El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer esta semana un informe sobre los avances en la implementación del etiquetado frontal de alimentos, creado por decreto en agosto de 2018, durante el último gobierno de Tabaré Vázquez. Si bien esa normativa establecía que la política debía comenzar a regir el 1 de marzo de 2020, su entrada en vigencia fue prorrogada por el gobierno de Luis Lacalle Pou dos veces –en marzo y setiembre de ese año–, y formalmente comenzó a aplicarse recién en febrero de 2021, además de realizarse cambios en los límites nutricionales que determinan el etiquetado.
Casi un año después del comienzo de la obligatoriedad, el informe del MSP da cuenta de un alto grado de incumplimiento y de falta de fiscalización, según la opinión de especialistas en la temática consultados por la diaria.
Del documento surge que las categorías de alimentos fiscalizadas, “en las cuales se ha finalizado el procesamiento de datos”, son: salchichas tipo frankfurters, hamburguesas, postres lácteos y gelatinas, caldos y sopas, productos de copetín y galletitas. En 2019 el MSP había creado una base de datos nutricional de una variedad de productos con vistas a su fiscalización.
De ese grupo, se identificaron 307 alimentos que no contaban con octógonos, y se destaca que las galletas y galletitas presentaron “47% de incumplimiento”, mientras que de las demás categorías, entre 29% y 62% “no estaban en la base de datos de composición nutricional” del MSP.
Asimismo, el informe indica que hasta ahora 12 intendencias “se comprometieron a realizar el proceso de fiscalización”, y de éstas, sólo nueve “han enviado datos de fiscalización del rotulado frontal en puntos de venta”. Por otra parte, se señala que “los resultados presentados no reflejan las 11 categorías priorizadas” para el monitoreo, “ya que algunas aún se encuentran en etapa de relevamiento y/o procesamiento”.
El ministerio informa que ante la constatación de la ausencia de rotulado frontal “existen dos posibles formas de incumplimiento”: la primera es la “falta de información en la base de datos”, debido a que la empresa “no ha aportado los datos de composición nutricional para el correspondiente alimento”. Ante este tipo de casos, “se comunica a la empresa por correo electrónico, otorgando 72 horas para que ésta envíe la información solicitada”, y, de no cumplir, “se le envía un comunicado a la dirección fiscal con apercibimiento de sanción”. De identificarse que el producto debe llevar rotulado frontal, se intima a regularizar la situación en un plazo de 30 días.
El segundo tipo de incumplimiento es la “ausencia de etiquetado” en productos que ya habían sido incluidos en la base de datos de composición nutricional. En estos casos, el MSP “procede a comunicar a la empresa, desde la Dirección General de Fiscalización”, y también establece un plazo de 30 días para regularizar, “bajo apercibimiento de sanciones”.
En el informe, el MSP recuerda que la política de etiquetado frontal de los alimentos envasados “permite a los consumidores la fácil y rápida identificación de alimentos con excesiva cantidad de azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio; nutrientes asociados al aumento de sobrepeso, obesidad y generadores de enfermedades crónicas no transmisibles”.
Más vale tarde que nunca
El sociólogo Diego Rodríguez, académico que integra la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, destacó como “positivo” que “el ministerio por fin muestra señales reales de que empezó a fiscalizar”, pero lamentó que ya hace “10 meses que las empresas deberían estar cumpliendo”, y opinó que en el informe no queda claro “qué sanciones aplican o han aplicado”. Cuestionó que se menciona el plazo de 30 días para regularizar, cuando se trata de “productos que hace 10 meses que no están cumpliendo”, por lo que calificó la medida como “una nueva prórroga” para las empresas.
Por otro lado, sostuvo que se mencionan “unas pocas categorías” que se están fiscalizando, “y en concreto de lo único que hablan ahí es de galletitas”. “Si yo soy una empresa que no está dentro de las categorías que públicamente están diciendo que van a fiscalizar, sigo incumpliendo, porque sé que todavía ni siquiera van a venir a mirarme”, analizó.
También resaltó un relevamiento que hizo la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, según el cual, de los productos que no tenían octógonos, “40% no estaba cumpliendo” con la política. Con este antecedente, expresó que no es llamativo “que 47% de las galletitas no estén cumpliendo”.
Rodríguez afirmó que se puede hacer una doble lectura de la comunicación de la cartera: “Para la población en general, lo que se ve es ‘qué bien, el MSP está fiscalizando’. Cuando lo leés desde el lado de la empresa, sabés que si no entrás en esas categorías te podés quedar tranquilo, porque todavía no te van a fiscalizar, y si te llegan a encontrar, tenés 30 días más, a pesar de que hace 10 meses que no estás cumpliendo”.
Por otra parte, el investigador recordó que en enero de 2021, el Decreto 34/021 del Poder Ejecutivo modificó los criterios que definen el exceso de sodio, azúcares, grasas totales y grasas saturadas, flexibilizando “los límites que le habían puesto a la industria”, y resaltó que “la mayoría de los productos que fueron afectados y que perdieron octógonos son productos dirigidos a niños”. “Los consumidores siguen siendo engañados y no tenemos miras de saber qué productos están incumpliendo o no, y por otro lado, se sigue dejando que exista una competencia desleal entre las empresas”, concluyó.
Por su parte, Gastón Ares, ingeniero alimentario y profesor agregado de la Facultad de Química de la Universidad de la República, coincidió en que las cifras de incumplimiento “son muy elevadas y preocupantes” y en que recién ahora “tenemos los primeros resultados de la fiscalización, y tampoco por el momento se han puesto sanciones”. A su entender, esta falta de contralor ha dado libertad a la “especulación” de “algunas industrias” que juegan con que “si no tienen el simbolito son más saludables y compiten mejor con los que sí son honestos y transparentan las características de sus productos”.
En ese sentido, Ares opinó que hay “dos responsables: algunas industrias –porque hay otras que cumplieron en todo momento– que especulan y hasta último momento juegan con esto de no cumplir”, y las autoridades, por la escasa fiscalización. “Como es una política pública que de cierta forma es negativa para la industria, tenés que controlar y sancionar, porque de lo contrario tenés normas que nadie cumple y no sirven para nada”, aseveró.
No obstante lo anterior, consideró que el comunicado del MSP “es una señal positiva”, que va en el sentido de que se empezó a fiscalizar, y sirve como advertencia para las empresas incumplidoras. “Hubiera sido muchísimo mejor que se hubiera hecho en febrero de 2021, pero es verdad que tuvimos una situación de covid-19 en la que el MSP estuvo desbordado”, reflexionó.
Ciali distingue entre empresas uruguayas e importadores
El presidente de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), Juan Pedro Flores, hizo un balance positivo de lo que va de la implementación del etiquetado, y aseguró que las empresas uruguayas del sector están “totalmente consustanciadas” y apoyan “totalmente la mejora” de la calidad de los alimentos. Como director de El Trigal, se refirió puntualmente a los datos de mal cumplimiento en el rubro de las galletas, y lo atribuyó a las sendas modificaciones que sufrió la normativa desde su creación hasta la actualidad, que implicó complicaciones logísticas para las empresas.
“Las empresas multinacionales vienen trabajando esto desde hace tiempo, y las empresas nacionales dijimos desde el primer momento 'bueno, vamos a reformular', porque el objetivo es hacer productos ricos, pero no dañinos”, dijo; pero el problema surgió cuando, luego de haber tomado la iniciativa, con base en el decreto original, llegaron los cambios aplicados por el nuevo gobierno. “Entonces el gobierno saca un nuevo decreto, que es el que tiene vigencia desde el mes de febrero, que no es ni chicha ni limonada, pero en el caso de las galletitas es más exigente que los anteriores”, aseguró. Flores indicó que con estas modificaciones, productos de su empresa que “llevaban un octógono pasaron a llevar tres, por la forma de medir las grasas saturadas y el porcentaje y demás”.
Estos cambios, señaló, “llevaron a que algunas empresas nacionales puedan no haber etiquetado bien o que la formulación del producto sea la correcta pero el impreso no esté diciendo lo mismo, porque hubo un cambio y teníamos que esperar que nos dieran los envases”. Apuntó que en Uruguay hay tres impresoras industriales “y las tres están tapadas de trabajo”, e hizo hincapié en que “entre las empresas uruguayas podrá haber un error, pero todas están etiquetando”. Asimismo, apuntó que entre otros productos, como los chacinados, el cumplimiento está arriba de 80%, y aventuró que hacia abril y mayo estos porcentajes “van a mejorar sensiblemente”.
Flores hizo un análisis aparte en lo que respecta a los productos importados, y distinguió entre las empresas multinacionales, “que son empresas serias, que trabajan bien” y un “conjunto de importadores que son contumaces y venían incumpliendo la ley”. No quiso dar nombres de compañías, pero aseguró que “las galletitas importadas de varias de esas firmas no estaban cumpliendo nada”, y que esas empresas representan prácticamente 50% del mercado. Ante este escenario, afirmó que la fiscalización “es un aliento” para las empresas cumplidoras: “A las empresas nacionales nos cambiaron tres veces los decretos y estamos haciendo todo lo posible para cumplir, y yo diría que estamos cumpliendo, y las empresas estas [que incumplen] ahora se tendrán que poner las pilas”, manifestó.