“Fue una excelente reunión”, dijo al salir Luis González Machado, vocero junto a Daniel Porcaro de las diez mutualistas que el viernes mantuvieron un encuentro de más de una hora con las futuras autoridades del Ministerio de Salud Pública, Daniel Salinas y José Luis Satdjian, ministro y subsecretario, respectivamente, y con el futuro director de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Fernando Blanco.

González comunicó que hablaron de los principales temas del sector y expresó que Salinas está “muy interiorizado y con inquietudes bien interesantes”. “Vimos a un ministro con una visión muy optimista, muy esperanzadora sobre el sistema, y nos comprometimos a ayudarlo a mejorar la eficiencia, él tiene claro que hay que mejorar la eficiencia tanto en el sector mutual –a lo que nosotros nos comprometemos– como también en el sector público”, agregó.

Urgencias económicas

Obviamente, la movilidad regulada –conocida popularmente como “corralito mutual”– fue uno de los temas que se abordó en el encuentro. González anunció que se conformarán grupos técnicos que empezarán a trabajar “en breve plazo” y que las mutualistas aportarán documentación.

“Reiteradamente le hemos reclamado a las actuales autoridades tratar seriamente y en profundidad el tema de la movilidad regulada, en un ambiente técnico, pero no ha sido aceptado por el gobierno saliente. El ministro acaba de aceptar el compromiso de en un corto plazo encontrar un mecanismo que contemple el derecho de los socios a elegir dónde atenderse minimizando estos fenómenos de intermediación lucrativa”, agregó González.

Porcaro añadió que Salinas les dijo que estaba pensando en crear “mecanismos alternativos de movilidad que fueran flexibles y que aseguraran que las instituciones tuvieran la máxima transparencia y las máximas garantías de competitividad entre ellas”. Al ser consultado por la prensa, González respondió que “no necesariamente” implica eliminar el corralito, sino crear mecanismos mejores: “Tenemos tres o cuatro propuestas, hemos tenido diálogo previamente con representantes de Fepremi [Federación de Prestadores Médicos del Interior, ex Femi] y tenemos soluciones comunes para aportar”. Los dirigentes de Fepremi se habían reunido con las nuevas autoridades a mediados de enero y les transmitieron su propuesta de que, al menos para el interior, exista posibilidad de cambiar de prestador en cualquier momento del año, con la precaución de que el cambio se ejecute tres meses después de solicitado.

El Partido Nacional había anunciado durante la campaña electoral su intención de modificar el cálculo de las cápitas que paga el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a las instituciones por los afiliados al Seguro Nacional de Salud, un tema que provocó fuertes tensiones a comienzos de esta administración entre las mutualistas y las autoridades de gobierno, y que terminó sin resolverse. Según Porcaro, en la reunión no se trató ese punto. En cambio, dijo que “sí se creó un grupo para estudiar el tema del financiamiento. Le planteamos al ministro que teníamos algunas iniciativas, básicamente forman parte por la necesidad de las empresas de reconfigurar los pasivos que tienen hasta el momento y las necesidades de financiamiento a largo plazo para seguir con las inversiones”, dijo. No es un tema menor para las mutualistas, que tienen grandes problemas de endeudamiento.

Porcaro recordó, además, que durante unos cuantos años las instituciones recibieron una sobrecuota de inversión, que se quitó en 2017, sin la aprobación de las mutualistas, para quienes representaba una especie de alivio en materia financiera. “Es un tema amplio y que seguramente va a estar en la agenda del primer semestre del año en un grupo chico y técnico”, se limitó a decir.

En cuanto a la negociación colectiva, González expresó que tienen previsto reunirse con el ministro de Trabajo y con la ministra de Economía y que “repasaron algunos temas salariales”, pero no dio más detalles.

Otro tema que preocupa a las mutualistas es la “doble cobertura” que tienen algunas personas, especialmente los funcionarios militares y policiales en el interior del país. Tanto el Hospital Militar como el Policial están ubicados en Montevideo, por lo que en otras partes del país los militares se atienden –por un convenio– en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y los del Policial en las instituciones de Fepremi. “Hay que ver cómo, sin afectar los derechos de la gente, se puede lograr racionalizar y tal vez que el usuario del sector público también tenga que elegir dónde atenderse”, dijo González.

En esa situación también están los funcionarios de las intendencias, que no aportan al Fonasa.

Cambios puntuales

González mencionó que pretenden dialogar acerca de “cómo reencauzar algunas buenas iniciativas, como el tema de los cargos de alta dedicación y las metas asistenciales, evitando que se distorsionen respecto de sus orientaciones iniciales y se transformen en instrumentos que mejoren efectivamente la calidad de la atención sin incrementar los costos de salud”.

En concreto, dijo que los cargos de alta dedicación se extendieron a varias especialidades “en las cuales es muy difícil para las instituciones completar cargos con 40 o 48 horas semanales para especialistas que no tienen esa demanda de atención, y contratar esos cargos por cumplir con las metas asistenciales genera un gasto ineficiente porque esos médicos terminan no teniendo pacientes, generando un gasto que no tiene una contrapartida en asistencia”, opinó.

Asistentes a la reunión

Hospital Evangélico, Círculo Católico, Casmu, Cosem, Comeri (Rivera) y Crame-Sanatorio Mautone (Maldonado) –nucleadas en la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud–; SMI-Impasa, Universal y Cudam –nucleadas en el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva–, y la Médica Uruguaya. Es decir, todas las de Montevideo, exceptuando a la Asociación Española, Casa de Galicia y Gremca, y dos del interior que no están en Fepremi.