La última Rendición de Cuentas adjudicó 20 millones de dólares a diferentes planes de trabajo, instituciones y mejoras que se nuclean en el “Plan nacional para el abordaje de la salud mental y las adicciones”. Si bien el documento recién ingresó al Parlamento, es decir, aún queda tratarlo y aprobar o redistribuir los montos, se prevé que en estas áreas los legisladores acompañen buena parte de lo propuesto por el Poder Ejecutivo. En tanto, las instituciones ya anunciaron varias líneas de trabajo que empezarán a implementarse incluso antes del primer mes de 2024.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es uno de los organismos que reciben una partida importante. Específicamente, para el ejercicio 2023 el proyecto dispone una partida de 60 millones de pesos y una de 240 millones de pesos más a partir del ejercicio 2024, destinados a financiar nuevos cargos y a hacer “adecuaciones salariales para la conformación de equipos especializados” en el área de adicciones.

En este marco, la diaria dialogó con el director del área de Salud Mental del prestador público, Eduardo Katz, quien afirmó que la institución no esperará a que se confirmen las partidas, sino que ya comenzó un camino de trabajo que tiene varios objetivos, entre ellos, ampliar varios lugares de atención y descomprimir otros para los cuales la Ley de Salud Mental (19.529) pautó su cierre.

Katz es psiquiatra y magíster en Administración de Empresas de Salud. Antes de llegar al cargo que ocupa –que asumió en noviembre de 2022, tras la renuncia de Pablo Fielitz– fue director del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos) de ASSE.

¿Cree que recientemente las patologías de salud mental, las adicciones y el suicidio tomaron otra relevancia a nivel social y político?

La relevancia fue siempre la misma, son temas que afectan a la sociedad en conjunto. Los que generan más complejidad son las adicciones y los trastornos de ansiedad; el desenlace menos deseable son los suicidios, que se incrementaron a lo largo de las décadas. Lo que sí sucede es que por primera vez el espectro político hace foco en este tema y hace algo que antes no había pasado: destinar una cifra importante de dinero. Eso nos obliga a ponernos a trabajar seriamente, porque no podemos esperar al 1º de enero de 2024 a que eventualmente estén los fondos para después ver en qué los implementamos.

Hace años se aprobó la Ley de Salud Mental y sabemos que su implementación en algunos aspectos, como la desinstitucionalización de los pacientes, es lenta. ¿Qué pasó con esa norma?

La ley tiene lineamientos con los cuales concuerdo, pero se aprobó con un plazo y sin los recursos apropiados como para poder llevarla a cabo. En las excolonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, los hoy llamados Ceremos, había más de 2.000 personas. Cuando se aprobó la ley, decir que cerrábamos las colonias no era viable, porque esa gente tenía que ir a algún lugar; lo que se hizo entonces fue cerrar el ingreso y, para quienes ya estaban allí, buscar dispositivos alternativos en los cuales darles respuesta. A partir de la ley se crearon algunos dispositivos, por ejemplo, casas de medio camino, que permitieron que de esos 2.000 queden alrededor de 500. Eso quiere decir que la desinstitucionalización está funcionando al ritmo que se puede. Luego hay un abanico de posibilidades entre las personas que pueden reinsertarse más fácilmente a la sociedad y otras que van a necesitar estar en lugares protegidos en los que recibirán asistencia. El programa de egreso [hospitalario de ASSE] estudia cada caso y ayuda a que los pacientes de las colonias y del [hospital] Vilardebó dejen las instituciones.

Aun así, por ejemplo, en el Vilardebó, hay personas que pasan muchos años allí y por diferentes motivos no egresan.

Muchos son pacientes judiciales, es decir, que ingresan porque tienen una pequeña descompensación vinculada a un tema de adicción, pero cuando la persona termina su tratamiento el juez oficia que no se le puede dar el alta médica porque no tiene dónde vivir, entonces termina viviendo en el hospital. Lo que hicimos fue reunirnos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y explicarle que el Vilardebó no es un lugar digno para que viva una persona que no tiene a dónde ir. En este proceso pudimos llegar a la Suprema Corte de Justicia y ahora comenzamos una serie de reuniones para ver si se puede encontrar una manera de que los jueces no oficien que se queden en el Vilardebó y que sean derivados a otros dispositivos. A su vez, hay un núcleo de personas que, en situación de cometer un delito, al pasar por el Instituto Técnico Forense consiguieron el rótulo de esquizofrenia, por lo tanto no son imputables, es decir que están en un estado en el que no supieron o tuvieron su leal saber o entender de tal acto cometido. Eso generó que en su momento los enviaran a las colonias; ahora ya no se puede, pero ese pequeño núcleo es disruptivo y vulnera los derechos de los demás. También estamos trabajando en eso.

¿Entonces es un hecho que el Vilardebó no cierra?

Lo que dice la ley es que cada hospital general debería tener un sector de salud mental para que no se discrimine. No podemos cerrar el Vilardebó hasta no tener ese lugar en cada centro. Estamos trabajando en hacer 64 camas de atención psiquiátrica en el hospital Pasteur para descomprimir la situación en el Vilardebó, en el que hoy hay 315 pacientes judicializados y 70 camas o más son de pacientes sociales [que no tienen dónde vivir].

¿Es necesario acentuar el trabajo interinstitucional para abordar este tipo de temas con mayor eficacia?

No sólo es necesario, lo estamos haciendo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene pensado, a través de la Rendición de Cuentas, crear 600 casas de medio camino; en eso participamos en la parte sanitaria. También hay que trabajar con organismos educativos, porque es importante abordar el tema de la adicción antes del consumo, para reducir los daños. Como prestador de salud, cuando recibimos un adicto estamos recibiendo las consecuencias del problema y no las causas. Vamos corriendo atrás de la demanda generando más oferta, pero es un camino interminable. La forma más eficiente es bajar la demanda con prevención, porque la oferta nunca llega a estar al mismo nivel.

En la línea de la oferta y la demanda, ¿qué sucede con el atraso en las consultas para psicología y psiquiatría? ¿No alcanza la oferta para la demanda que hay?

No es sólo eso. Aumentamos la oferta con la creación de 170 funciones de alta dedicación para psiquiatría y a su vez debimos aumentar los salarios para que a los especialistas no les sea más atractivo migrar a lo privado, pero notamos el ausentismo de los pacientes. Por momentos llegamos a extremos de que el 50% no concurría. Ahora llamamos el día antes para confirmar la asistencia, pero, aun así, cerca del 30% no concurre.

Específicamente en cuanto a los 20 millones de dólares, ¿qué acciones van a tomar?

Primero vamos a reforzar la aplicación de guías, programas y acciones que tanto ASSE como los ministerios y organizaciones vinculadas tenemos en marcha. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública tomó la decisión de eliminar el copago de los antidepresivos, disminuir a un tercio el pago del tratamiento con psicólogos y otras acciones que marcan la diferencia. A su vez, tenemos el Portal Amarillo, que va a aumentar de 30 a 51 plazas; crearemos salas de desintoxicación en varias partes del interior y hacia 2024 tenemos proyectado sumar plazas en varios departamentos: cuatro en Pando y en el hospital Maciel, seis en Tacuarembó, el hospital Saint Bois, San Ramón, Paysandú, y para personas privadas de libertad; ocho en Colonia y 15 en Maldonado. Además, tenemos un proyecto para Ceremos: pasarán todos los pacientes a la ex Etchepare y en la Carlos Rossi se instalarán 20 camas de desintoxicación y tres centros comunitarios. También queremos fortalecer el tratamiento en lugares en los que no hay psiquiatra, estamos en plan piloto con telemedicina que ya funciona en cárceles.

¿Está de acuerdo con la internación compulsiva?

El tratamiento de un paciente que es adicto es posible siempre y cuando él quiera salir de la adicción. Es un camino tortuoso, complejo y habrá recaídas; si el paciente lucha contra eso puede salir y convertirse en un adicto en abstinencia. Podemos internar a un paciente para desintoxicarlo; de hecho, estamos obligados a hacerlo porque corre riesgo de vida, pero en la parte de deshabituación o reinserción, si el paciente no quiere y dice ‘voy a seguir consumiendo’, eso no se puede imponer por ley o por decreto.

¿Eso quiere decir que está en contra de la ley o que le parece que no es “viable” recuperar a alguien en contra de su voluntad?

Simplemente me parece que no es viable recuperar a alguien en contra de su voluntad.

¿Cree que la inversión en salud mental y adicciones permitirá crear una política de Estado que una esfuerzos?

Cuando el gobierno dispone de 20 millones de dólares tenemos una oportunidad histórica. Hace cuatro décadas que me dedico a esto y nunca vi nada igual. Es el momento de generar un camino para tratar de disminuir todos estos problemas que tanto daño nos hacen como familias y como sociedad. En este sentido, es importante entender que también se requiere el esfuerzo de quienes no están en el ámbito de la salud, porque creer que el tema de la salud mental es estrictamente sanitario es un error, y mucho más equívoco es pensar que sólo lo puede resolver un psiquiatra, porque eso es ponerlo en una posición de omnipotencia que no tiene.