Tras conocerse el documento que detalla y fundamenta el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley que cubre parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia, los gremios de extrabajadores médicos y no médicos criticaron algunos argumentos de la justificación, que calificaron como “falsos”.
A grandes rasgos, el argumento del Poder Ejecutivo para vetar la ley es que asumir las deudas del exprestador va contra algunos artículos de la Constitución de la República y, a su vez, plantea “otras objeciones de derecho y mérito” que remarcan que el Estado debe hacer “un cuidadoso manejo de las disposiciones del erario y la contención del gasto público”, lo que en este caso no se puede garantizar porque “no es posible conocer durante cuánto tiempo y por qué montos el Estado deberá asistir” al Fondo de Garantía de Créditos Laborales, por lo tanto, la asistencia económica “afecta las disponibilidades del tesoro y altera la planificación financiera”.
Este lunes, el Sindicato Médico del Uruguay, el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia analizaron los fundamentos del Poder Ejecutivo en una declaración a la que accedió la diaria y los calificaron como falsos.
El texto que veta parte de la normativa dice que la ley crea “un sistema de garantías de los créditos laborales específico para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”, pero los trabajadores consideran que “esto es falso” porque la ley “no crea una situación más ventajosa, sino que, por el contrario, intenta equiparar la situación entre los extrabajadores de Casa de Galicia y los trabajadores de cualquier empresa privada”, disponiendo que el Banco de Previsión Social (BPS) resuelva la situación conforme a la Ley 19.690, vigente desde 2018.
Por otra parte, con respecto a los plazos para resolver el pago, el texto del Poder Ejecutivo afirma que “se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados”, pero para los extrabajadores tampoco es así porque “el plazo legal que tiene el BPS para expedirse sobre el pago de este fondo es de 150 días”. En diciembre de 2022 los trabajadores solicitaron el pago, por lo que el plazo se venció en abril y transcurrieron 11 meses desde la solicitud. Aparte de esos plazos, la ley aprobada determina 180 días más “que se deben sumar a los 11 meses transcurridos”. Por lo tanto, para los gremios no es de recibo calificar de “breves y perentorios” estos tiempos adicionados por los legisladores.
Específicamente sobre los montos a saldar, el texto afirma que es “un monto indeterminado”. Para los extrabajadores “es difícil de creer” que el Poder Ejecutivo “no haya podido hacer los cálculos de los montos que implicaría cumplir” con la Ley 19.690. Asimismo, aclaran que, según información pública que surge del expediente concursal de Casa de Galicia, el gasto en caso de que se presentaran todos los trabajadores de Casa de Galicia, que según los registros de los gremios son 2.078, “sería de 23.316.453 dólares”.
Por último, en relación con el Fondo de Garantía de Créditos Laborales del BPS, aclaran que está integrado por el aporte de las empresas y trabajadores, y es administrado por el banco estatal. A su vez, fue reglamentado por decreto “con el propósito de cubrir la contingencia de insolvencia del empleador en los procedimientos previstos” por la Ley de Proceso Concursal 18.387. Ese fondo actualmente cuenta con 12 millones de dólares y “todos los meses ingresa un monto aproximado de 300.000 dólares”, según fuentes de los trabajadores.
Trabajadores no médicos: “confiamos en que se va a ratificar” la ley
En diálogo con la diaria, Flor Constanzo, exfuncionaria de la institución médica, contó que desde el veto el grupo está en comunicación con senadores y diputados “de todas las bancadas” porque apuestan a “intentar levantar el veto”, la “última instancia que queda”. Constanzo recordó que para lograrlo se precisan los votos de tres quintos de los presentes en la Asamblea General. Por el contrario, si no se levanta el veto, optarán por ir a juicio.
Constanzo calificó las razones que el Poder Ejecutivo incluyó en el justificativo del veto como “un disparate jurídico”, sobre todo respecto de la afirmación de que “quedamos por arriba de otros trabajadores”. Coincidió en que si los extrabajadores de la mutualista presentan una diferencia con el resto, se trata de una diferencia que los perjudica.
En cuanto al monto de los adeudos, agregó que “es totalmente calculable” y que incalculable sería el “costo de los juicios”, cuyo monto sería unas “tres veces” que lo destinado por la ley recientemente aprobada en el Senado.