“Inclusión social. Derechos humanos”, “Respeto”, “Detrás de toda locura hay un conflicto social”, “Cuidado con los miedos, que les encanta robar sueños”, “No más electroshock”, “Redistribuir la locura y la riqueza”, “De cerca nadie es normal”, “Por un verdadero cambio en salud mental”, decían algunas pancartas de la Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, que por octavo año tomó ayer de tardecita la avenida 18 de Julio y caminó hacia la plaza Cagancha. Los cantos reclamaban la concreción de algunos cambios propuestos por la Ley de Salud Mental, principalmente el cierre de los manicomios –previsto para 2025– y la atención interdisciplinaria, para que las terapias no sólo busquen aplacar los síntomas y para que se mire a la persona en su integralidad.
Al mediodía, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó los cambios implementados desde la aprobación de la ley. El ministro, Jorge Basso, enumeró que no se han internado más personas en las colonias psiquiátricas y que no se ha habilitado “ninguna estructura monovalente” solicitada por privados. Recordó que la ley eliminó el límite de 30 días que le ponían las mutualistas a los pacientes internados por temas de salud mental, pero dijo que se necesita “control social para asegurar que eso se cumpla”, y anunció que se incorporará un mecanismo para denunciar estas situaciones en la página web del MSP, algo que ya puede hacerse en las oficinas de atención al usuario las instituciones de salud. Afirmó que la Comisión de Contralor del cumplimiento de la ley, que funciona bajo la órbita del MSP “está inspeccionando todas las estructuras existentes donde hay pacientes con más de 45 días de internación”, y que en la web se publicará la información que vaya recogiendo la comisión, para difundir “qué pasa con esas estructuras, qué controles se han ido realizando, cómo están funcionando”.
La ley propone que se recurra a la hospitalización sólo cuando sea necesario y por el menor tiempo posible. Los asilos, sanatorios y hospitales psiquiátricos desaparecerán en seis años; la internación de pacientes agudos deberá hacerse en hospitales y sanatorios generales, y quienes precisen un proceso mayor deberán ir a los dispositivos que se crearán y sustituirán las estructuras asilares: residencias asistidas, hogares protegidos, viviendas supervisadas, centros de inclusión laboral y de inclusión educativa. Basso mencionó como ejemplo a los hospitales de Mercedes y de San Carlos, que crearon 20 camas de internación para pacientes del área de salud mental.
Marcha por el Día Mundial de la Salud Mental, ayer, en el Centro de Montevideo.
Foto: Alessandro Maradei
El proceso viene lento, entre otras cosas porque no se destinó presupuesto: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) está trabajando en la creación de cuatro dispositivos alternativos para desinstitucionalizar a 80 pacientes de los más de 1.000 que tiene internados, pero hasta ahora no se ha podido concretar. Con respecto a los prestadores privados, Basso declaró a la diaria que están trabajando para “estimularlos” para que “sobre la base de la experiencia que se está generando en ASSE” creen unidades de internación en los hospitales.
Tratar a tiempo y en la comunidad los problemas es otra fortaleza de la ley. Sin embargo, tal como denunciaron los médicos en los últimos días, hay policlínicas de ASSE del área metropolitana que quedaron sin psiquiatras. Basso respondió que “no siempre se requiere el especialista para todos los casos” y que hay que capacitar a los equipos del primer nivel de atención y que tengan un especialista de referencia para apoyarse y clasificar mejor a quienes necesitan ser derivados.
Eso es algo de lo que propone el plan de salud mental, proyectado para 2020-2027. Horacio Porciúncula, asesor del Área de Salud Mental del MSP, anunció que es básica la interinstitucionalidad –algo previsto por la ley pero en lo que no se ha avanzado hasta ahora–, poner énfasis en la promoción y en la prevención, desactivar progresivamente el modelo asilar y crear dispositivos alternativos, incluso para niños, niñas y adolescentes. En cuanto al financiamiento, Porciúncula anunció que valorarán los gastos actuales en salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud y que hay que “tener claras las necesidades básicas” para la definición del presupuesto quinquenal 2020-2025. Según Basso, será necesario “reperfilar la calidad del gasto” y que la Junta Nacional de Salud tendrá que hacerles indicaciones a los prestadores de salud.