L a Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) difundió ayer el informe del hospital de Bella Unión que describe los 12 traslados especializados que contrató desde enero hasta julio de 2018 a la empresa Siemm SRL. Lo hizo en respuesta a las declaraciones de los diputados de la oposición, que el lunes, en una conferencia del prensa, al concluir el trabajo de la comisión investigadora de la gestión de ASSE, cuestionaron al actual directorio por seguir comprándole servicios a Siemm SRL. Esa empresa es propiedad de tres ex funcionarios del hospital de Bella Unión, Federico Eguren, Marcos García y Rodrigo Barcelona; los dos primeros ocuparon cargos de dirección entre 2011 y 2015, período en que se incrementaron los traslados especializados, al tiempo que cayó el servicio propio del hospital.
En el comunicado de ayer, el hospital de Bella Unión detalla los días y las circunstancias en que el hospital contrató cada uno de los traslados especializados. En todos ellos, la ambulancia de traslados especializados de ASSE estaba atendiendo a otros usuarios –se aportan datos sobre ellos también–, por ejemplo un siniestro de tránsito en el que se debió trasladar a tres personas, y en otros casos, la ambulancia pública estaba regresando de un traslado y no era posible que llegara a tiempo. Al cierre del comunicado, los referentes del hospital recuerdan que el centro está situado a 140 kilómetros de Salto y de Artigas, y a 630 kilómetros de Montevideo. “Contamos con una ambulancia especializada, y hay que tener en cuenta que cuando sale un traslado especializado a Montevideo se pierde la especializada por 24 horas, por lo tanto si hay otra situación de traslado urgente no queda otra que contratar privado para poder brindar la asistencia a nuestros usuarios”, informa el comunicado. Enumera, además, que desde enero de 2018 hasta el 28 de julio el hospital ordenó 135 traslados especializados: 123 fueron con el móvil del hospital, mientras que en 12 oportunidades se contrató al privado.
En diálogo con la diaria, Miguel Fernández Galeano, adjunto del directorio de ASSE, alegó que el hospital cubre con su propio servicio más de 90% de los traslados y que “en todos los casos está justificada la urgencia de recurrir a traslados especializados privados”, que son brindados por Siemm, la única emergencia privada de Bella Unión. “No tendría sentido tener dos ambulancias especializadas para cubrir 10% de la demanda; sería un manejo absolutamente equivocado de los recursos”, dijo, y acotó que, además del móvil, se necesita contar con los recursos humanos permanentemente, algo que no se justifica para un promedio de dos traslados mensuales.
Por otra parte, Fernández Galeano negó que haya conflicto de interés, porque quienes contratan el servicio no son “propietarios de la empresa”, y se hallan “a 600 kilómetros y sin posibilidad de incidir en estos contratos”, dijo, en alusión a Eguren y a Barcelona. La oposición señala que los tres médicos continúan ocupando cargos de confianza: Eguren dirige el Centro Hospitalario Pereira Rossell, Barcelona es director del Hospital Pediátrico de ese centro, y García del Hospital de Salto. Fernández Galeano se limitó a responder que hay un proceso concursal en marcha para ocupar las direcciones de esos tres centros; ninguno de los tres jerarcas se postuló al llamado.
Cambios a implementar
Fernández Galeano expresó que el conflicto de interés se vio a partir del criterio que comenzó a aplicar el Tribunal de Cuentas en los últimos años, que difiere del que se había aplicado hasta la administración anterior. El artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) impide contratar servicios a funcionarios que hayan actuado o hayan mantenido “algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos con la licitación o procedimiento de contratación administrativa”. Fernández Galeano planteó que, de acuerdo con la última interpretación, “una cantidad de gente que está hoy en cargos de dirección prácticamente va a estar en conflicto de interés”. Por eso, en el artículo 18 de la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento, el Poder Ejecutivo propone modificar el artículo 46 del TOCAF para que la restricción de la contratación limite a quien sea el ordenador del gasto, y no a todos los funcionarios de ASSE.
“Hay que rever con seriedad cómo aplicar el artículo 46 del TOCAF en relación con el conflicto de interés de quien ordena el gasto: si es el que tiene responsabilidad en cualquier lugar de ASSE, independientemente de quién ordenó el gasto, o si el criterio que se toma es que no haya conflicto de interés –que es lógico y legítimo– entre quien ordena el gasto y quien lo presta”, expresó.
En cuanto a las soluciones a implementar y lo que quede por subsanar, Fernández Galeano señaló que el directorio de ASSE definió un cronograma de seis auditorías que implementarán en seis hospitales que ya tuvieron auditorías, y que ahora se trabajará con el equipo de gestión de esos hospitales para rectificar y corregir lo que quede por implementar.