Experto de OPS señala que la industria despliega estrategias para retrasar, debilitar e impedir la restricción del consumo de ultraprocesados

“Los países del Mercosur ocupan los primeros lugares en las Américas en la venta de productos ultraprocesados de bajo valor nutricional y excesiva cantidad de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcares”. Esta frase, basada en información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encabeza el acuerdo que firmaron el 15 de junio los ministros de Salud del Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile–, en el que se comprometieron a “mejorar la información nutricional de los alimentos envasados a través de la implementación de un etiquetado frontal”. El acuerdo da un paso más respecto del que se firmó en 2015, que había señalado la necesidad de mejorar el rotulado de alimentos y que motivó en Uruguay el inicio del trabajo interinstitucional que definió incluir un sello octogonal en la cara frontal de etiquetas de alimentos y bebidas ultraprocesadas que indiquen que tienen exceso de grasas, grasas saturadas, azúcares y sal. Según habían anunciado integrantes del Poder Ejecutivo, el rotulado iba a ser aprobado a fines de 2017, pero hasta el momento no ha salido. Se sabe que no entrará en vigencia al menos hasta 2020, ya que el Ejecutivo propuso que comenzara a regir 18 meses después de que se apruebe; su aplicación será gradual.

Para conocer más acerca de la incidencia de los ultraprocesados en la salud y sobre las estrategias para limitar su consumo, la diaria dialogó con Fabio Gomes, asesor regional en Nutrición para las Américas en la OPS/Organización Mundial de la Salud (OMS). Gomes, de nacionalidad brasileña, es nutricionista, magíster en Estudios Poblacionales y Encuestas Sociales y doctor en Salud Colectiva, y ha acompañado el proceso de Uruguay y de otros países en la implementación de políticas de alimentación y nutrición.

Gomes calificó al proceso desarrollado por Uruguay para crear el rotulado de alimentos de “completo, riguroso y transparente en todos los sentidos”. Detalló que la propuesta uruguaya está basada en la evidencia científica y en recomendaciones de OPS/OMS; que “se promovió un proceso de consulta pública en el que todos pudieron hacer sugerencias y comentarios”, y que el proceso pone como elementos importantes el derecho del consumidor, de protección a los niños y a la salud. Comentó que el ícono elegido se ubica en la parte frontal de las etiquetas, y que es en negro y blanco “que es el mejor contraste para la visión humana, sea en Uruguay, en India o en Tailandia”. Resaltó la importancia de que el rotulado genere rápidamente una comprensión correcta del contenido del producto, porque las compras de alimentos suelen definirse “en fracciones de segundo, a veces en cuatro, ocho segundos”. “El ícono que propone Uruguay, no sólo por las evidencias que produjeron en el país sino también por las evidencias que se produjeron con la experiencia de Chile, demuestran que este sistema es capaz de informar de forma más correcta y más rápida y de cambiar la intención de compra”, aseguró. El rotulado de alimentos altos en azúcares, grasas y sal rige en Chile desde junio de 2016. Gomes comentó que en los primeros seis meses de aplicación de la norma en Chile, 92% de la población cambió su decisión de compra y se reorientó hacia los productos sin sellos o con menos sellos.

La experiencia chilena no necesariamente afectó a las empresas. Gomes comentó que las empresas “tienen productos con sellos y sin sellos” y que la elección de los que no tienen sellos “favorece la reformulación de productos”; sostuvo que en Chile, en los primeros seis meses de entrada en vigencia de la ley, la industria reformuló 18% de los productos. Por otra parte, comentó que es de esperar un incremento del consumo de otros alimentos que no tienen envase, como frijoles, fruta, vegetales, carne, pollo, pescado y arroz. Afirmó que “cuanta más comida de verdad” consumen las poblaciones, “más saludables estamos en relación a la alimentación”. Por tanto, señaló que “cuando se habla del impacto del mercado” hay que mirar más allá de los procesados y ultraprocesados. “La gente puede dejar de consumir los alimentos procesados y ultraprocesados para consumir los frescos, es una oportunidad de mercado; el mercado se va ajustando y eso favorece a la salud y a la sociedad”, aseguró.

Directo a los más pobres

La venta de ultraprocesados en América Latina empezó a exacerbarse en las últimas dos o tres décadas, según el país, dijo Gomes, y afirmó que a partir de ese momento se dio “una explosión en la distorsión de las dietas y en la obesidad”. Explicó que la presión por el incremento del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados en nuestros países comenzó, de la mano de multinacionales y transnacionales, luego de que se generara una saturación del mercado en el hemisferio norte, “donde muchos de esos productos fueron inventados y empezaron a consumirse en grandes cantidades”.

Gomes comentó que estos productos “no sólo empeoran la alimentación por su perfil alto en grasas, en azúcar y sodio, sino también por las formas de comer que son inherentes a estos productos, diseñados para promover un consumo en cualquier lugar o en cualquier momento”. Agregó que el hecho de comer sin prestar atención “compromete a los mecanismos de saciedad y saciación”. “A la vez que [estos productos] desequilibran la alimentación, incrementan los riesgos de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y de varios tipos de cáncer que están asociados a conservantes que encontramos en embutidos, que son elementos no nutritivos, aditivos y cancerígenos”, sentenció.

Las poblaciones pobres son el blanco de muchas industrias. “Si yo quiero expandir mi mercado, voy a dirigir mis estrategias para vender mi mercadería a la población mayoritaria, que en nuestro caso coincide con la más pobre”, sostuvo Gomes. Entre esas estrategias están, obviamente, la publicidad y las estrategias de diseño de envases que “por más que tengan la información, producen la impresión de que son inofensivos o saludables; generan engaños o expectativas sobre el producto que no son reales”, puntualizó. Añadió que esto “genera un incremento de las inequidades de salud, sociales y económicas, porque va a enfermar mucho más a quien tiene menos condiciones de proteger su salud y de recuperarla”.

Estrategias de la industria

La OPS recomienda cuatro estrategias costo-efectivas para restringir el espacio de ultraprocesados en la dieta, es decir, que sean consumidos ocasionalmente pero que no sean la base de la alimentación, aclaró Gomes. La primera es la regulación del etiquetado y la segunda, la regulación de la publicidad. El tercer punto son las políticas fiscales: incrementar precios finales al consumidor, como ocurre con el tabaco y el alcohol; Chile y México aumentaron los impuestos a las bebidas azucaradas y en ambos países se logró una disminución de su consumo. La cuarta medida que se recomienda es “que las escuelas sean protegidas de la promoción, expendio y venta de estos productos que no son recomendados como alimentación saludable”.

Gomes comentó que Canadá ya cerró su consulta pública por el rotulado de alimentos, que será frontal con el ícono “alto en” azúcares, grasas y sal. Agregó que México ha hecho varios estudios para aplicar el sello nutricional frontal, que lo están considerando varios países de América Central y del Caribe, y que Perú lo aprobó en junio. Brasil está en consulta pública sobre un sistema de advertencia frontal similar al de Canadá y en Argentina se realizó un proceso de consulta para formular una propuesta que va a servir como insumo técnico para los legisladores, añadió.

Gomes expresó que en Brasil el proceso de consulta pública cerró el 9 de julio y la industria solicitó posponer el plazo por 15 días porque no lograron contestar, mientras que todas las organizaciones y la academia respondieron a tiempo. “Es parte de la estrategia de ellos: retrasar, debilitar o impedir”.

Si bien prefirió no emitir opinión sobre las demoras del etiquetado en Uruguay, Gomes consideró que “en la mayoría de los países los gobiernos están avanzando y están cumpliendo con sus mandatos de contribuir para una mejor salud. Algunos sectores de la industria de procesados y ultraprocesados muchas veces se ven amenazados por esas políticas y utilizan sus estrategias para frenarlo”. Por eso, subrayó que “es importante garantizar mecanismos que prevengan que esas interferencias agoten el proceso”.

Lo que se identificó como necesidad imperiosa en 2015 podrá empezar a aplicarse, con suerte, en 2020. ¿Cuánto impacta esa demora en la salud de la población? Gomes respondió: “Cada momento que dejamos de avanzar con esas acciones, incrementamos el impacto que generan en la salud y en la economía del país; cada día que no intervenimos, incrementamos el tiempo y la cantidad de personas que están expuestas a una alimentación que les va a generar impactos en la salud y en la vida en general”. Por eso, remarcó que “es muy importante tener protegido este espacio de formulación e implementación de políticas de la interferencia de la industria y de otros actores que se oponen a la mejora de la salud pública”.