El Poder Ejecutivo envió en julio de 2018 un proyecto de ley que, a grandes rasgos, plantea sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior para pasarlo al Ministerio de Educación y Cultura. Este proyecto fue criticado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, que advirtieron las grandes carencias de la redacción y pidieron que se le diera un tratamiento “más serio”. En ese marco, la Cámara de Diputados encomendó a la Universidad de la República (Udelar) que se expidiera al respecto, y para eso la Udelar formó un grupo interdisciplinario que evaluó el proyecto y se pronunciará próximamente, según supo la diaria.

La Facultad de Medicina de la Universidad de la República (FMed) forma parte de ese grupo a través de su departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El martes organizó una charla para presentar las propuestas específicas del área y conversar con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario; Álvaro Colistro, abogado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH; y estudiantes de la carrera. La docente Leticia Quagliotti, de ese departamento, explicó las sugerencias de la FMed: “Proponemos que exista dentro de la ley una especie de carné de salud; que se obligue al Estado a brindarles a las personas que ingresan al sistema penitenciario una evaluación previa de su estado de salud, para que eso no dependa del funcionario que recibe a la persona”. La médica detalló que es común que cuando llega una persona a la cárcel se le haga una revisión “por arriba, mirándolo” y con eso se habilita el ingreso.

La propuesta de la FMed busca que “se haga un chequeo desde una mirada de diagnóstico, con un objetivo preventivo, con elementos clínicos y paraclínicos que permitan establecer el estado de salud de la persona” y que los elementos a controlar “tengan determinadas características que acompañen las necesidades de esta población, que ya de por sí es muy vulnerable y entra a un lugar que tiende a vulnerar aun más sus derechos”. Quagliotti detalló que lo ideal sería que la ley obligara al Estado a cumplir el chequeo y que la reglamentación se basara en una pauta que especificara lo que se debe revisar y cómo. De esta forma, el control sirve como “pesquisa y además, al detectar algo, obliga al tratamiento”. A pesar de que este avance es necesario, la médica aseguró que no es suficiente y se debe trabajar en muchas otras áreas.

Profundizar los cambios

Petit felicitó la consulta a la Udelar; comentó que “hay falta de acumulación científica y académica sobre las cárceles” y que es importante que participen más actores para poder transformarla. Según Petit, “hay oportunidades de cambio”. “La reforma penitenciaria que empezó en 2010 tuvo una serie de logros muy importantes, creo que se enlenteció, después se paró y ahora está involucionando en algunas áreas, pero todavía hay oportunidades para generar cambios, se empieza a ver eso en la campaña electoral”. Asimismo, enfatizó que para que “la política pública exista tiene que estar definido un problema, pero el requisito no explicitado es que hay que creer que ese problema es solucionable y vale la pena hacerlo. Nosotros como sociedad estamos antes, muchos creen que esto no vale la pena o que realmente no tiene solución. Contra eso también hay que luchar”.

Sobre el acceso a la salud de los privados de libertad comentó que debería ser igual al del resto de las personas, señaló que se necesitan mejoras en los servicios de salud mental, en los tiempos de espera para consultar a un especialista, y subrayó la falta de ginecólogos en la cárcel de mujeres. A su entender, “en los temas de salud hay problemas que se pueden solucionar con una política firme, porque hay cosas que no necesitan mayores recursos económicos; por ejemplo, que el director de la cárcel dialogue con el director de los servicios médicos es fundamental, y no pasa. También es necesario que se entienda la salud como algo más allá de lo físico, que es como se ve ahora. Necesitamos un servicio de salud que pise fuerte y tenga un marco de acción amplio en las cárceles”.

Colistro afirmó que “el derecho fundamental social que más se vincula con la tortura es el derecho a la salud”, y que en sus recorridas por las cárceles ha visto “grandes carencias y omisiones de asistencia médica que han sido denunciadas”. Para el abogado es importante que se establezca el derecho a la salud en la nueva ley y que en la reglamentación se impongan todos los detalles para que se cumpla cabalmente con el propósito del chequeo. A su entender, Uruguay ha ratificado tratados internacionales que tienen valor de ley, por lo que esta nueva normativa debería ser “el desarrollo de la realidad nacional de esos tratados”.

Colistro subrayó que las situaciones de deterioro de la salud de los privados de libertad son “angustiantes” y se podrían evitar “si hay normas legales que obliguen al operador penitenciario y al personal sanitario del establecimiento a cumplir con estándares mínimos y, sobre todo, que establezca una responsabilidad, para que alguien se haga cargo ante una falta de atención médica”.