Una vez más, el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, debió trasladarse al departamento de Rivera tras registrarse reiterados ataques de perros a ovejas de productores ubicados en las inmediaciones del establecimiento carcelario de Cerro Carancho, unidad número 12 del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Hace apenas tres meses el organismo retiró diez canes de la zona. Sin embargo, en las últimas horas se constató una nueva embestida perpetrada por tres perros. Inicialmente se presumía que pertenecían a personas privadas de libertad, extremo que fue descartado.
El mismo día en que las autoridades del INBA concurrieron a territorio para interiorizarse de la situación, el damnificado, el productor rural Fabián Ignacio, sufrió la pérdida de un nuevo cordero.
Coordinación interinstitucional y refugios
Ante esta compleja realidad, Vieta mantuvo reuniones con las jefaturas del Ejército Nacional y de la cárcel local. Desde el centro penitenciario se explicó que los perros del predio se encuentran castrados, chipeados y contenidos. Según señaló Vieta, la problemática se agrava debido a que personas ajenas abandonan animales en la zona, los cuales terminan siendo alimentados por el personal militar del comando del Ejército, fuerza encargada de la guardia perimetral, por lo que permanecen en las inmediaciones.
Gracias a las coordinaciones efectuadas con la Policía y el Ejército, y con la colaboración de una protectora de animales de Rivera que se hará cargo de los canes capturados, el problema inmediato en esa zona específica se da por concluido.
No obstante, Vieta reconoció el enojo y la desesperación del productor afectado, quien llegó a denunciar que se vio imposibilitado de llevar a su hijo a terapia debido a que debía dedicarse al pastoreo intensivo para proteger su majada. “Estando en territorio se entiende más a las personas que pierden producción, dinero y calidad de vida”, expresó el jerarca, quien criticó el debate superficial en redes sociales y exhortó a la empatía antes de emitir opiniones. Asimismo, valoró la importancia de dar la cara y concurrir personalmente frente a las denuncias canalizadas.
La crisis estructural del INBA y el reclamo al Parlamento
Pese a la resolución del caso puntual en Rivera, el titular del INBA fue categórico al señalar las limitaciones operativas de la institución explicando que el organismo cuenta actualmente con solo tres funcionarios para atender los 17 departamentos del país. “El INBA no da abasto, no puede seguir así”, enfatizó Vieta, reclamando a la comisión parlamentaria competente un incremento presupuestario urgente que permita la contratación de referentes departamentales y mayor respaldo económico a las protectoras de animales, consideradas un pilar fundamental.
El jerarca reflexionó sobre la necesidad de trascender los partidos políticos para abordar esta problemática como una cuestión de Estado, recordando que crisis similares se han registrado en administraciones anteriores. Apuntó directamente al Poder Legislativo al señalar que, durante las discusiones presupuestales en la Cámara de Diputados, no se alcanzaron los acuerdos políticos necesarios para modificar la estructura del instituto, sacándolo de la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ni para dotarlo de los recursos indispensables.
“Hoy la responsabilidad de poder cambiar el instituto está en manos del Poder Legislativo”, concluyó Vieta, lamentando que en épocas de campaña electoral se promueva la protección de la producción y el arraigo rural, pero al momento de votar los recursos las respuestas presupuestales no acompañen las necesidades reales del campo y de las protectoras.
Innovación tecnológica con collares inteligentes
Como parte de las estrategias a futuro para disuadir y controlar este tipo de situaciones, el presidente del INBA adelantó que se trabaja junto con el Secretariado Uruguayo de la Lana y Antel en la implementación de collares inteligentes con geolocalización.
Una vez concretado el proyecto, los primeros dispositivos se colocarán en los canes de la cárcel de Cerro Carancho. Asimismo, estarán disponibles para la adquisición de la ciudadanía a través de Antel por un costo aproximado de 200 pesos, permitiendo un monitoreo claro sobre la ubicación de los animales y previniendo futuros ataques. “Eso aún no es un hecho, pero falta poco”, aseguró Vieta.