Avances sociales, reformas estructurales, cambios culturales. Fin de ciclo, derrotas, parates, fracasos puntuales, continuidades. Se puede caracterizar de muchas maneras la suerte de los progresismos de la región en el siglo XXI. El propio término “progresismo” no tiene una definición unívoca, como tampoco es clara su relación con las izquierdas. Este mes, en Dínamo, nos abocaremos a realizar balances del período que sirvan de base a nuevas concepciones y propuestas de transformación social.

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Nunca se valora suficiente lo que se tiene hasta que se pierde. Los gobiernos de izquierda y progresistas de la región han logrado muchos avances en derechos para los sectores más vulnerables. Han llevado adelante, en general, una estrategia de conciliación de clases, marcando los límites intrínsecos a estos gobiernos. Los sectores poderosos sólo van a permitir avances en materia de justicia social –como la disminución del desempleo y de la pobreza, o la autonomía económica de las mujeres– mientras esto les permita desarrollar otras estrategias de enriquecimiento. Cuando esto cambie, no van a tener ningún prurito en morder la mano que les dio de comer. Porque hay que decirlo: el progresismo llenó de guiso los platos de los más pobres, pero también de caviar los de los más ricos.

Pero ellos no pierden nunca su reflejo de clase, así que apenas cambia el clima económico y ya no es redituable un crecimiento con justicia social, inmediatamente sueltan la mano a estos gobiernos. Dejamos ingresar el caballo de Troya. En los países de la región podemos ver que la derecha emerge para recuperar el gobierno desde las entrañas mismas del gobierno progresista. Un claro ejemplo lo podemos ver en Brasil con Michel Temer; la misma derecha a la que desde la izquierda le fuimos concediendo lugar es la que consolidó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff.

Nuestros gobiernos han hecho avances, pero necesitamos reformas estructurales que consoliden otro modelo de país que sea sostenible en el tiempo. Los retrocesos que los gobiernos de la derecha han representado en cuanto a los derechos de los más vulnerables son la muestra más clara de esto. La salud es un ejemplo. Todos los gobiernos de izquierda o progresistas han implicado, en mayor o menor medida, mayor equidad en el acceso a la salud, y la restauración conservadora ha significado un retroceso en estos avances.

En Uruguay, la reforma de la salud ha sido importante; la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), entre otros avances, ha permitido la disminución de la mortalidad infantil a cifras históricas. En Brasil, las medidas llevadas adelante por el gobierno del Partido de los Trabaja- dores –que al igual que en Uruguay apostaban a fortalecer el primer nivel de atención y a garantizar el acceso igualitario a la salud– llevaron a que la disminución de la mortalidad infantil pasara de 30,1 por 1.000 nacidos vivos en el año 2000 a 14,3 cada 1.000 nacidos vivos en 2015. En 2016, debido a los retrocesos del gobierno de Temer, la mortalidad infantil por primera vez revirtió esta tendencia y aumentó a 14,9 por 1.000 nacidos vivos. Los recortes en las políticas sociales, el techo al gasto público y la reducción de la Bolsa Familia son algunas de las causas de este aumento. Los recortes presupuestales al Programa de Salud de la Familia, dirigido a una estrategia de atención primaria de salud (APS), y el congelamiento de inversiones públicas por 20 años en el área de la salud, aprobado en 2016, seguramente colaborarán en la persistencia de este impacto negativo, con mayor efecto en los territorios con mayor pobreza. La pobreza extrema aumentó 11% entre 2016 y 2017 en Brasil; esto lleva a que los niños y niñas tengan mayor riesgo de muerte por diarreas, desnutrición e infecciones respiratorias.

Por otro lado, en el hermano país de Argentina la restauración de la lógica neoliberal en la salud con el gobierno de Mauricio Macri tuvo también impactos negativos. Otra vez la estrategia fue debilitar y recortar los recursos de los equipos de salud a nivel territorial, atacando el primer nivel de atención. El gobierno de Argentina avanza hacia la creación de la Cobertura Única de Salud (CUS), que es parte de una estrategia arcaica, criticada y revisada, de atención a la salud, que entiende que se debe brindar una canasta de prestaciones médicas básicas a los más pobres. Esto implica que los que no acceden a las obras sociales o a la medicina prepaga por estar desempleados tendrán limitado su acceso a la salud a algunas prestaciones definidas por el gobierno y no a toda la atención a la salud que puedan necesitar a lo largo de su vida. Lo que quede por fuera de esta “canasta” deberá pagarse. Este proceso de reforma va en contra del acceso equitativo a la salud. Este modelo retoma temas ya conocidos y superados en Uruguay, como el que solíamos llamar “carné de pobre”, ya que para atenderse los beneficiarios de la CUS tendrán un carné de identificación. Una atención en salud limitada, fragmentada, lejos de la necesaria atención integral, una salud pobre para pobres.

En Uruguay, la creación del SNIS, con el cambio de modelo de financiamiento, permite el acceso a la atención a la salud de forma integral a todas las personas del país. El cambio de modelo de atención que lidera la Administración de los Servicios de Salud del Estado se basa en la APS con un fuerte primer nivel de atención de modo de garantizar la atención integral de las personas a lo largo de toda su vida. Un modelo de atención a la salud con equidad y atención de calidad para todos y todas, que aún tiene debes y que debe tener un presupuesto adecuado para continuar los avances, algo que los primeros anuncios del Poder Ejecutivo sobre la Rendición de Cuentas en estos días nos muestra que está lejos de ocurrir.

Esta es claramente una etapa difícil para nuestros países, que precisan que el malestar y el descontento se transforme en movilización popular, gobierne quien gobierne. Nuestro gobierno debe entender que la estrategia de conciliación de clase ya tocó su límite, que los sectores poderosos ya recurrieron a su reflejo de clase apostando a derribar al gobierno progresista, y el movimiento en el ámbito rural pidiendo un ajuste de la inversión pública es un claro reflejo de esto.

Solamente profundizar los cambios y reafirmar nuestra alianza con los sectores populares hará sostenible al frenteamplismo en el gobierno. Esto implica un cambio en las reglas de juego, apostando a que los más ricos hagan los aportes necesarios para profundizar en la inversión social. La sociedad organizada en su forma más amplia debe entender que tensionar el gobierno hacia la izquierda es necesario para la propia supervivencia de un proyecto progresista, y que la inercia hacia la derecha será su fin. Debemos entender que el gobierno no está en disputa; la verdadera disputa sólo la puede dar la movilización popular reclamando que el Frente Amplio sea fiel a su alianza histórica con los sectores populares.

Virginia Cardozo integra el Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo y es senadora suplente del Frente Amplio.