Esta semana una delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP) concurrió a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados y, entre otras cosas, compareció sobre algunas cuestiones vinculadas a la mutualista ex Casa de Galicia.

En principio, la delegación fue convocada por los legisladores para recibir una actualización sobre la situación y el cumplimiento de la Ley 20.022, y la situación de los exsocios en los prestadores a los que fueron derivados o eligieron durante el plazo establecido, y la fiscalización del ministerio respecto de estas situaciones.

En este punto, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo planteó algunas interrogantes vinculadas a denuncias “recibidas en comisión y en los despachos”, relacionadas a los trabajadores médicos y no médicos. Según Gallo, las denuncias están vinculadas al incumplimiento de las empresas que, culminadas las negociaciones, se comprometieron a “no contratar personal que estuviera fuera de la bolsa de trabajo” que se creó en las instancias que se generaron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Hemos recibido muchas denuncias de trabajadores que, estando en la bolsa de trabajo, se han enterado de que hay instituciones que para el mismo cargo y la misma función han tomado funcionarios fuera de la bolsa”, sostuvo Gallo.

A su vez, el diputado consultó sobre los pedidos de informes a la cartera y las denuncias de Alberto Iglesias, el expresidente de Casa de Galicia, contra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y otras autoridades de Salud Pública que calificó como “muy preocupantes”.

Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry, consultó sobre la calidad asistencial de los usuarios, el tiempo de espera para algunas especialidades, la pérdida de “algunos beneficios que no tienen los prestadores a los que fueron derivados”, y problemas para acceder a las historias clínicas, una dificultad que los propios legisladores trasladaron al MSP.

Trabajadores

El subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, recordó que ante el cierre de la mutualista, se firmaron dos convenios en el Consejo de Salarios respecto de los trabajadores; uno con la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que abarca a los trabajadores no médicos, y otro con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que abarca a los trabajadores médicos. Con la FUS las empresas acordaron contratar 21 trabajadores cada 1.000 usuarios.

Según los informes de la actualización de la Comisión de Seguimiento de Trabajadores, hasta el momento hay “732 trabajadores contratados, de un total de 1.277, cumpliendo con la relación”. En el desglose por prestador, el porcentaje de cumplimiento de lo acordado en Círculo Católico, Hospital Evangélico y Sociedad Médica Universal es de 100%; sin embargo, en Crami es de 77% y en Cudam es de 55%.

Sobre los motivos del incumplimiento, Satdjian dijo que en el caso de Crami, “la principal causa es la distribución geográfica”, ya que la gran mayoría de los trabajadores de la exmutualista se radican en la zona del sanatorio principal o de las policlínicas. Agregó que en el caso de Cudam “están faltando 25 trabajadores” del sector no médico, en relación a la cantidad de usuarios que recibieron, que son 2.601. Los que faltan son trabajadores del sector no médico. Según el subsecretario, el ministerio se comunicó con Cudam “de manera verbal” y se le asignaron 30 días de enero para que contrate a los faltantes.

El acuerdo con el SMU fue por un determinado monto. Se estableció que se destinaran 19 millones de pesos para contrataciones. Hasta ahora, el porcentaje de cumplimiento de Círculo Católico es de 103%, el de Crami, es de 106%, el del Hospital Evangélico, de 101%, el de Sociedad Médica Universal es de 94% y el de Cudam es de 84%. Se llegó a “un total de 98% [de contratación] de todo el sector”, priorizando a quienes recibían 60% de sus ingresos por su trabajo en Casa de Galicia. En cuanto a números, Satdjian dijo que el MSP cuenta con la información de que, según el informe de diciembre, de un total de 713 médicos, los que se contrataron hasta ahora son 241 y aún restan 472.

En cuanto a las personas que no tenían prioridad para ser recontratadas pero que continúan en la bolsa de trabajo, “se está haciendo un trabajo para estudiar si están trabajando en algún otro prestador” del Sistema Nacional Integrado de Salud. “Vamos a trabajar para abarcar 100% de las personas que aún no han sido contratadas”, porque “la ley así lo determina”, aunque dentro de la bolsa “hay distintas realidades”, sostuvo.

Usuarios

En cuanto a las interrogantes sobre la atención a los usuarios distribuidos, Satdjian explicó que “la cápita [que los prestadores reciben por la cantidad de usuarios que atienden] no va atada al trabajador sino a la asistencia”, y aclaró que “los prestadores utilizaron [lo recibido] para la asistencia” en distintos servicios, por ejemplo, “ampliando la capacidad locativa, contratando call center o haciendo inversiones”.

En cuanto a las demoras en la atención, el subsecretario recordó lo que ya había informado a la comisión meses atrás, que la Dirección General de Fiscalización del MSP en las inspecciones a los cinco prestadores detectó que “algunos no estaban cumpliendo con los tiempos de espera”. Se detectaron incumplimientos por parte del Hospital Evangélico, la Sociedad Médica Universal, Cudam y Crami. El informe de la dirección agrega que “se ha verificado que el Hospital Evangélico, la Sociedad Médica Universal y Cudam han incumplido” con las normativas vinculadas a los tiempos de espera para consultas médicas.

Luego, en una nueva fiscalización, en julio de 2022, “se constató que el Hospital Evangélico y la Sociedad Médica Universal habían regularizado lo referido a los tiempos de espera”, pero Crami “mantenía el incumplimiento”. En el caso de Cudam, también se incumplían los tiempos de espera “en ginecología, cirugía general, otorrinolaringología y cardiología”. Ante la continuidad de la situación, el MSP multó al prestador.

Por su parte, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda, agregó que un informe del Departamento de Atención al Usuario que “no es específicamente de los usuarios de Casa de Galicia”, que reúne denuncias registradas en todo el año, registra, hasta el 15 de diciembre de 2022, un total de 580 usuarios. Surge del informe que “los cinco prestadores que tienen usuarios de Casa de Galicia no son los que más denuncias recibieron”.

En cuanto a las historias clínicas, Satdjian recordó que “en Casa de Galicia no había historia clínica electrónica”, se registraba en papel, pero aun así, cuando se hizo la distribución de usuarios por el último dígito de la cédula, “se distribuyeron las historias de acuerdo a los prestadores”. Sucedió que luego, en los 30 días que se otorgó a los usuarios para que pudieran cambiarse, quienes lo hicieron no se trasladaron junto a ese documento.

Según dijo, “muchas veces” la historia clínica quedó en el prestador al que la persona fue distribuida en el origen o en el MSP, por lo cual aún se están distribuyendo. El subsecretario consideró que haber contado con un sistema electrónico hubiese facilitado mucho el traslado de los datos, pero aseguró que “se encuentran a resguardo”.

Por último, el director de la División de Servicios Jurídicos, Martín Thomasset, se refirió a las acusaciones de Iglesias sobre el titular del ministerio y otros funcionarios. Respecto del tema y de los pedidos de acceso a la información dijo que la institución “aún se encuentra en plazo de contestarlos”. Aseguró que “la cartera va a cumplir con la totalidad de la diligencia judicial”.