Uruguay cumple en 79% los compromisos que asumió sobre salud sexual y reproductiva. Miráquetemiro.org es una plataforma que crearon ocho redes regionales que trabajan en temas relacionados a la salud de las mujeres en 23 países de América. Allí están los resultados de una investigación internacional de relevamiento documental sobre cuatro áreas fundamentales: derechos humanos y laicidad; educación integral en sexualidad; salud sexual y reproductiva; y rendición de cuentas de los gobiernos sobre estos temas. Esas áreas se dividen en 11 temas que fueron evaluados en toda la región. Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) fue la organización nacional que participó en la investigación.

“Uruguay es el país que más ha avanzado en cuanto a la salud sexual y reproductiva de la región”, explicó a la diaria Lilián Abracinskas, directora de MYSU. Es el segundo país con mejores estadísticas después de Cuba y el que más avanzó en los últimos años, puesto que los números de la isla caribeña son buenos desde hace décadas. La investigación trata de reflejar los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos que los estados asumieron en 2014 en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este consenso tiene una relevancia particular porque es el único acuerdo de todos los estados que reconoce derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos; “eso no se ha logrado a nivel mundial; es el acuerdo más progresista que tiene la ONU en el campo de población”, consideró Abracinskas.

Comparativa del cumplimiento de los compromisos

Lo excelente, lo bueno y lo malo

En cinco de los 11 temas relevados, Uruguay cumple con más de 80% de los compromisos: derechos sexuales y reproductivos, prevención de mortalidad materna, laicidad, servicios de salud sexual y reproductiva, y educación integral en sexualidad. En todos estos ámbitos se destaca el avance en el marco legal y operativo, la capacitación y el registro estadístico. Precisamente esto fue lo que señaló la directora de MYSU: “Uruguay es el que más se destaca, porque es el que más avanzó en cambios normativos e implementación de políticas públicas”. En otras tres categorías Uruguay está por arriba del 70% de cumplimiento: aborto, parto humanizado y rendición de cuentas. En estos campos el marco legal y político vuelve a destacarse en comparación con lo que avanzaron otros países de la región. Sin embargo, empiezan a aparecer las primeras “alertas rojas”: en el caso del aborto, no se encontró ningún registro de campañas de difusión, y hay un marco operativo que “puede mejorar”; asimismo, las organizaciones llaman la atención en el caso de la rendición de cuentas sobre la falta de estadísticas disponibles y de presupuesto. Sobre el parto humanizado señalan que Uruguay debe mejorar el sistema de denuncias y de evaluación. Incluso en sus peores categorías, Uruguay supera el 40% de cumplimiento: VIH/sida, servicios amigables para jóvenes y atención especializada a víctimas de violencia de género. En esta última categoría está la mayor cantidad de alertas rojas: en ella se documentaron carencias en el marco legal, en el marco operativo, en el sistema de coordinación institucional, y una falta total de presupuesto específico para este tema.

Cumplimiento de los compromisos asumidos por Uruguay

Evaluar para mejorar

Abracinskas comentó que en los cinco años de monitoreo han detectado “que si bien los servicios de salud sexual y reproductiva arrancaron en 2010, en esta administración se volvió a una concepción vertical, a un abordaje de problemáticas específicas que logró, entre otras cosas, la baja del embarazo adolescente o la baja en el número de cesáreas, pero no hay una política de enfoque integral, dirigida a llegar a las mujeres y a los adolescentes para tomar conciencia sobre los mecanismos de protección y cuidado”.

MYSU señala que “otro problema es que la mayoría de los servicios se concentran en la interrupción voluntaria del embarazo y no en una formación integral de la población. Queremos que estos equipos tengan la función original para los que fueron creados: son equipos coordinadores de referencia, no deberían dar servicio directo, sino encargarse de coordinar y capacitar para mejorar la respuesta. Son los que se dan cuenta de que si entra al servicio una mujer en situación de violencia pero a su vez está embarazada se tiene que tratar desde todos los ángulos y no desde la especificidad de cada uno de los servicios”, agregó.

Particularmente están preocupados por la educación de los jóvenes. “Los servicios para adolescentes son parte de las prestaciones que tiene que tener el sistema de salud, pero se dan poco, y en el sistema público es donde hay más déficit de estos servicios. No hay un programa de promoción y prevención en el primer nivel de atención que garantice que los servicios llegan hasta donde están los adolescentes; cuando eso no pasa, los jóvenes llegan cuando hay un problema en curso. No se ha logrado instalar una política para adolescentes de prevención y promoción que los vaya a buscar en vez de esperar a que ellos vayan solos”, enfatizó Abracinskas.

Para mejorar la educación sexual integral, el informe recomienda “establecer mecanismos de evaluación continua de la implementación del programa de educación en sexualidad en los distintos niveles de enseñanza”, y que la capacitación en estas temáticas sea obligatoria para docentes de todos los niveles del sistema educativo.