Luego de escuchar las respuestas del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y su equipo, “quedamos preocupados, sobre todo por algunos temas”, expresó en rueda de prensa la diputada por el Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg, tras la comparecencia de Salinas y José Luis Satdjian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda.

Las autoridades rindieron cuentas este martes sobre el ejercicio 2021 y expusieron sus proyecciones para los próximos años. En el área de la salud -específicamente en el caso del MSP- para el ejercicio 2023 el proyecto de Rendición de Cuentas dispone un millón de dólares de incremento y mantiene el mismo aumento para el ejercicio 2024. También se le asignaron 31 millones de pesos de Rentas Generales para vacantes de diversos programas, unidades ejecutoras y algunos objetos del gasto.

Por otra parte, el proyecto autorizó a la Dirección General de Fiscalización del MSP a destinar a diversas áreas lo recaudado por multas “por incumplimiento a lo establecido en la normativa referente al rotulado de alimentos”: 30% al Fondo Nacional de Recursos con el objetivo de que ese porcentaje se utilice para financiar medicamentos y tecnología de alto costo; 20% de lo recaudado a los gobiernos departamentales, y el 50% restante a Rentas Generales.

El proyecto de ley también crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, “que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública”. La agencia, entre otras asignaciones, tendrá a su cargo el contralor asistencial y económico-financiero de los prestadores integrales de salud.

En cuanto a la financiación de los medicamentos de alto costo, Lustemberg agregó que lo que el MSP actualmente gasta en el pago de acciones de amparo -reclamos que los usuarios realizan ante la Justicia para obtener el acceso a procedimientos y medicamentos que no están incluidos en el Plan Integral de Atención a la Salud- “es el doble de lo que el Fondo Nacional de Recursos [FNR] invierte en medicación de alto costo”. Para la diputada, es hora de que el ministro asuma que [la solución] debe ser [a través] de una política de Estado” aunque “no es fácil de resolver, no se puede flexibilizar”, acotó.

La diputada contó que “de forma extraoficial” se sabe que “se van a incorporar nuevos medicamentos” a la lista de cobertura del FNR y que en “todo lo que sea para mejorar la salud estamos de acuerdo”, pero “hay que ir más rápido”. Que se haya gastado “el doble por vía judicial requiere de un trabajo serio y es un asunto que no se debe politizar”, dijo.

En cuanto a la propuesta de destinar 30% de lo recaudado en la fiscalización de alimentos al FNR, opinó que el incremento “no da impacto” y que “se sabe que los mayores ingresos del FNR son por Rentas Generales y por el Fonasa [Fondo Nacional de Salud]”.

Sobre la creación de la Agencia de Información y Gestión, el diputado frenteamplista Luis Gallo acotó, también en rueda de prensa, que le preocupa “el fondo del tema”. Si bien el fortalecimiento del área “es muy importante, lo que no nos parece es que el tratamiento de una agencia tan importante esté incluido en la rendición”, explicó. Según Gallo, la propuesta del FA es desglosar los artículos y trabajarlos con profundidad en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Intercambio

“Hay cosas que no se destacaron en la presentación del MSP”, repasó Lustemberg en diálogo con la diaria. Se refirió, por ejemplo, al gasto en medicamentos de alto costo: el MSP expuso que el gasto del FNR en 2021 “fue de 46 millones de dólares, y 70 millones de dólares pagó el ministerio por recursos de amparo”, pero “no consideraron destacar ese dato”, agregó.

Sobre la ejecución presupuestal 2021, la oposición observó que fue “14% mayor que en 2020” y ese incremento se explica por el gasto en los recursos de amparo para el acceso a medicamentos. “El gasto es cada vez mayor”, reiteró. Para graficar el aumento recordó que en 2012 “el MSP gastó 2% del total del gasto del organismo en recursos de amparo”; esa cifra va en aumento y en “2019 llegó a 51%, y en 2021 a 58%”.

Sobre el artículo que habilita a que se destine 30% de lo recaudado por incumplimientos con base en la ley de rotulación de alimentos, la diputada consideró que “el artículo asigna recursos fiscales que son inciertos” para “un uso que exige certezas en la partida” por lo cual es un artículo que “no aporta en nada al financiamiento y la sustentabilidad” del FNR.

Por otra parte, se pidió información sobre La Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental. “Preguntamos qué pasa con el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y nos dijeron que ya se había conformado una nueva comisión”, pero “las respuestas no fueron del todo claras”, según Lustemberg. Para conocer más sobre el área, la diputada adelantó que pedirá información al Ministerio de Desarrollo Social, porque este también destina recursos a programas vinculados a la salud mental.

Según Lustemberg, sobre estos y otros temas sobre los cuales se dialogó en la comisión, los integrantes del MSP se comprometieron a enviar más información, porque la exposición de motivos de algunos artículos del proyecto de ley “no expresan lo mismo que las autoridades expresaron ayer en la comisión”. “Hay incongruencias”, por lo cual pedimos “más precisión”, comentó.

“Pasó la pandemia y el intercambio está en cómo se va a fortalecer el ministerio en capacidades vinculadas a la rectoría”, porque si bien se reconocen las fortalezas sanitarias, es el momento “de trabajar en mejorar el sistema de salud y atender las consecuencias de la pandemia”, concluyó.