En los últimos cuatro años la tasa de suicidios en Uruguay estuvo en el entorno de 20 casos cada 100.000 habitantes, un valor que se aproxima al año pico de 2002. Con esa información, el ministro de Salud, Daniel Salinas, abrió ayer una actividad por el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. La semana pasada se supo que, según el registro del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2019 se suicidaron 723 personas en Uruguay y ayer se conocieron más detalles. Por ejemplo, que se mantiene la tendencia de que las tasas más altas se dan en adultos mayores, sobre todo entre quienes tienen más de 75 años: la tasa para la franja etaria de 75 a 79 se situó en 37,54 y la de los mayores de 80 en 38,11 cada 100.000 habitantes. Respecto de 2018 se incrementó la tasa de suicidios en jóvenes de 20 a 24 años –que se situó en 29,11 cada 100.000 habitantes– y entre quienes tienen entre 20 y 24 años –la tasa en ellos se ubicó en 28,37 cada 100.000 habitantes–; valores similares se dieron en los grupos etarios que van de los 45 a 54 años. Ocho de cada diez suicidios son cometidos por varones.

María del Luján Giudici, subdirectora general de la Salud, manifestó preocupación porque “cada tres días fallece un adolescente de nuestro país por suicidio”. “Necesitamos tener un replanteo, realizar un buen diagnóstico y trabajar todo el tema con la familia”, para que sea el sostén de sus integrantes y principalmente de adolescentes y adultos mayores. En eso de las soluciones, Giovanni Escalante, representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que es fundamental tener un estilo de vida saludable, dentro de lo que mencionó tener una buena alimentación, hacer ejercicio, hablar y escuchar.

El ministro Salinas se comprometió a trabajar en el problema y comentó que hay que hablar del tema “en tiempos de pandemia de soledad, de angustia y depresión”. Mencionó que en abril se creó la línea de apoyo emocional 0800 1920 que, según explicó Horacio Porciúncula, responsable del área de Salud Mental del MSP, ha recibido 9.000 llamadas en estos meses. Ese número se sumó a la Línea Vida (0800 0767 o *0767), que funciona desde 2018 para asesorar en la prevención del suicidio y que, según informó la Administración de los Servicios de Salud del Estado el jueves, tuvo un incremento de llamadas de 321% entre marzo y junio de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Ambas líneas funcionan las 24 horas y todos los días.

Atención oportuna

Durante la pasada administración, Porciúncula fue director de Salud Mental de ASSE y luego asesor del área de Salud Mental del MSP. Entre las acciones implementadas hasta ahora para abordar el tema, además de la Línea Vida, el psiquiatra mencionó la inclusión, en 2011, de las prestaciones psicoterapéuticas y psicosociales en salud mental para personas con intentos de autoeliminación y a sus familiares (el Decreto 305/011), y el protocolo de atención y seguimiento de la atención de quienes intentaron suicidarse (desde 2017); a nivel intersectorial, evocó a los grupos departamentales de prevención del suicidio y el trabajo de sensibilización y educación que se ha hecho desde esos ámbitos. Hasta ahora, ninguna de esas acciones logró mover la aguja: los objetivos sanitarios nacionales, diseñados en 2016, pretendían reducir la tasa de suicidio, que tomaba como base la tasa de 17,4 cada 100.000 habitantes de 2014, pero, al cabo de los años, las muertes por esta causa no sólo no se redujeron, sino que crecieron.

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Porciúncula presentó este viernes un nuevo dispositivo de abordaje que, según mencionó, se suma en julio a la oferta asistencial en salud mental: dentro del modo 1 de las prestaciones en salud mental (del Decreto 305/011) que establece intervenciones grupales para determinados grupos (y no se admite lista de espera) se suman nuevas poblaciones priorizadas, muchas de las cuales tienen que ver con los efectos de la pandemia: familiares con niños o niñas en edad preescolar o escolar con afectación por covid-19 o por el distanciamiento social; adolescentes por afectación por covid-19 o por el distanciamiento social; usuarios y/o familiares que cursan o cursaron coronavirus; personas mayores con afectación emocional por sentimiento de soledad y aislamiento; adultos con afectación emocional por los cambios, inestabilidad y pérdidas en su situación socio-económica-laboral; familiares de personas con muerte inesperada (accidente, homicidio, suicidio, violencia), y familiares de personas con fallecimiento reciente por enfermedades físicas.

Porciúncula dijo que esa población “tiene derecho en forma gratuita de pedirle a su prestador tener una respuesta, ocho sesiones por lo menos”.

En diálogo con la diaria y a modo de evaluación de lo hecho durante estos años, Porciúncula respondió que es un tema que genera una alta sensibilidad cuando se presentan las estadísticas anuales, pero que “después decae y de repente las políticas no se priorizan con la intensidad con que deberían priorizarse”. Habló de la necesidad de tener políticas que tengan que ver con lo específico del territorio, “que es donde se juega el partido”. En 2019 los departamentos en que se registraron mayores tasas de suicidio fueron Lavalleja (35,69 cada 100.000), San José (34,93), Tacuarembó (31,20), Cerro Largo (29,01) y Treinta y Tres (23,76), pero es un dato relativo, porque otros años han sobresalido otros departamentos y un pequeño número de casos puede hacer variar mucho las tasas anuales. De todos modos, Porciúncula mencionó el caso de Rocha, que tuvo una tasa de 28,32 cada 100.000 habitantes, para preguntarse “cómo es la vida de esos jóvenes que viven un verano de dos o tres meses y después queda un vacío de siete, ocho o nueve meses en que hay otros indicadores que hablan de riesgo de esa población”, y para expresar que donde “se puede lograr los cambios” es a nivel territorial. Insistió en “que los prestadores públicos y privados le puedan dar respuesta” a la problemática, y dijo que eso “implica recursos humanos, implica capacitación e implica dinero”, así como un trabajo interinstitucional para lograr acciones integrales que incluyan trabajo, vivienda, alimentación, educación y uso del tiempo libre.