tema.

Para García, la decisión de rescindir el contrato “estaba tomada desde el inicio” y “es por una sola razón: política”. En su cuenta de X, el senador dijo que el objetivo del gobierno “es destruir lo que venga” de la administración de Lacalle Pou. “Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior”.

El senador criticó que estén “nuevamente” las cuestiones políticas “por encima” de lo jurídico. “No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa”, criticó, y reafirmó que dicha “decisión política, confesada por la propia ministra”, “nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país”. “Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país”, concluyó.

En la misma línea, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, dijo en su cuenta de X que lo anunciado por el gobierno es una “enorme irresponsabilidad”, en la que, sostuvo, se está “actuando con saña política”.

“Para justificar su ataque contra el gobierno de coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente”, afirmó, y agregó que se trata de “una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay”.

Sebastián da Silva, senador del PN y compañero de sector de García, dijo en redes sociales que “hay dos colectivos que festejan” con la rescisión: por un lado, “abogados que se llenarán de plata con esta decisión”; por otro, “los narcos que se aseguran de un mar libre para sus negocios”.

Asimismo, señaló que “hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno”: “Ver a la ministra Lazo escuchar todo lo que en teoría debía de saber antes de mandar casi 30 millones de dólares al villano número uno del país y seguir tan campante en el cargo es para un ateneo médico que se llame ‘Los rostros de piedra inmutables’”. “Quedan cuatro años de este gobierno, ojalá que el país aguante tanta desidia”, expresó.

En diálogo con la diaria, el diputado blanco Gabriel Gianoli y presidente de la Comisión de Defensa de la cámara baja expresó que “existía la voluntad manifiesta del Frente Amplio (FA) de no avanzar con la construcción y tener patrulleras”, y que desde que Lazo asumió la cartera “ha venido en una cadena de actos que todos iban en función de terminar con el contrato”.

Consultado sobre las irregularidades en el proceso de compra denunciadas por el gobierno y por el informe de la consultora Bureau Veritas que refiere a la incapacidad del astillero de cumplir con los plazos de construcción, Gianoli respondió que “hay cosas que se tienen que mejorar” y que “hay cosas que se debieron realizar y resolver”. De todas formas, dijo que el informe de la consultora “termina diciendo que en lo constructivo hay satisfacción”, por lo que “lo demás es administrativo y a resolver”. Sobre el anuncio de Orsi de definir “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar”, Gianoli afirmó: “Que hagan todo lo que tengan que hacer”.

A su vez, Gianoli criticó que no se haya informado al Parlamento “de ninguna de estas cuestiones”, y lo calificó de “grave”. “No se informó ni tuvimos acceso al informe jurídico del Ministerio de Defensa que plantea esa rescisión el 22 de octubre. No sabemos a ciencia cierta nada, y lo peor de todo, nunca tuvimos los informes técnicos de los marinos que están allá y tampoco de lo que se hizo con Bureau Veritas”, expresó.

A nivel parlamentario, a instancias del senador blanco Martín Lema, la bancada del PN impulsará una comisión investigadora para conocer los detalles sobre el proceso de rescisión del contrato, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes blancas. Una de las fuentes consultadas señaló que la decisión se tomó luego de intercambios entre legisladores a través de Whatsapp. En ese marco, destacó la necesidad de “hacerlo lo antes posible”.

El PN manifestó “preocupación” por que la definición pueda “producir graves consecuencias para nuestro país”

En una declaración emitida por el directorio del PN este viernes por la tarde, la fuerza política rechazó “enfáticamente” la decisión anunciada por el gobierno que “responde a un objetivo político que tiene el FA desde su asunción -sin miramientos del interés nacional-, que sólo pretende destruir el legado del gobierno de la Coalición Republicana y el presidente Lacalle Pou”.

Para el PN, la decisión tomada “desconoce un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista”, y es “absolutamente irresponsable porque privará al país de un instrumento que la Armada Nacional aguarda desde hace 20 años y que el FA no supo resolver en 15 años de gobierno”.

En ese sentido, manifestaron “preocupación” de que la definición pueda “producir graves consecuencias para nuestro país, por el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a nuestra credibilidad jurídica, privándonos de estas patrulleras imprescindibles para el resguardo de nuestra soberanía marítima”.

Para finalizar, reiteraron su “más amplio respaldo” a la gestión del MDN del periodo anterior, y lamentaron “esta penosa decisión de fines exclusivamente políticos”.

Para Juan Martín Jorge, el gobierno debería haber esperado a la audiencia de conciliación para rescindir el contrato

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge dijo a la diaria que lo que busca saber es qué pasa con el dinero que ya se pagó a Cardama. “Si yo me estoy retirando de un contrato de este tipo, ¿cuál es el plan para recuperar los 30 millones de dólares?”, se preguntó, y señaló que imagina que para tomar la decisión de rescindir, el gobierno “no lo estará dando a pérdida”.

Además, quiere el diputado saber si se hizo un análisis jurídico de las posibles “contingencias” que puede haber en caso de que Cardama inicie un juicio a Uruguay, y las “chances de éxito” de ganarlo. “Este análisis se tuvo que haber hecho”, afirmó, y aseguró que Cardama “va a hacer juicio”.

En octubre, cuando el gobierno hizo el primer anuncio sobre el contrato, Jorge realizó un pedido de informes al MDN para “acceder a pliegos, contratos y todo el universo de documentos”, ya que, como abogado y escribano, “no cierra la actitud y estrategia legal del gobierno”. Este viernes, el diputado colorado dijo que está “esperando la respuesta”, aunque “ya venció el plazo”.

Para Jorge, el anuncio de Orsi en octubre “fue bastante intempestivo”, ya que, a su juicio, “que la garantía sea defectuosa no quiere decir que el contrato principal sea defectuoso”. El diputado cuestionó los dichos del presidente en la conferencia de prensa sobre la legalidad de la garantía y que haya anunciado la rescisión del contrato sin haber “tomado las precauciones del caso, que son, por ejemplo, tener una negociación previa, una intimación, saber que si la garantía es defectuosa, el contrato principal vale”.

En ese sentido, el legislador cree que el gobierno debería haber esperado a la audiencia de conciliación del 16 de marzo para rescindir el contrato, ya que este tipo de instancias “son el ámbito natural propicio y recomendable para transar un problema”.

Para Jorge, es “lógico” que la ministra sea citada a la Comisión de Defensa de alguna de las cámaras para que dé explicaciones sobre el proceso.

En el FA esperan que la oposición “se pongan del lado” del Estado uruguayo y no de la empresa

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó en su cuenta de X: “Nos comprometimos y juramos defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional”. Por esa razón, indicó, decidieron rescindir el contrato e “iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo y buscar las responsabilidades institucionales e individuales”.

“Vamos a trabajar para que nuestro país tenga las patrulleras oceánicas que necesita. Con un proceso transparente, con garantías reales. Para Uruguay, lo mejor. Ese es nuestro horizonte, esa es nuestra responsabilidad”, finalizó.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia afirmó en su cuenta de X que Uruguay “va a tener patrullas oceánicas” y lo va a hacer “con un constructor confiable, con reglas claras y con todas las garantías legales, técnicas y de seguridad”. “Vamos a seguir defendiendo el patrimonio de los uruguayos”, aseveró.

En respuesta a la afirmación del exministro de Defensa Nacional Javier García, el diputado del FA Joaquín Garlo aseguró que la definición de la cancelación del contrato, “lejos de ser una decisión política”, “es una decisión estrictamente jurídica que se adopta con responsabilidad republicana por parte de un gobierno que tiene un compromiso claro con la transparencia y con la protección de los intereses nacionales”.

A Garlo le “llama la atención” el hecho de que “algunos actores de la oposición que integraron el gobierno anterior defiendan más a una empresa extranjera que falsificó documentación y que afectó los intereses nacionales, en vez de defender los intereses de la república y, en definitiva, defender a Uruguay”.

Para el diputado, “todo el sistema político debería estar buscando las responsabilidades institucionales e individuales que puedan caber ante este negocio turbio que ha afectado a Uruguay y que nos ha llevado hasta esta situación”.

En la misma línea, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala dijo a la diaria que lo que espera de los dirigentes de la oposición es “que se pongan del lado del Estado uruguayo y no del lado de la empresa”. “Es evidente que el procedimiento estuvo mal, que la empresa dijo cosas que no eran ciertas”, subrayó.

A su vez, consultado sobre las diversas interpretaciones que se le dan al informe de Bureau Veritas, Zavala dijo que en lo vinculado a “la cuestión del fraude”, la Justicia penal se va a expedir, y para lo que tiene que ver con la rescisión del contrato está la Justicia civil. “Si la empresa se opone a la decisión del Estado, habrá un contencioso, y será de la Justicia”.

“Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, y tenemos los informes que creemos que son necesarios para hacerlo, para fundamentar, para que no sea un acto caprichoso, para que sea un acto fundado”, enfatizó.