El lunes se conoció que en 2019, por segundo año consecutivo, tampoco se abrirá el corralito mutual. El Poder Ejecutivo alega que no están dadas las condiciones que garanticen que no habrá intermediación lucrativa, que es el delito que se comete cuando, para captar socios, las instituciones de asistencia médica entregan o prometen entregar dinero u otras ventajas a quienes se afilien. La decisión –que va en la línea contraria a la que venía trabajando la Junta Nacional de Salud (Junasa)– sorprendió a quienes trabajaban en el nuevo sistema informático, incluyendo a las autoridades de salud. La oposición salió al cruce, al punto de que el diputado nacionalista Martín Lema pide la renuncia del ministro de Salud Pública, Jorge Basso.

Por lo pronto, se fijó fecha para la interpelación pendiente que tenían Basso y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, tras la discontinuidad de la comisión investigadora de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado desde 2008 y la denominada estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Será el 14 de diciembre (un día antes del inicio del receso parlamentario) a las 11.30 y estará a cargo del miembro denunciante de la comisión investigadora parlamentaria, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio.

En diálogo con TNU, Rubio recordó ayer que la comisión recibió el testimonio de una funcionaria del Banco de Previsión Social (BPS), María Irma Rodríguez, jefa de Afiliaciones Mutuales y Base de Datos del BPS desde 2015, quien denunció que cuando asumió ese cargo detectó que funcionarios del BPS le cambiaban la mutualista a personas sin que ellas lo autorizaran, y que cuando ellas se enteraban, reclamaban ante el BPS. Según Rodríguez, en febrero de 2017 había 1.500 denuncias de personas por el cambio sin su autorización. La Junasa es el organismo encargado de autorizar los cambios de institución; los denunciados no habían pasado por allí, y la funcionaria notó que luego de hacer el reclamo y antes de recibir la respuesta de la Junasa, funcionarios del BPS restituían a los denunciantes a la mutualista anterior. “El BPS estaba claramente trabajando para las mutualistas. Las mutualistas son cuatro o cinco de las 40 y poco que hay: Casmu, la Española, el Círculo Católico y Cudam. Hay alguna otra, en mayor o menor medida, pero esas cuatro son reiteradamente pasibles de las denuncias”, declaró la funcionaria, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del 23 de julio de la comisión investigadora. Allí dijo que esos casos ocurrían desde 2008 y que al enviar el reclamo a la Junasa, las solicitudes eran caratuladas como “cambio mutual” y que la mayoría era denegada. Cuando ella asumió, caratuló las solicitudes como denuncia, lo que le valió reprimendas de la Junasa y del BPS. Consultado por la diaria acerca de esas denuncias, Basso respondió que las explicaciones las daría en la interpelación.

A esas maniobras se suman las de la llamada “estafa al Fonasa”, que se conocieron en marzo de 2017, mediante las que se conoció que se creaban empresas “truchas” que afiliaban a las personas por tres meses a alguna mutualista, hasta que el BPS detectaba la irregularidad; en tanto, esas empresas, cobraban la cápita.