Uruguay prohibió, en 2009, la comercialización, importación y registro de los dispositivos electrónicos para fumar. Un decreto del Poder Ejecutivo firmado el 3 de marzo habilitó la comercialización de dispositivos electrónicos que para administrar nicotina usan una tecnología mediante la que se calienta tabaco seco. El texto afirma que estos productos -a diferencia de los cigarrillos electrónicos, que emplean una solución líquida de nicotina- “cuentan con una validación científica suficiente para justificar su exclusión de la prohibición” del decreto de 2009.
El cambio le preocupa a la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco que funciona en el marco del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP), que este miércoles se reunió con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y con el director general de Salud, Miguel Asqueta. Por la comisión asistió Elba Esteves, presidenta de la comisión y directora del programa ministerial, Diego Rodríguez, del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, Laura Llambí, coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República.
Este decreto “denota un error de procedimiento, una falta de evidencia científica y hay indicios de interferencia de la industria”, explicó Rodríguez en diálogo con la diaria. Uruguay aprobó en 2004 el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que guio la política iniciada por el expresidente Tabaré Vázquez. Desde entonces, las políticas sobre el tabaco pasan por el programa y por la comisión asesora que está integrada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Pero esto no ocurrió ahora: según Rodríguez, la directora del programa del MSP se enteró del decreto mucho después, el 21 de marzo, dos días antes de que se publicara en el Diario Oficial, y la comisión lo supo el mismo 23.
Rodríguez planteó que la evidencia científica “es contraria a la habilitación de estos productos” porque “muestra que la gente no deja de fumar” con ellos, sino que “son un camino de entrada” y que se pasa a tener “un consumo dual, de tabaco tradicional y con estos dispositivos”. En esa línea, la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentó el 8 de abril un recurso de revocación del decreto por entender que “debilita la política del control del tabaco” y que “existe evidencia científica de los daños que le provoca a la salud humana” este tipo de productos.
En 2004, antes de que comenzara a implementarse el convenio marco, fumaba en Uruguay 30% de los jóvenes; ese porcentaje había caído a 8,2% en 2014, pero Rodríguez señaló que, de acuerdo a los datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes-Uruguay, que se difundirán en los próximos días, en 2019 la prevalencia del consumo entre los jóvenes pasó a ser de 11,5%. Remarcó que si prospera este decreto, se continuará socavando la política antitabaco y remarcó que los dispositivos electrónicos apuntan a un público joven.
“Las tabacaleras en Uruguay no están pudiendo generar nuevos clientes porque en Uruguay no tenés publicidad ni siquiera en la cajilla”, dijo y agregó que “necesitaban esto para captar jóvenes”, aunque manejen un discurso de que con esto contribuirán a la cesación.
Por otra parte, Rodríguez planteó que el público va más allá de las fronteras nacionales, porque al día siguiente de que se aprobara el decreto, “Philip Morris salió a presionar a los gobiernos de la región” para que aprobaran también estos productos, “usando a Uruguay de excusa, diciendo que un gobierno con una política de control del tabaco seria está permitiendo comercializar este tipo de productos”.
Interferencias
Rodríguez aludió a la “interferencia de la industria en las decisiones que se están tomando” y señaló que la tabacalera Monte Paz financió la campaña electoral de 2019 de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, tal como consta en la rendición de cuentas publicada en la Corte Electoral, en la que la esta empresa le donó a la fórmula presidencial 552.180 pesos. Rodríguez recordó que el convenio marco de la OMS establece que los países deben proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera y que las directrices para aplicarlo explicitan que los países “deberán adoptar medidas efectivas para prohibir las contribuciones a campañas, partidos o candidatos políticos por parte de la industria tabacalera”.
Según Rodríguez, Salinas se mostró receptivo “y estuvo de acuerdo en discutir lo que es este decreto” con Presidencia. “Parece haber una disociación entre lo que el MSP parece creer que es conveniente o no y cómo actúa Presidencia de la República porque esto no pasó por el Programa del Control de Tabaco”, dijo Rodríguez, que aclaró que no recibieron explicación de por qué Salinas firmó el decreto. “Parece que algunas decisiones de salud pública están pasando por otro lado”, deslizó Rodríguez.