La Academia Nacional de Medicina (ANM), finalmente, se pronunció sobre el proyecto de ley de eutanasia. Luego de “recoger pluralidad de opiniones” en su interna, el organismo reconoció “dos opiniones al respecto de la realización de la eutanasia”, a raíz de “la gran complejidad del tema” y en consecuencia de que entre sus integrantes existen diferentes interpretaciones sobre los principios de la práctica médica, que no han querido “zanjar simplemente con una votación”.
Los profesionales valoraron el debate como “un tema íntimamente vinculado a principios y concepciones sobre el valor de la vida humana” y la dignidad, así como una cuestión competente “para la sociedad entera”.
Si bien no adoptó una postura única, el organismo se pronunció sobre varios aspectos vinculados al debate. En principio, remarcó que es prioridad de la medicina y “un deber médico” proporcionar alivio del sufrimiento y acompañar al paciente en la etapa final de su vida. Para ello, consideró “necesario” impulsar el desarrollo pleno de los cuidados paliativos, que deben alcanzar a todo el territorio nacional, y que “la eutanasia no debe ser en ningún caso” una vía para “sortear la ausencia” de cuidados paliativos.
En el caso de aprobación de una ley que autorice la eutanasia, “se deberá documentar en forma fehaciente” la voluntad “personal e intransferible” del paciente e implementar un sistema de registro con el fin de garantizar la calidad de los procedimientos y el análisis de datos epidemiológicos relevantes, apunta la organización.
Las posturas
En el comunicado se hace mención a las posturas que existen dentro de la academia. Por un lado, una que se puede calificar como contraria a la propuesta, la cual sostiene “que es un derecho de toda persona poder llegar al fin de su vida con conciencia, confort y dignidad”. Esto también implica evitar que la muerte no sea “ni intencionalmente acelerada, ni retrasada” por el médico mediante el empleo “irracional e ineficiente” de tratamientos que no sean los adecuados, pero sí garantizar que cada paciente tenga el derecho a “rechazar ciertos tratamientos a los que considera incapaces para revertir el proceso de enfermedad terminal que padece”, así como a escoger dónde morir, quienes lo acompañarán en sus etapas finales, y a contar siempre con adecuada y eficaz paliación de todo tipo de dolores.
En resumidas cuentas, “compete al médico ayudar a aliviar los sufrimientos de los enfermos”, pero considera “totalmente contrario a la ética médica” que se utilicen drogas letales con la intención de terminar en forma “activa y directa” con la vida de pacientes, “aún si estos lo piden porque desean poner fin a su propia vida”.
Por otra parte, la segunda postura, que entiende a la eutanasia como un método legalizable, plantea que el proceso de eutanasia se origina en la solicitud de un paciente que, “estando en una condición de salud incurable e irreversible que le provoca un sufrimiento percibido como intolerable”, ejerciendo su derecho “personal e inalienable” de cómo y cuándo terminar con su vida, solicita la ayuda de los equipos médicos, dado que cuentan con la capacidad y los conocimientos suficientes. Como salvedad, se manifiesta que el médico puede acceder o no. Si acepta realizará los procesos correspondientes y “comprobará que se cumplen los requisitos legales y que se trata de una persona apta, aquejada por un sufrimiento intolerable e irreversible que afecta el sentido de su vida, dignidad e identidad”, además de comprobar que a esa persona ya se le han ofrecido cuidados paliativos.
Desde este punto de vista, una respuesta afirmativa significa “un acto de profunda empatía y compasión con el sufrimiento del paciente” y el “pleno respeto” del sentido que el paciente da a su vida y la forma en que decide hacer frente a su muerte, de acuerdo a los “valores y convicciones” que le son propios.