Casa de Galicia: trabajadores de la salud reclaman al MSP información sobre la situación financiera y critican rol de la Junasa

Sobre las 18.00 del martes, un grupo de funcionarios hizo una ronda en la vereda de la mutualista Casa de Galicia, en el barrio Sayago de Montevideo, entre medio de usuarios que entraban y salían de la institución; mientras tanto, adentro de la sede el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, y la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), Flor Constanzo, mantenían una reunión con el presidente de la Junta Directiva de la mutualista, Alberto Iglesias.

Los trabajadores querían conocer de primera mano la situación de la empresa, que el viernes les comunicó por teléfono, así como hizo lo propio por correo electrónico con los usuarios, que había solicitado ante la Justicia ingresar en concurso de acreedores, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no le autorizara usar el Fondo de Garantía de las cuotas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para crear un fideicomiso por 12 millones de dólares.

Con ese dinero, Casa de Galicia pretende paliar el endeudamiento que arrastra desde hace años y que en octubre de 2018, cuando asumió la actual Junta Directiva, ascendía a 64 millones de dólares, según expresó la empresa en el comunicado que emitió el viernes. Para enfrentar ese pasivo, la empresa ya había solicitado un fideicomiso en el período pasado, que se firmó en diciembre de 2019, por 20 millones de dólares y cuyas cuotas deberá comenzar a pagar ahora, en diciembre de 2021, tras dos años de gracia.

En el comunicado, la empresa reprobó que el MSP no se expresara sobre su solicitud y que tampoco le permitiera ver los informes que habían elaborado los veedores que el MSP había instalado meses atrás en Casa de Galicia, así como en la Asociación Española y el Casmu, las otras dos instituciones que tienen fideicomisos en marcha.

El reclamo de los informes de los veedores fue, también, parte central de lo que expresaron Bermúdez y Costanzo en la charla que mantuvieron el martes con los trabajadores que los esperaban en la vereda, al salir de la reunión. “Los números se sabe que son positivos, y no se nos entregan”, dijo Constanzo. “Estamos absolutamente encolumnados en defensa de las fuentes de trabajo y del pago de los salarios, que, si bien los tenemos asegurados por el convenio anterior, están asegurados siempre y cuando la empresa funcione, siempre y cuando tengamos Casa de Galicia, si no, no tenemos salario”, les expresó a sus compañeros.

“La institución tomó un camino judicial frente a una negativa del Poder Ejecutivo de otorgarle un fideicomiso para avanzar en su funcionamiento”, agregó Bermúdez. Esta mutualista tiene alrededor de 4.000 trabajadores y 43.000 usuarios, un número importante, pero bastante menos que los cerca de 60.000 afiliados que tenía hasta 2013, según datos del MSP.

La situación de la mutualista es preocupante, pero no es nueva. “Casa de Galicia viene de crisis en crisis en los últimos 23, 24 años, y esa película algunos de los que estamos acá ya la hemos visto, por lo tanto, nadie nos la tiene que contar”, dijo Bermúdez. Relató que la Junta Nacional de Salud (Junasa) aprobó en diciembre con votos del gobierno –que tiene cuatro de los seis puestos actuales de la junta, que se completan con los trabajadores y las mutualistas– la auditoría para las tres mutualistas. “El proceso de la auditoría terminó, los informes de la auditoría hoy los tiene el Poder Ejecutivo y cuando la Junasa, en particular los trabajadores, pedimos conocer esa información, se nos dijo que el MSP y que el Poder Ejecutivo declararon confidencial esos resultados y que, por tanto, no se iban a presentar”, agregó.

Bermúdez señaló que entiende que el hecho de que “el organismo que tomó la decisión de auditar a las tres instituciones” no tenga los informes de los veedores, que hoy “es clave para que Casa de Galicia acceda a un fideicomiso”, es una contradicción.

“Por lo tanto, es el gobierno el responsable de esta situación”, evaluó, y añadió que “nos parece una actitud absolutamente irresponsable y totalmente contraria al discurso oficial del combate a la pandemia que en medio de una pandemia se esté jugando el futuro de una institución”.

Luego, en diálogo con la prensa, Bermúdez aclaró que “no hay ningún cierre inminente de Casa de Galicia, aquí hay una situación que se va a complejizar con el paso del tiempo si los objetivos que se plantean no se consiguen”, indicó.

El rol de la Junasa es, para Bermúdez, otro asunto preocupante. “¿Para qué está la Junasa? ¿Para avalar simplemente lo que el Poder Ejecutivo haga o acuerde con las instituciones?”, preguntó, y añadió que “hoy lo que tenemos es un gobierno que desconoce a la Junasa”.

A todo esto, el dirigente sindical deslizó la incidencia que pueda tener el Casmu sobre el MSP, porque Salinas hasta asumir como ministro era gerente de Recursos Materiales del Casmu. También repasó que eran de esa institución Alberto Yagoda, actual presidente de la Junasa y encargado hasta mayo de 2021 del Área Financiera del Casmu, y Gustavo Bogliaccini, el otro representante del MSP en la Junasa, quien antes fue presidente del Casmu.

“Cuadriplica la media de endeudamiento”

Durante la mañana, en rueda de prensa, el ministro Salinas respondió sobre la situación de Casa de Galicia. “Vamos a asegurar y preservar la continuidad asistencial de los socios; ellos son el centro y eje de nuestra preocupación. En segundo término, preservar las fuentes laborales”, manifestó.

Sobre la situación financiera, sostuvo: “Evidentemente pedir el concurso no es más que admitir la dificultad que enfrenta la institución. Hace menos de 18 meses se le otorgó un fideicomiso con cesión de las cuotas Fonasa por 20 millones de dólares, y pide 12 millones de dólares más sabiendo que en 2022 están comprometidos 100% de los fondos Fonasa. La institución cuadriplica la media de endeudamiento del sector”.

Salinas añadió que el tema “se viene analizando en conjunto con todo el Ejecutivo”, ya que hay contacto con la Asesoría Económica de la Junasa y la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. “Es un tema que venimos analizando y todo el Ejecutivo está en conocimiento de la situación y las vías de acción”, indicó.

A la espera de la Justicia

El Juzgado Letrado de Concurso de Primer Turno, a cargo del juez Leandro Méndez, es quien recibió, el lunes 18, el expediente del pedido de Casa de Galicia de ingresar a concurso de acreedores. Fuentes del Poder Judicial informaron a la diaria que el juez todavía no resolvió respecto de la petición de la mutualista. Por lo pronto, el mismo lunes, Méndez emitió un decreto en el que les dio 24 horas a los contadores para que le remitieran un informe, ya que en un plazo de 48 horas, es decir este miércoles, tiene que resolver.

Ante la consulta de la diaria sobre los procedimientos previstos en la ley de concursos, Gabriel Ferreira, director del Departamento Concursal de la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), explicó que ante la “declaración de insolvencia por parte del deudor [como ocurrió con Casa de Galicia]”, el juez debe verificar que se cumplan una serie de requisitos sobre la documentación presentada y se inicia el proceso.

Luego, y suponiendo que la documentación presentada cumpla los requisitos, ante la declaración de insolvencia de Casa de Galicia el juez asignará un síndico, en virtud del patrimonio negativo de la empresa, quien asumirá las funciones de gestión de cara a la junta de acreedores, que se fijará en los 180 días posteriores al concurso. Son dos los caminos, repasó: “Después del concurso o la empresa hace un plan con los acreedores y retoma la marcha, o no lo logra y va a la liquidación”.

En ese lapso tanto el síndico designado como las autoridades de la mutualista, que son desplazadas de la conducción, pero mantienen ciertas potestades, deberán buscar un acuerdo con sus acreedores, para que la empresa no vaya rumbo a la liquidación. En ese proceso serán clave las negociaciones con el gobierno, ya que no se trata de una empresa común, sino de una institución médica con afiliados y que forma parte del sistema de salud, que se financia con cápitas que paga el Estado.

El martes El País publicó que la presidenta del gremio médico de Casa de Galicia, Ximena Carrera, dijo que les sorprendió que la Junta Directiva haya resuelto aplazar las elecciones de las autoridades de la mutualista, que serían en octubre, el mismo día que comunicó que no tenían respuesta del MSP sobre el fideicomiso.

Ferreira aclaró que, pese a estar intervenida por un síndico, Casa de Galicia puede realizar elección de autoridades, y que también el síndico puede avanzar con la conformación de un nuevo fideicomiso, lo que reclama la institución al gobierno.