Muestra de fotos sobre las precarias condiciones en que viven las personas internadas por salud mental en lugares públicos

“Nunca esperé encontrarme con esto, no sabía cómo era la realidad”, expresó Vivian Trzeinsky luego de ver la muestra fotográfica Salud mental y privación de libertad que se inauguró el martes al mediodía en la terminal del Cerro de Montevideo. Trzeinsky es educadora y habitante del Cerro. “Me detuve a tomar fotos porque hay un montón de información que está lejos del común denominador de la gente, encontrarme con esto y en la terminal, que es donde converge todo el barrio –Cerro, Tobogán, toda la zona oeste–, es bastante impresionante”, dijo.

Hacía una hora que los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental del programa APEX de la Universidad de la República (Udelar) habían instalado la muestra. No era un día cualquiera: el 24 se cumplieron cuatro años de la aprobación de la Ley 19.529 de Salud Mental.

La muestra está conformada por 20 placas con 19 fotografías que fueron tomadas entre 2019 y 2021 por profesionales del MNP –ninguno de ellos fotógrafo– en sus visitas a instituciones públicas en las que están internadas personas con afecciones de salud mental: el hospital Vilardebó, las colonias psiquiátricas, hoy denominadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional Sicosocial (Ceremos), el área de internación psiquiátrica Sector 6º B de la ex Cárcel Central y el Sector D del Módulo 12 del establecimiento penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar).

La vigésima imagen no es una foto, sino una placa en la que se ve reflejada la persona que se sitúa frente a ella, como si fuera un espejo; se titula “La foto que falta: desmanicomialización” y recuerda que la Ley de Salud Mental dispuso para 2025 el cierre definitivo de las estructuras asilares y monovalentes de salud mental, y para eso definió que deben crearse dispositivos alternativos a la institucionalización y cambiar el modelo de atención para que se centre en las personas. La placa se completa con la frase “Imagínate que alguien estuviera tomando decisiones por ti. Podrían decidir alejarte, encerrarte, no escucharte, administrarte medicamentos, impedirte que hagas tu trabajo y que vivas tu vida haciendo uso de tu cuerpo y de tu mente tal como son”, que fue un insumo para la declaración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las imágenes dan cuenta de la desolación, de la falta de actividades y de proyectos que hay en estos centros para que las personas se preparen para egresar; hablan de la inexistente privacidad, de las múltiples carencias y de un modelo asilar que no logra impedir las autolesiones y que sigue recurriendo a las medidas de contención, así como al uso del electroshock sin el consentimiento de las personas.

Carencias de todo tipo

Entre enero de 2019 y octubre de 2020 el MNP hizo 35 visitas no anunciadas a instituciones psiquiátricas. El MNP hace de forma sistemática estas visitas desde 2017. “Tratamos de ver las condiciones de vida de las personas, vigilar por sus derechos, vigilar y prevenir las situaciones de abuso, de maltrato y de tortura, y hacemos recomendaciones”, resumió Alicia Saura, integrante del equipo técnico del MNP en una entrevista con la diaria en la que participaron otros ocho técnicos del MNP y del Observatorio del APEX.

Según los integrantes del MNP, varios de los planteos que han hecho desde 2017 han sido escuchados por las autoridades. “Hemos realizado señalamientos que tienen que ver con los cuartos fuertes del hospital Vilardebó, que fueron cerrados, los de la Sala 11 Bis en 2018; también se clausuró el cuarto fuerte de la Sala 10 del Vilardebó y hacemos recomendaciones que tienen que ver con cuestiones edilicias, con situaciones de vida de las personas, con el acceso a la justicia, con la participación. En ese sentido, seguimos trabajando”, explicó Ariadna Cheroni, otra de las integrantes del MNP.

Según el último informe del MNP, al 31 de diciembre de 2020 había 584 personas internadas en Ceremos, 233 en el Vilardebó y siete en el Sector D del Módulo 12 del Comcar (adonde se mudó, en enero de 2020, la unidad que estaba en la ex Cárcel Central). El informe valora que desde la aprobación de la Ley 19.529 no han sido internadas más personas en Ceremos y destacó un descenso con respecto a 2019 en la cantidad de pacientes internados en el Vilardebó, aunque se señala que pudo deberse a una limitación de los ingresos por la emergencia sanitaria, porque allí hubo un brote de covid-19.

La muestra fue pensada “para hacer visible lo que veíamos en los monitoreos y sacar a la luz situaciones de vulneración de derechos en personas que padecían sufrimiento mental”, sostuvo Fernando Leguizamón, del MNP.

Andrés Techera, integrante del Observatorio del APEX, señaló la importancia de que la población tome contacto con lo que ocurre en los centros de internación de salud mental. “Para que se pueda concretar la ley no se trata solamente de un cambio en los servicios de salud sino en la manera en que la sociedad tiene de ver el sufrimiento psíquico o de tratar con la salud mental”, afirmó. Agregó que “las instituciones asilares en Uruguay tienen más o menos el mismo funcionamiento desde su creación” y que “hay muchas resistencias que tienen que ver con el rol que cumplen esas instituciones, que muchas veces son el lugar al que van a parar las personas que no encuentran un funcionamiento esperado de productividad o de normalidad”.

“Entrar para quedarse” es el título de una de las imágenes de la muestra, que señala que al 31 de diciembre de 2020 el promedio de hospitalización en Ceremos era de 21 años, y contrasta esa situación con lo que dispone la Ley de Salud Mental, que llama a que la internación sea una medida excepcional, terapéutica y lo más breve posible. Otra imagen reseña que el fallecimiento es la “principal ‘causa’ de egreso” de Ceremos, de donde en 2020 egresaron 52 personas, 39 de ellas por fallecimiento.

Techera señaló que “50% de las personas que están internadas en las instituciones asilares está por cuestiones sociales, porque no tiene otro lugar donde ir o no tiene el sostén social suficiente o programas sociales de tipo de viviendas asistidas o cooperativas de trabajo, esa red de dispositivos que viabilizan que las personas puedan ser externadas y tener una vida en sociedad”. Eso es, justamente, lo que dispone crear la Ley de Salud Mental. La ley pauta, además, que haya “asistencia temprana, servicios de salud disponibles”, recordó Techera, que señaló que el fracaso del modelo actual se observa en “el fenómeno de puerta giratoria: las personas egresan pero al poco tiempo vuelven a ser internadas nuevamente por la falta de red y de sostén”.

“En otros países existe una cantidad de experiencias que demuestran que la salud mental puede ser atendida sin encierro, sin violencia; a eso aspiramos, a aprender de las experiencias del exterior y de las que tenemos en Uruguay, que muestran que hay otra forma de tratar y de enfrentar los problemas de salud mental”, reafirmó Techera. Subrayó que además de cronificar a las personas “las instituciones asilares le cuestan mucho dinero al Estado” y señaló que “hay una contradicción en el estado en que viven las personas y los recursos que destina el país para mantenerlas abiertas”.

El Observatorio del APEX se conformó en 2018, “estratégicamente” a partir de la promulgación de la Ley de Salud Mental, apuntó Débora Gribov, integrante de ese colectivo. “Tiene que ver también con un proceso muy denunciado por nosotros de patologización de la sociedad, de medicalización, de pensar al sujeto como aislado de su contexto y de sus condiciones materiales de existencia. Es muy complejo luchar contra discursos y relatos que vienen desde hace mucho tiempo como un modo de control de la sociedad”, reflexionó.

Comentó, además, que “no es casual que el observatorio se constituya en un espacio de la Udelar”, por el rol que tiene en la investigación y en “la formación de quienes luego van a trabajar en este cambio”. En esa dirección, señaló la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional como se está haciendo, por ejemplo, con esta muestra, aunque a nivel general encuentren más bien “obstáculos por las lógicas institucionales”.

Cheroni resumió así algunos de los malos tratos identificados en estos centros y patentes en la muestra: “la lógica asilar, el no poder tomar decisiones por sí mismos, la convivencia de muchas personas en un mismo lugar, lo que pasa con su intimidad –no tenés privacidad en el baño–, depender de una forma de organización que trasciende la vida cotidiana de cada una de las personas: hay que levantarse a la misma hora, hay que comer lo mismo, hay que vestirse de una determinada manera”.

Leguizamón agregó que “algunos derechos no están habilitados, por ejemplo, a la salud sexual. Gente adulta, que tiene en el mismo centro a sus parejas, no tiene un espacio habilitado de encuentro con su pareja, pero, por otro lado, la institución les da preservativos; es un mensaje contradictorio”, lamentó. Una de las imágenes muestra una precaria habitación, que parece ser un galpón, en que las personas tienen relaciones sexuales sobre unos colchones sucios y deshechos.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”, expresó Laura Latorre, del MNP, retomando otro de los mensajes de la muestra. En ese sentido, comentó que las personas que están internadas en esos lugares “son desoídas” y que lo que se busca es “que las personas que padecen el sufrimiento mental sean las que participen y traigan su voz para todas las decisiones, también de las que son a nivel de las políticas públicas”.

Construcción de alternativas

En diálogo con la diaria, Horacio Porciúncula, referente del área de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), sostuvo que están funcionando la Comisión Intersectorial en Salud Mental y la Comisión Asesora en Salud Mental, órganos integrados por diferentes organismos del Estado, la INDDHH, la academia y organizaciones sociales para pensar acciones interinstitucionales para que se cumpla la Ley de Salud Mental. En concreto, dijo que el martes de mañana se reunió el grupo que está trabajando en “la valoración de los pasos a seguir para construir la red de dispositivos alternativos a los hospitales, porque no se trata de cerrar sino de tener alternativas válidas para que los usuarios tengan modelos de recuperación real y no pequeños centros de atención con el modelo manicomial”, acotó.

Valoró que en Ceremos no se han internado a más personas y que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE, de quien depende Ceremos y el Vilardebó) tiene proyectos para internar en hospitales generales que sustituyan la internación en los monovalentes. Comentó, también, que se está trabajando con la Junta Nacional de Salud para establecer los compromisos que deben asumir las mutualistas para el cumplimiento de la ley, con los directores departamentales de Salud y con la Dirección General de Fiscalización, para que, además de controlar el estado físico de los centros de internación, fiscalice “el nivel de funcionamiento de los diferentes dispositivos”.

Hace un par de meses, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, había dicho que no era real cerrar el Vilardebó y Ceremos en 2025, tal como marca la ley. Porciúncula no piensa igual. “Hay una ley que fue votada en el Parlamento y vamos a hacer lo posible para que se cumplan los plazos determinados por la ley; de no ser así será el propio legislador el que tendrá que cambiar los plazos. Nuestra intención es trabajar en la búsqueda de soluciones, de alternativas para lograr ese objetivo”, expresó.

En concreto, anunció “el compromiso de tener antes de fin de año la reglamentación del artículo de la ley que implica la elaboración del cronograma” de cierre de las instituciones asilares y monovalentes. Agregó que a través de una alianza con la Organización Panamericana de la Salud, dos profesionales de psiquiatría y psicología –Sandra Romano e Ignacio Porras– comenzaron a trabajar con el Área Programática de Salud Mental del MSP en “el diseño de procesos y protocolos del armado de la red alternativa” de atención, y definir cómo deben ser los centros y los recursos humanos que trabajen en los nuevos dispositivos.

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