Intendencia de Montevideo abre un llamado a oferentes para prestadores de salud; el Casmu perderá la exclusividad

Con la intención de que los funcionarios municipales tengan mayor libertad a la hora de elegir una mutualista, pero también para ofrecer “mayor transparencia y garantías”, la Intendencia de Montevideo (IM) anunciará el lunes que hará un llamado a oferentes para confeccionar un registro de instituciones de salud. La IM mantiene, desde la década de 1960, un convenio con el Casmu, a través del cual tienen cobertura unas 18.000 personas, contando a los funcionarios, cónyuges e hijos y a jubilados municipales –que si bien aportan al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), reciben beneficios del acuerdo–. Si bien el convenio se ha modificado a lo largo de los años, la administración actual se propone ampliar la oferta. Los requisitos mínimos serán mantener los beneficios que tienen los funcionarios con el actual convenio que tiene la IM con el Casmu.

Según dice el comunicado del llamado, las propuestas serán analizadas por una comisión integrada por las direcciones de la División Salud y del Servicio Salud y Seguridad Ocupacional de la IM, y un representante de la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros de la comuna, que elevarán un informe a la Comisión Administradora del Seguro de Salud. ADEOM participará en la comisión de seguimiento del convenio.

En diálogo con la diaria, Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM, explicó que el llamado se publicará en la agencia de compras del Estado y que no se trata de una licitación pública sino de un llamado a oferentes, porque la IM no quiere generar una situación de exclusividad. “Nos aproximamos un poco al criterio del Fonasa: vamos a abrir el espectro y la gente va a elegir en función de distintos intereses”, expresó.

Cuando se haya conformado el registro, se dará un plazo de 90 días para que los funcionarios puedan cambiar de institución de salud. Para evitar la intermediación lucrativa, los funcionarios deberán permanecer por un plazo mínimo de tres años en la institución de salud. Hasta ahora, quienes no quieren atenderse en el Casmu pueden optar por otra mutualista. En ese caso la IM le entrega al funcionario el dinero que le daba al Casmu; ellos podrán mantener el régimen actual (la IM les pagará el equivalente al valor de la cuota de la mejor oferta).

Estabilidad

Según supo la diaria, ADEOM hizo hace algunas semanas una especie de llamado a oferentes. La IM no lo considerará, porque el convenio lo firma la IM.

A ese llamado se presentó el Casmu, que mantuvo su oferta actual; el Círculo Católico, con una propuesta que está dentro de los valores de mercado, y la Asociación Española, con precios mucho más bajos.

En el Casmu cundió el temor a perder miles de socios. Gustavo Bogliaccini, presidente del Casmu, expresó a la diaria que el impacto dependerá del cambio de lo que terminen resolviendo los afiliados. Dijo que si se va un número importante de socios tendrán que “reajustar la institución: implica que hay que corregir la cantidad de insumos, de medicamentos, insumos fungibles, recursos humanos; se ajustará todo a la nueva realidad, porque no se puede tener recursos que no produzcan”. Según contó, Bogliaccini le envió una nota al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, con quien se reunió, así como con autoridades de la IM. Les dijo que estaba de acuerdo con que este cambio se hiciera ingresando a todos los funcionarios al Fonasa o mediante “una licitación pública con todas las garantías”, de modo que “se presenten todas las instituciones, pero con precios que están administrados” y con los costos analizados por la Junta Nacional de Salud (Junasa). Comentó que proponer precios por debajo de lo que determina la Junasa “es prácticamente imposible”, y que si hay “notorias prestaciones por debajo” quiere decir que “o se las sacan a otros o no son verdad, porque serían deficitarias”, deslizó.

Brenta considera que no habrá grandes cambios. “Esperamos que suceda algo parecido a lo que sucede cuando se abre el corralito, que la cantidad de gente que se mueva sea poca”. Resaltó que la IM inició este proceso en consulta con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Salud Pública (MSP). “Con el MSP, para no generar afectación al Sistema Nacional Integrado de Salud. Con el MEF, porque está involucrado en el financiamiento del Fonasa y porque es garantía de un fideicomiso del Casmu; tuvimos la opinión favorable”, resumió.

El jerarca reafirmó que el principal interés de la IM es tener transparencia. “Si bien el convenio anterior era transparente, tenía una cláusula de exclusividad con el Casmu. Ahora no, ahora vamos a hacer con todos aquellos que hagan propuestas similares y será el funcionario el que decida”, manifestó.

Es preferible que las que se presenten al llamado no sean instituciones pequeñas, porque deben tener la infraestructura necesaria para sostener un número importante de nuevos socios, en caso de que se dé esa migración. Brenta sostuvo que el interés de la IM “no es bajar costos” sino “darle libertad al usuario y la mejor calidad de servicio posible”. Dijo que el precio “es un componente” y que otro es la calidad del servicio. Agregó que “si se diera un servicio de mejor calidad con menor valor, se pagaría menos”, y que si alguien ofrece un servicio mejor a la mitad de precio, lo estudiarán. Dijo que para eso articularán con el MSP, y que luego la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, en la comisión de seguimiento, será el garante de que lo que se anunció se cumpla.

El convenio de la IM con el Casmu vence el 1º de julio. Brenta anunció que ayer le pidió una prórroga para mantener el servicio hasta que se tengan las nuevas definiciones.