La Ley de Salud Mental, aprobada en agosto de 2017, busca que las personas con patologías mentales tengan acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la cultura, además de a la salud. La interinstitucionalidad recae sobre el Ministerio de Salud Pública (MSP), que, según la ley, coordinará con los ministerios de Economía y Finanzas; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Desarrollo Social; y Educación y Cultura, así como con organismos que tengan a cargo a personas privadas de libertad para “impulsar la mayor autonomía de las personas con trastorno mental y cambios culturales para evitar su estigmatización”.
El lunes 4 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que reglamenta la interinstitucionalidad. Dentro del Consejo Nacional de Políticas Sociales, creó la Comisión Intersectorial en Salud Mental, que estará integrada por los seis ministerios citados, más el del Interior y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (que articularán con la Junta Nacional de Drogas, el Banco de Previsión Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).
También creó la Comisión Asesora en Salud Mental, que asesorará a la intersectorial y estará integrada por dos representantes del MSP (que la presidirán), dos delegados de organizaciones de usuarios, dos de familiares, tres de instituciones académicas, tres delegados del PIT-CNT, tres de ONG vinculadas a temáticas de salud mental, un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, uno de la Fiscalía General de la Nación, uno del Poder Judicial y uno de la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental.
El decreto explicita que la designación de los representantes de usuarios, familiares, academia, sindicatos y ONG “será responsabilidad de los propios colectivos”. Todos los organismos tendrán 60 días para notificar a la Comisión Intersectorial en Salud Mental sus representantes y delegados a la asesora. En caso de que los colectivos hayan notificado más de una propuesta, la elección de delegados que será determinada por la Comisión Intersectorial en Salud Mental, establece el decreto.