“Lo que ocurre es que, por ejemplo, el tratamiento de foniatría, me lo han explicado los especialistas, tiene sentido darlo durante cierto tiempo y luego, si no hay progreso, se puede extender, pero si luego de un año no se han logrado avances, no es lógico seguir insistiendo con ese abordaje terapéutico”, afirmó el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, en una entrevista en Primera mañana, de El Espectador, el jueves 9. Odizzio justificaba así algunos de los cambios que pretende hacer el BPS en la asignación de las ayudas extraordinarias (Ayex).

Las Ayex son prestaciones económicas que da el BPS, desde 1980, para financiar tratamientos de rehabilitación para personas con discapacidad y niños y jóvenes con alteraciones del desarrollo (en algunos casos financia el transporte, en otros los tratamientos). Actualmente hay 27.000 personas que reciben esta prestación. Los tratamientos son dados por centros que contratan técnicos de diferentes disciplinas, entre ellas fonoaudiología, fisioterapia, psicomotricidad, psicología, psiquiatría, trabajo social, maestros especializados, talleristas, terapeutas ocupacionales.

En la entrevista radial, Odizzio argumentó que “tienen que desarrollarse guías de actuación para que cada especialista aplique unas técnicas de abordaje similares; al no existir estas guías, el resultado desde el punto de vista terapéutico el BPS hoy no está en condiciones de evaluarlo, no son sus competencias, entonces se puede dar una extensión excesiva de estos tratamientos”. Agregó que el BPS está “acordando” esas guías con el Ministerio de Salud Pública (MSP).

A pesar de la expansión de la virtualidad a la que dio lugar la pandemia, la única forma válida de atención que admite ahora el BPS es la presencial, y para eso hará que cada centro cuente con un dispositivo en el que el niño marque asistencia con su huella dactilar. “Tenemos que mejorar y simplificar el control y estamos ya con un dictamen jurídico que tiene tres días donde vamos a poder hacer análisis biométrico de que las personas con discapacidad que asistan a estos centros realmente estén delante del técnico, por ejemplo una persona que va a hacer fisiatría va a tener que estar delante del fisiatra, van a tener que coincidir en tiempo y espacio para asegurarnos que la prestación se va a cumplir”, afirmó Odizzio en la entrevista.

La sugerencia de que puede haber una “extensión excesiva de los tratamientos”, la intención de limitar de antemano su duración y el requisito de atender únicamente a través de la presencialidad causaron indignación en los profesionales en fonoaudiología. El lunes, referentes de la Licenciatura en Fonoaudiología (Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Udelar) y de la Asociación de Fonoaudiología del Uruguay (Adefu) firmaron una carta dirigida a la opinión pública a raíz de las declaraciones de Odizzio. Antes de eso, también le enviaron una nota similar a Odizzio, pero hasta el jueves no habían tenido respuesta, según informaron en diálogo con la diaria Silvia Palermo, directora de la carrera de la Udelar, y Yasí Silveira, presidenta de Adefu, ambas firmantes de la carta.

En la misiva explican que los profesionales en fonoaudiología se desempeñan “a nivel de la comunicación humana en las áreas de audiología, fonoestomatología, lenguaje, habla, voz y función vestibular” y que están habilitados por el MSP para “evaluar, diagnosticar, planificar y realizar acciones de prevención, promoción, educación, protección, recuperación y rehabilitación de personas” en esas áreas. Agregan que la valoración de cada persona la hacen de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que trabajan de manera inter y transdisciplinaria con profesionales de las áreas educativa, social y sanitaria, y que generan herramientas junto con los usuarios, sus familiares y sus grupos de inclusión.

Las fonoaudiólogas alegan que durante la emergencia sanitaria, para mantener el abordaje terapéutico, recurrieron a herramientas virtuales “aprobadas a nivel mundial” porque la interrupción “hubiera significado un retroceso”. Expresan que “no es posible prever de antemano la duración de los tratamientos” y que eso es algo que se determina “a partir de evaluaciones objetivas, formales, exhaustivas y continuas llevadas a cabo por el profesional y todo el equipo”. Por último, sostienen que “sugerir que exista la posibilidad de que intencionalmente se ‘retenga’ a los usuarios prolongando los diferentes abordajes no sólo atenta directamente contra la ética profesional y humanitaria, responsabilidad y compromiso en nuestra labor, sino que también denota un profundo desconocimiento del trabajo terapéutico y los procesos de rehabilitación de las distintas especialidades en cuestión”.

Traje a medida

En diálogo con la diaria, Palermo, Silveira y Dima Rodríguez, profesora adjunta de la Licenciatura en Fonoaudiología, profundizaron en algunos puntos de la carta. Con respecto a la duración de los tratamientos, Silveira planteó que entre los usuarios de Ayex “hay niños que tienen alguna alteración muy fácil de resolver pero hay otras realidades o discapacidades o síndromes que no se solucionan con el trabajo de un año, ni de dos, ni de tres; algunos necesitan sostén durante toda la vida y según las distintas etapas. Siempre se consigue algo o se mantiene lo que se consiguió, que si se deja de trabajar, no se mantiene”, acotó.

Palermo y Rodríguez insistieron en que no se puede saber de antemano cuánto tiempo lleva un proceso de rehabilitación y que cada persona es única. Por ejemplo, dijeron que “cada vez más llegan a la consulta niños con inicios tardíos en el lenguaje” que, de acuerdo a autores y clasificaciones internacionales, se determinan cuando a los dos años un niño o niña no tiene determinada cantidad de palabras (50) ni enunciados de dos palabras. “Ante la estimulación, esa primera impresión de inicio tardío del lenguaje puede ser que revierta a los pocos meses o que esa dificultad persista, y entonces llegamos a diagnósticos como el trastorno específico del lenguaje que por lo general son niños que están varios años bajo la estimulación del abordaje. Entonces, no podemos poner a todos los niños en la misma bolsa y decir si en un año esto no revierte, el abordaje ya no lo tiene más”, plantearon las docentes.

Por otra parte, el abordaje se define de acuerdo a la etapa de vida: “No es lo mismo lo que esperamos a los dos años que lo que vamos a esperar a los cuatro o a los seis”, dijeron Palermo y Rodríguez, y agregaron que “en un momento se trabaja más el lenguaje oral y la adquisición del lenguaje, en otro momento se trabajará lo articulatorio del lenguaje y en otro se trabajará el lenguaje escrito” y que “para cada una de estas áreas hay pruebas específicas y objetivas que hace el fonoaudiólogo para valorar la evolución del tratamiento”.

El abanico es amplio e incluye, también, al área de alimentación, en la que trabajan trastornos de deglución, que son frecuentes en los niños pequeños y más cuando hay una condición de discapacidad, afirmaron. “Esto va directamente sobre la calidad de vida, tanto del niño como de su familia, y eso va a requerir de un abordaje que no es simple sino que tiene que respetar otras etapas”, señalaron.

Añadieron que si se aprobara el límite sugerido por Odizzio, se profundizarán las diferencias en función de las condiciones económicas de las familias porque habrá quienes puedan seguir el tratamiento, pagándole a un fonoaudiólogo particular.

Con respecto a la presencialidad, las docentes dijeron que algunas patologías severas como las encefalopatías crónicas utilizan medios alternativos de comunicación virtuales, como el método “comunicación aumentativa alternativa” que instalan los fonoaudiólogos y se basa en un sistema de lenguaje a través de pictogramas y de símbolos, en los que la persona hace clic para comunicarse.

“El lenguaje condiciona mucho el aprendizaje, un chiquito que no tiene un lenguaje adecuado no va a poder realizar su trayectoria curricular como corresponde. Entonces de alguna manera le estamos limitando su posibilidad de aprender, de adquirir el lenguaje lectoescrito con todas las posibilidades que nos da la lectoescritura de generar un pensamiento crítico, de ser un buen hablante, de ser un buen negociador”, advirtió Palermo.

Los cambios propuestos por BPS harán que “desaparezcan” los centros interdisciplinarios, afirman quienes dan estas prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) pretende cambiar la asignación de las ayudas extraordinarias (Ayex) que da para tratamientos de personas con discapacidades y dificultades en el desarrollo. El presidente del BPS, Hugo Odizzio, informó la semana pasada en El Espectador que el control de asistencia a los centros se hará a través del registro de la huella dactilar de los beneficiarios y que se descontará 100% de la prestación si tuvieron más de 25% de inasistencias al mes (algo que ya comenzó a implementarse este año con las inasistencias de 2019). Además, se establecerán pautas para limitar la “extensión excesiva de los tratamientos”, declaró Odizzio.

La Red de Centros Interdisciplinarios había presentado en agosto una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por entender que estos cambios atentan contra el “derecho de estas personas a recibir un tratamiento adecuado y eficiente para su rehabilitación” y ahora volvió a expresarse.

En diálogo con la diaria Federico Veiga, de la Comisión Directiva de la red, dijo que es injusto que se descuente todo el mes si la persona asistió 75%. “El único indicador para ellos es la asistencia del niño al centro, no importa cómo se dé esa asistencia. El BPS no quiere discutir indicadores técnicos de tratamiento”, afirmó. “Los descuentos llevarán a que los centros desaparezcan, porque no hay forma de sostener un centro cuando no sabés lo que vas a cobrar y tengas las obligaciones de siempre con el equipo técnico; de hecho algunos centros están tomando la medida de que si el niño no va no se le paga al técnico y eso ya está generando una precarización laboral brutal”.

Fuentes de la INDDHH informaron a la diaria que “la denuncia se está sustanciando”, es decir, que está a la espera de la respuesta solicitada a los organismos competentes.