El Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó el martes que, finalmente, luego de haber presentado la propuesta en la Rendición de Cuentas 2022, se puso en vigencia una modificación a la Ley de Alimentación en Centros Educativos (19.140), promulgada en 2014, que dispone el control de los alimentos que se venden en los centros educativos y prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas denominados ultraprocesados, los cuales no están recomendados por el MSP y organismos vinculados a la alimentación.
La modificación, ya vigente, prohíbe la venta de alimentos ultraprocesados en cantinas o quioscos que se encuentren dentro de los centros educativos. “Los alimentos y bebidas que presenten octógonos que indiquen excesos no pueden venderse, tampoco se permite la publicidad, promoción o patrocinio”, indicó el MSP en un comunicado.
Consultados por la diaria, desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, y la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles, consideraron que la medida es buena y un paso más en las políticas de promoción de la alimentación balanceada y saludable, pero marcaron la necesidad de que el MSP fiscalice y establezca otras medidas en el marco de un plan nacional.
Alejandra Girona, integrante del Observatorio, apuntó que, en principio, la modificación a la ley es necesaria porque lo que compran niños y adolescentes en centros educativos es “parte importante” de su proceso de alimentación, al igual que la alimentación que reciben por parte de las instituciones educativas, que debe ser “digna, balanceada y saludable”. En cuanto a la ampliación de la ley, que hace diez años buscó “regular las meriendas”, agregó que es algo favorable porque invita a otros diálogos “necesarios”, por ejemplo, con quienes gestionan las cantinas.
La nueva medida abarca sólo el interior de los centros, por lo tanto, en los comercios cercanos a las instituciones se podrán seguir comerciando alimentos ultraprocesados, por eso, hay que considerar que “son medidas aisladas, que si bien ayudan”, sin un “plan nacional de seguridad alimentaria que contemple una visión más integral, pierden efecto”, agregó Girona.
Girona consideró que es necesario tener una mirada global del sistema, lo que implica “pensar en todas las partes vinculadas a la alimentación”, como los hábitos alimenticios de la población uruguaya y los aspectos en los que el Estado está omiso, porque “cuando haya un plan a largo plazo se van a poder medir mejor los resultados”. Desde el Observatorio, “en este año electoral” reivindican “que el gobierno de los próximos años no pierda de vista los temas vinculados a la alimentación”, acotó la licenciada en Nutrición.
Educar y fiscalizar
En tanto, desde la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles, expresaron su apoyo a la medida del ministerio pero puntualizaron en que en los centros educativos “falta educación e información sobre qué es publicidad”, motivo por el cual desde su origen “la Ley 19.140 en su mayoría no se cumple”. Por otra parte, opinaron que es necesario fiscalizar, “porque, si no, es lo mismo que [si la norma] no existiera”. Asimismo, señalaron que se creó una comisión para implementar la ley modificada, que la Alianza pidió integrar, “pero aún no hubo respuesta” al respecto.
Además de la venta de ciertos productos, el colectivo consideró que es necesario fiscalizar el estado de las cantinas de los centros educativos en general, basados en datos que solicitaron hace unos meses. Para conocer el estado de estos espacios realizaron un pedido de acceso a la información pública a la Intendencia de Montevideo y, según la respuesta que la comuna emitió el 18 de diciembre de 2023, ese año fiscalizó 63 centros educativos, de los cuales 41 tenían cantina y, de ese total, “75% no tenía la habilitación del servicio de regulación alimentaria” de la Intendencia.