“Estamos alertas. Vamos a ser inflexibles”, expresó este viernes Jorge Basso, ministro de Salud Pública, ante las denuncias de usuarios que señalan que hay promotores que ofrecen dinero para cambiar de institución de salud, lo que configura el delito de intermediación lucrativa. El corralito mutual, o período de movilidad regulada como le llama el Ministerio de Salud Pública (MSP), se abría cada mes de febrero desde 2009, pero en 2018 y 2019 no se abrió, luego de que en marzo de 2017 se detectaran casos de intermediación lucrativa que terminaron con el procesamiento de más de 20 personas. Durante esos dos años, el MSP desarrolló el sistema de Movilidad Regulada (More) que pretende “minimizar la intermediación lucrativa” mediante el estricto control de los cambios, tal como lo presentó Basso desde un comienzo, para aclarar que “cuando hay dinero de por medio” es muy difícil eliminar el delito. “El sistema está cumpliendo la función con la que trabajamos para minimizar el impacto, estamos conformes pero insistimos en que no podemos asegurar que pueda haber fenómenos de ese carácter”, dijo.

Con este nuevo sistema, los usuarios deben hacer el cambio personalmente en la institución a la que se quieren afiliar (deben confirmar su identidad mediante la huella digital y la cédula de identidad) y firmar una declaración jurada diciendo que no recibieron dinero ni ningún tipo de ventaja para hacer el cambio; a su vez, los funcionarios que hacen el cambio deben estar habilitados para eso y sólo pueden usar determinadas computadoras. “Tenemos un cuerpo inspectivo que recorre las instalaciones verificando que la computadora está donde tiene que estar, que el funcionario que dice ser es el que está presente”, detalló Basso.

Pero el sistema parece hacer agua por un punto débil, anterior al momento en que ingresa a la institución: nada garantiza que la persona no haya recibido dinero, como lo declara. “Estamos vigilando si previo a esa toma de decisión, por razones de terceros puede haber dinero que estimule o se incorpore a la decisión de ese usuario”, dijo Basso, que se excusó de dar más detalles para no entorpecer las investigaciones, y mencionó que hay empresas mutuales que también han mencionado que hay intermediación lucrativa. El MSP les solicitó a las mutualistas el listado de promotores que han contratado y buscarán si “hay personas que no sean de ese listado” y si “puede haber dinero de por medio las investigaciones están en curso”.

Dinero mediante

Según supo la diaria, los usuarios presentaron audios en los que los “promotores” –conocidos como “gordos” en la jerga de la intermediación lucrativa porque así se les llamaba a dos personas que hacían afiliaciones irregulares afuera del Banco de Previsión Social a fines de la década del 90 y durante algunos años de 2000– les ofrecieron entre 1.000 y 1.500 pesos por cambiar de institución; luego los llevan a la mutualista a la que logran afiliarlos, y los esperan a la salida para entregar su partida y quedarse ellos con otro tanto. Los “promotores” no necesariamente representan a una institución (pueden manejar varias opciones), y no sólo buscan un afiliado, sino que ofrecen hacer el cambio para más de un miembro de la familia. El precio se puede negociar y no siempre son “los promotores” los que buscan a los usuarios, sino que ellos también pueden buscarlos. Que la mutualista invierta 3.000, 5.000 pesos por socio es un cambio chico si se piensa que el usuario que logren captar estará por tres años en la institución y, en promedio, el Fondo Nacional de Salud les pagará una cápita mensual de 80 dólares (y de 200 dólares si se trata de adultos mayores).

Esto fue pasado a la Justicia y la constatación in situ dependerá de si se logra activar que una rama de la Policía pueda hacerse pasar por un usuario y grabar las conversaciones que pueden darse en estos días en las veredas que bordean las mutualistas.

Basso anunció que en unos días se presentará un sistema informatizado para que los usuarios puedan hacer denuncias por esa vía, y no sólo personalmente. Por lo pronto, remarcó que “la población tiene que conocer que recibir dinero por cambiar de institución es un delito”. El escenario es diferente al de 2017 porque la persona tiene que ir a la institución y firmar la declaración jurada; en 2017 la jueza Julia Staricco no procesó a ningún usuario porque se consideró que eran personas sin recursos habían sido engañadas; por ejemplo, había quienes habían creído que podían seguir retirando medicación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) si se afiliaban a una mutualista.

Cambios en números

Hasta ayer 29.000 personas habían cambiado de institución; la mayoría los hizo de una mutualista a otra y en Montevideo. Luego siguen los cambios de quienes fueron afiliados de oficio a ASSE y por último, las nuevas afiliaciones o reingresos al sistema de salud.

Según Basso, el sistema More está funcionando bien y los trámites, en promedio, demoran siete minutos.