“Este fue un tema que hemos tratado con el presidente de la República”, dijo Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en un audio difundido por Presidencia, en referencia a la salud mental. Sostuvo que desde que ingresó el nuevo directorio de ASSE vieron que más allá de que existe la Ley de Salud Mental, 19.529, “no estaba presupuestada”, por lo tanto, no se puede aplicar.
Cipriani aseguró que el tema es su “principal objetivo” para la Ley de Presupuesto que se votará este año. Subrayó que la Ley de Salud Mental implica la creación de unidades de cama para psiquiatría en los hospitales, y así sacarle “ese rótulo de manicomio”, ya que “el paciente no necesita eso”. Además, se creará el Hospital Judicial, que “es un debe” de Uruguay. El otro punto importante que implica la ley, dijo, es crear las unidades de atención territorial con médico psiquiatra y psicólogo.
Hace un mes el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) había publicado una resolución en la que expresó su “preocupación ante las limitaciones, retrasos y carencias de las políticas en materia de salud mental que ha dejado a la vista la actual crisis” por el coronavirus, entendiendo que “esta exige que las decisiones que se tomen estén alineadas con las disposiciones de la ley e impulsen un avance en su implementación”. En concreto, advertían sobre la necesidad de que se avance en la implementación de la Ley de Salud Mental por parte de todos los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, “adecuando sus estructuras, prestaciones, perfil de los recursos humanos y organización del trabajo de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente”.
En la resolución también se señalaba la importancia de que la Udelar acompañe el proceso de implementación de la ley y su compromiso “a realizar su mayor esfuerzo político y académico por parte de todos los servicios, para construir ámbitos de enseñanza, extensión e investigación de grado y posgrado orientados por los principios centrales concertados en la ley”.