A diez años de la promulgación de la Ley 19.172, que regula la producción, distribución y venta del cannabis, la Junta Nacional de Drogas (JND), junto al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y otras instituciones, realizaron este martes un foro académico sobre las políticas de regulación de cannabis en los últimos diez años, los avances y los desafíos que hay en el país y en la región. El foro tuvo diversidad de enfoques, entre ellos, las políticas de regulación en seis países sudamericanos, una comparación entre la legislación nacional y la de algunos países puntuales, y el desarrollo del cannabis medicinal, así como el rol del Estado en cada una de las aristas.

La exposición sobre el desarrollo del cannabis medicinal y la implementación de la ley estuvo a cargo de Raquel Peyraube, especialista en endocannabinología y usos problemáticos de drogas, quien además participó en la redacción de la normativa. Peyraube se centró en identificar algunos aspectos del documento que, a su entender, requieren “revisión y adecuación”, presentó algunas propuestas alternativas al texto actual y también se refirió a los desafíos que se presentan al comparar lo que establece la norma con lo que sucede en los hechos en la producción, la distribución y el mercado del cannabis.

La especialista sostuvo que cuando la ley se creó había “mucha imaginación y poca realidad sobre cómo consumen los usuarios”, y afirmó que muchas de las cosas que plantea el documento no se cumplen. Por ejemplo, “cuando redactamos [la ley] pusimos que tenía que ser evaluada una vez por año y que sobre eso se enviaría un reporte al Parlamento”, pero es algo que va a ocurrir recién “ahora, luego de diez años”, apuntó. En tanto, “lo único” que se hizo hasta ahora fue un informe de un solo autor, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se refiere a los daños que produce el cannabis y “no a la implementación de la normativa”.

En cuanto a lo que establece el documento, Peyraube mencionó algunos aspectos con los que no está de acuerdo, entre ellos, los clubes cannábicos, porque considera que “la mayoría son negocios que no pagan impuestos”, o sea, espacios que “encontraron el resquicio para meterse en los huecos de la ley”, y que quienes reglamentariamente no pueden vender optan por esta vía.

Para Peyraube, también quedaron vacíos legales para algunos participantes de la cadena, entre ellos, los pequeños comerciantes. Sostuvo que se tendría que habilitar la participación de este grupo en la producción y distribución, justamente, para que no tenga el club como única opción. Una de las alternativas que planteó fue que en Uruguay se implementen “boutiques de cannabis”, donde se venda una amplia gama de variedades legales para que la gente elija, y opinó que sería favorable que se habilite la venta a quienes no residen en el país. Cuando se redactó la ley, “el fundamento fue que no querían instalar el narcoturismo; la respuesta fue que es algo que tenemos desde 1974”, recordó.

Por todos los motivos anteriores, la especialista evalúa que “la ilusión de control generó ausencia de control”, porque hasta ahora “nadie ha podido controlar el mercado” del cannabis, y uno de los errores fue querer poner el foco sólo en “legalizarlo para el uso adulto y combatir el narcotráfico”. Sobre estos aspectos resumió que la mayoría de las dificultades están vinculadas a la falta de competencia, eficacia y pragmatismo de las agencias y organismos del Estado responsables de la implementación, así como a una “débil voluntad política”.

El cannabis medicinal y su vínculo con el “derecho a la salud”

Sobre el cannabis medicinal, Peyraube puntualizó que se está produciendo el “desarrollo de un mercado no regulado” y que eso se debe a varias cosas; una de ellas es que la gente “no puede pagar 10.000 pesos por mes” cuando necesita un producto. Evaluó que hay ausencia de inclusión de directivas que se basen en la evidencia científica disponible y la evaluación continua, y sostuvo que hay “falta de educación profesional, sobre todo para el uso medicinal”. Además, apuntó que se antepone un “excesivo poder del aparato burocrático, que no ha sido capacitado sobre este campo de conocimiento” y, por lo tanto, “no ha funcionado con eficacia”.

Sobre los productos para uso medicinal, agregó que “no hay control de calidad o de concentración” y lamentó todas estas carencias porque la ley, además de regular el mercado y el consumo, “tiene que ver con proteger derechos, y uno de ellos es el derecho a la salud”.

A su vez, Peyraube consideró que por ahora “no es un medicamento de primera línea y que lo cierto” es que no se lo puede incluir en el Formulario Terapéutico de Medicamentos porque hay “200 medicamentos antes”. Aun así, dijo que se debería agregar por cuestiones políticas. “Es la mejor razón para incluir a los pacientes en el abordaje legal, dar la posibilidad de ir a una mutualista” y solicitar allí el producto a base de cannabis que necesita para su padecimiento, explicó.