“La enfermedad celíaca es una condición permanente y su único tratamiento consiste en realizar un régimen alimentario estricto, que excluya el gluten de por vida de la dieta diaria”, detalla el decreto 149/018, aprobado por el Poder Ejecutivo a fines de mayo, que agiliza los procedimientos para que las plantas elaboradoras de productos aptos para el consumo de personas celíacas obtengan la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Todas las plantas elaboradoras de alimentos se quejaban, decían que era un proceso engorroso y muy largo”, expresó en diálogo con la diaria Silvya Durán, gastroenteróloga y asesora del ministro de Salud, Jorge Basso. Hasta ahora las empresas presentaban la documentación, esperaban que fuera la inspección del MSP a la planta, que hacía correcciones, y luego de procesados los cambios había que esperar nuevamente a los fiscalizadores. “Si la persona hacía una inversión demoraba mucho en recuperarla, y por eso había gente que no se habilitaba”, reconoció Durán.

El 17 de agosto el MSP aprobó la ordenanza que permite poner en práctica lo dispuesto por el decreto 149/018: es un formulario de habilitación (checklist) que detalla todo lo que tiene que tener la planta de envasado, que va acompañado de una declaración jurada que debe ser firmada por el representante legal de la empresa y el director técnico (que serán sancionados si hacen una declaración falsa), que consigna que la planta cumple con todos los requisitos. Inmediatamente, el MSP otorgará un permiso de funcionamiento por un año, que puede extenderse a dos si el trámite no fue finalizado por motivos ajenos al solicitante. El establecimiento será fiscalizado por la Dirección General de la Salud del MSP; si el dictamen es favorable, será habilitado por un plazo de hasta cinco años. Las empresas que elaboran y venden los productos exclusivamente en su propio local quedan excluidas de esta norma (su habilitación no es competencia del MSP sino de las intendencias).

Oferta y demanda

Según el registro del MSP, hasta ahora hay 29 empresas y una importadora habilitadas para elaborar alimentos libres de gluten. “Aspiramos a que haya más plantas que se habiliten”, dijo Durán. Agregó que es de esperar que si se aumenta la cantidad de productos aptos para celíacos, por el simple hecho de que también subiría la competencia, los productos sean más económicos. Las organizaciones de celíacos coinciden en esta apreciación.

En diálogo con la diaria, tanto Susana Tchekmeyan, presidenta de la Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu), como Tatiana Salerno, secretaria de la Comunidad Celíaca del Uruguay (CCU), se mostraron confiadas en que el cambio beneficiará a los celíacos. “No hay una buena ley de etiquetado, las personas celíacas estamos siempre dudando porque las empresas no quieren habilitar sus plantas por los plazos, no quieren comprar el logo por los costos, y terminamos confiando en la palabra de una empresa, pero legalmente no tenemos la certeza de que el alimento sea libre de gluten y eso pone en riesgo nuestra salud”, expresó Salerno. Los alimentos sin gluten llegan a costar tres veces más que los que sí lo tienen, y el problema se acrecienta en el interior del país, donde la oferta de productos puede ser muy baja.

Las organizaciones estaban expectantes ante el pedido que el senador nacionalista Javier García le hizo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que incorporara en la Rendición de Cuentas un artículo que redujera los impuestos de los alimentos sin gluten, pero la respuesta del MEF fue negativa; según informó Ecos, la cartera respondió que hay múltiples grupos de personas que padecen enfermedades vinculadas a alimentos y que también debería contemplárselos al tomar una medida de este tipo, que implicaría dificultades en los controles y en la recaudación. “Prima el motivo económico y no el bienestar de las personas celíacas”, lamentó Salerno.

Hacia otra identificación

La espiga barrada es el logo internacional que identifica a los productos aptos para celíacos, que es propiedad de Acelu, cuyos técnicos son los encargados de controlar a las empresas y los alimentos identificados con la espiga. El tema es que ese sello también tiene un precio; según informó No Toquen Nada en febrero, el costo anual de este logo para las empresas va de 500 a 2.000 dólares. En diálogo con la diaria, Tchekmeyan dijo que esos valores son erróneos. Sostuvo que el costo depende del número de productos que maneje la empresa, y de si son nacionales o importados. No manejó números, pero aseguró que se trata de “un costo mínimo” y que casi todo lo recaudado va para la patente que Acelu debe pagar anualmente.

La CCU solicitó al Parlamento y al MSP que los alimentos puedan ser identificados con la leyenda “libre de gluten”, y evitar con eso el pago del sello internacional. La propuesta es acompañada por el Poder Ejecutivo, que en diciembre de 2017 envió al Parlamento un proyecto que propone que una vez que la empresa tenga la autorización del MSP y de los gobiernos departamentales pueda señalar sus productos con “el rotulado de alimentos libres de gluten o sin TACC [trigo, avena, cebada y centeno]”. El proyecto propone, además, que los bares y restaurantes dispongan de al menos un menú libre de gluten y que las grandes superficies de todo el país tengan un stock mínimo de estos productos. El texto ingresó en febrero a la Comisión de Salud Pública del Senado, y hasta ahora no ha sido tratado.