“El Ministerio de Salud Pública [MSP] está intentando, por todos los medios, lograr la estabilidad de la institución”, expresó este miércoles en el Parlamento la ministra de Salud Pública, Karina Rando, sobre el Casmu, en una sesión que no dejó conforme a los legisladores de la oposición, porque si bien el pedido de reunión era para entregar el primer informe de los interventores sobre la empresa, eso no ocurrió, dado que la cartera le dio a la mutualista diez días de plazo para que haga sus descargos, antes de difundir el documento.

A pesar del poco margen de respuesta de parte del MSP, los legisladores hicieron consultas, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Por ejemplo, la senadora frenteamplista Sandra Lazo consultó si los interventores identificaron delitos, a lo que la ministra respondió que no se detectaron “demasiadas situaciones”. “Tal vez haya habido alguna presunción, pero no existe nada fehacientemente comprobable”, afirmó la ministra, que reconoció que “sí existen irregularidades desde el punto de vista administrativo”.

Distintos legisladores de la oposición expresaron su disconformidad con no haber recibido el informe que se entregó a la comisión directiva del Casmu. El diputado frenteamplista Luis Gallo hizo un pedido de informes al MSP para saber con exactitud cuándo se cumplen los diez días de plazo legal para que el Casmu realice sus descargos porque, en su teoría, según dijo a la diaria, desde Torre Ejecutiva alguien le solicitó a Rando que no difundiera el informe, que aparentemente no es positivo, antes del balotaje.

“No hay ninguna explicación legal sobre los plazos que se manejaron, porque se supone que cuando la ministra solicitó la reunión ya le había entregado [el documento] al Casmu, tenía la contestación de la mutualista y estaban en el plazo legal para entregarnos a nosotros el documento”, analizó Gallo. Por tanto, consideró que no lo entregaron porque “les pidieron que frenen el proceso”.

Por otra parte, el legislador consideró que la “presunción” de hechos ilícitos ameritan una denuncia penal porque “es una responsabilidad de los funcionarios públicos”.

Consultado sobre las acciones que entiende que el ministerio debería tomar ante la situación actual de la mutualista, Gallo expresó que lo que haría “sería desplazar las autoridades, porque hasta ahora los interventores no pueden trabajar correctamente, porque les complican el acceso a la información”. “Lo mejor sería que los interventores asuman la responsabilidad de los interventores y llamar a elecciones con las debidas garantías”, aunque “nadie puede votar libremente porque se le ve afectado el trabajo”, lamentó.

Según supo la diaria, este jueves el MSP convocó a los trabajadores de la empresa, pero tampoco les entregó el informe, sino que les pidió que aguarden por los descargos de la institución.