ASSE comenzará a aplicar la Ley de Salud Mental con la creación de cuatro dispositivos alternativos

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Quedan seis años para cerrar los manicomios; el tiempo corre y los avances hacia esa meta van lento. En agosto de 2017 se aprobó la Ley 19.529, de Salud Mental; casi un año después, el 16 de julio de 2018, se reglamentaron dos de sus artículos. Al día de hoy no se sabe cuándo ni cómo se cerrarán los establecimientos asilares y estructuras monovalentes, tampoco se sabe con certeza qué pasará con toda la población que vive en esos lugares, a pesar de que la ley indica que hay tiempo hasta 2025. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es la que tiene el mayor número de personas internadas y avanza, aunque sea a un ritmo lento. La Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables armó una comisión con distintos asesores y elaboró un Plan de Implementación de la Ley de Salud Mental que incluye un presupuesto para llevarlo a cabo. La respuesta del Parlamento fue clara: no hay dinero. Tras varias negociaciones, tires y aflojes y una fuerte presión de las organizaciones sociales, la última Rendición de Cuentas otorgó 40% de lo solicitado. Sobre qué se está haciendo con ese dinero la diaria conversó con Héctor Suárez y Juan Triaca, director y adjunto de Salud Mental de ASSE respectivamente.

Con el nuevo presupuesto se pueden cubrir avances para este año y el que viene; lo que pasará a partir de 2021 depende de la próxima administración. Según explicó Suárez, ese 40% alcanza para contratar los recursos humanos necesarios para la ampliación de la oferta de hospitalización psiquiátrica en hospitales generales. Además, se desarrollarán estructuras alternativas: dos casas de medio camino y dos residencias con apoyo (ver recuadros).

Hay 1.029 personas con patologías y trastornos mentales graves, pacientes “de larga estadía” internados en el hospital Vilardebó y en las ex colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, denominadas ahora Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos). La meta de ASSE es reducir, a fines de 2020, 25% de esa población, es decir, reubicar a unas 257 personas. Para eso, detalló Suárez, se planten la creación de una casa de medio camino en Mercedes (Soriano) y otra en Montevideo, que se suman a dos residencias con apoyo (que también van a estar en Montevideo) y a ocho camas de salud mental en los hospitales de San José y Colonia.

ASSE no tiene los recursos para construir nuevos edificios, por lo que planea hacer un llamado a licitación “a instituciones que estén interesadas en proveer las plantas físicas de estos dispositivos; de acuerdo al requerimiento técnico que ya hemos planteado, se encargarán de los gastos de funcionamiento y nosotros aportamos los recursos humanos”, comentó Suárez, y agregó que la licitación se lanzará “en breve”. Los plazos dependen de cómo se desarrolle el llamado, pero el director dijo que “la meta es que en el segundo semestre de 2019 estos dispositivos estén funcionando”. El peor escenario sería que no tuvieran oferentes; en ese caso ASSE deberá buscar residencias y generar procesos para alquilarlas y equiparlas, lo que llevará más tiempo y dinero.

Según el plan de implementación de la ley, al que accedió la diaria, las casas de medio camino y las residencias con apoyo tendrán lugar para 20 personas cada una, hombres y mujeres. Plantean que el mínimo de habitaciones es diez, de las cuales dos se usarán como consultorio.

El próximo paso es definir quién va a mudarse. La idea, señalaron los jerarcas, es llegar al 31 de marzo con una selección de 50 pacientes del hospital Vilardebó y 50 de Ceremos y trabajar con ellos hacia su transición a nuevos lugares; se hará una categorización de los pacientes internados para determinar quiénes están en condiciones de egresar a una casa de medio camino y quiénes irán a una residencia con apoyo.

En cuanto a las nuevas camas en los hospitales generales, la meta también está puesta en el segundo semestre de este año. Tanto en San José como en Colonia hay que hacer “ciertas refacciones” para que los hospitales puedan satisfacer las necesidades de un usuario del área de salud mental: “No son iguales a los otros pacientes hospitalarios, no tienen que estar internados en una cama, tienen que estar en un área donde puedan reunirse con otros, hacer actividades; eso requiere acondicionar determinados espacios, que tiene su costo, es algo previo a su efectiva habilitación”, destacó Suárez.

Ese 40% del presupuesto solicitado cubre los nuevos recursos humanos, porque no se maneja como posibilidad trasladar personal de las instituciones actuales a los nuevos dispositivos. Suárez aseguró: “Cerca de 70% de los recursos humanos que dispone Salud Mental están vinculados al hospital Vilardebó y a Ceremos. Se van a crear cargos nuevos para estos nuevos dispositivos, porque tenemos que seguir trabajando en los actuales pacientes para crear las posibilidades de egreso. A medida que se vaya reduciendo el número de usuarios en Ceremos y Vilardebó podemos pensar en no recuperar las vacantes que se generan por jubilación y con ese dinero pagar un nuevo sueldo en otro dispositivo”.

Quiénes y a dónde irán

Ya se establecieron los criterios con que los equipos referentes definirán quiénes son los candidatos a ingresar a los dispositivos alternativos. Serán personas que tengan un equipo de salud mental comunitario ya asignado; además, deberán tener definida su situación legal y tendrán que estar percibiendo algún ingreso económico o haciendo el trámite para obtenerlo, aunque Triaca aclaró que los usuarios no tendrán que pagar por estar en la casa o la residencia.

El plan de implementación de ASSE establece que son candidatas a irse de los asilos personas de cualquier género, de entre 18 y 65 años. Además, detalla que tendrán “un diagnóstico clínico de trastorno mental grave” y “dificultades para el desempeño autónomo en la vida cotidiana y/o para la convivencia en familia y otras estructuras sociales”. Esto incluye esquizofrenia y otras psicosis, trastorno del humor, trastorno bipolar y trastornos de personalidad que no presenten conductas disruptivas graves. Además, ASSE aclara que si el usuario presenta un trastorno por consumo de sustancias, este no deberá ser el diagnóstico primario sino secundario a su patología principal. Los usuarios que tengan trastornos de personalidad antisocial o un grado de dependencia demasiado alto no podrán ser candidatos.

A pesar de que la meta es llegar a unos 250 pacientes trasladados a fines de 2020, se comenzará con una centena. Esto se debe a que estarán en los dispositivos sólo por un tiempo, para luego pasar a residir en la comunidad. “No son lugares de residencia definitiva de las personas, está establecido que van por un corto período de tiempo y luego pasan a otros lugares, incluyendo la casa de la familia, porque lo que se busca es desinstitucionalizar a las personas en el marco de un proceso de recuperación de su salud que apunta a que puedan estar insertas en su comunidad”, indicó Suárez.

Sobre esto Triaca señaló que el plan “es un complejo entramado de dispositivos asistenciales, son una serie de modelos comunitarios; se me ocurre la metáfora del traje a medida: cada uno va al lugar que precisa de acuerdo a sus características específicas”. Para el jerarca tener tantas opciones “cambia los tiempos; por ejemplo, se puede esperar que en una casa de medio camino una persona esté entre seis meses y dos años, pero si hay alternativas para que la persona pueda insertarse socialmente en otro lugar capaz que ese tiempo se reduce”.

Experiencias anteriores

Tanto Suárez como Triaca consideran que la Casa Trébol es un excelente ejemplo de casa de medio camino. Actualmente viven ocho hombres en una casa hecha por los propios usuarios del hospital Vilardebó como parte de su trabajo en el taller Sala 12, que dejaron de residir en el hospital para vivir juntos en una vivienda del barrio. Triaca destacó: “Como modelo conceptual se podría replicar, sobre todo porque la pertenencia es clave en lo humano. Si te sentís perteneciente al lugar lo sentís como tuyo, lo cuidás mejor, vivís más contento. Hacer su propia casa es una forma preciosa de construir identidad, pero no es la única. En las casas que planeamos pensamos en una quinta en el fondo, donde cosechan su propia comida, por ejemplo”.

Por su parte, Suárez dijo que “es un proyecto interesante, que ha tenido sus logros y lo vemos como algo muy positivo. Lo que planteamos desde Salud Mental es crear otro tipo de dispositivos para atender otro tipo de realidades. La Casa Trébol se centra en pacientes judiciales; nosotros tenemos que abarcar a una población mucho más amplia”. Asimismo, resaltó que “estos logros han sido posibles porque hay un grupo de gente comprometida en llevarlos adelante que ha logrado tener apoyos interinstitucionales; ahora el desafío es generar estos dispositivos independientemente de los apoyos individuales”.

Algunos usuarios de la Casa Trébol también trabajan en el lavadero Dodici, que es una cooperativa de trabajo gestionada por los propios pacientes del Vilardebó. Sobre esta posibilidad de trabajo Suárez expresó que “es un buen ejemplo, pero no debemos olvidar que, como ASSE, tenemos una misión vinculada a la salud de las personas. Para poder cumplir con el objetivo de la nueva Ley de Salud Mental tienen que participar todos los ministerios que están convocados, no depende sólo de ASSE y no debería depender sólo de los usuarios”. A su vez, marcó que es su aspiración que la salud mental esté incluida dentro de la ley de trabajo para personas con discapacidad, que obliga a instituciones públicas y privadas a contratar trabajadores con diferentes discapacidades.

En San Carlos, Maldonado, hace años que ASSE trabaja en proyectos alternativos. En enero comenzó a funcionar un dispositivo que tiene 16 camas en el hospital general, asociadas a un hospital de día y a un centro de rehabilitación, con un equipo de salud mental. “En San Carlos, además, tenemos la primera casa de medio camino, que se creó hace unos años. Hay un conjunto de dispositivos que vienen funcionando de acuerdo a un proyecto y a un modelo que queremos replicar en otras regiones del país. Este modelo de trabajo tiene un enfoque regional, porque sabemos que es imposible replicarlo en todos los departamentos del país”, acotó Suárez.

Los jerarcas estiman que apuntar a estos dispositivos deberá ser una prioridad del próximo gobierno si se aspira a cumplir la ley que fue aprobada por todos los partidos políticos y sustituyó a la Ley del Psicópata, que estaba vigente desde agosto de 1936. Es necesario mayor presupuesto para que en la vida de las personas se vean reflejados los avances legales.