La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), elaboró un informe con el aporte de un grupo de profesionales e instituciones uruguayas vinculadas a distintas áreas para mejorar “la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes” en el país.

En diálogo con la diaria, Gabriela Garrido, docente de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y una de las autoras del informe, señaló que además de considerar lo delicada que es la situación de la salud mental en niños, niñas y adolescentes en general, el trabajo se centró particularmente en quienes están en amparo, porque son un grupo “especialmente vulnerable”.

Luego de una revisión de las normativas vigentes en el país, entre ellas el Plan Nacional de Salud Mental, Garrido dijo que “trascendió la idea de que no podemos pensar en generar dispositivos en un único nivel de atención”. Lo que pasa en el sistema actualmente es que hay “mucha demanda y poca capacidad de respuesta”, por eso “estamos convencidos de la necesidad de generar una red” de atención de la salud mental, resaltó.

“No hay que abrir servicios de forma indiscriminada, sino buscar que estén insertos en una red”. Además, señaló que es necesario que los servicios “tengan puertas de salida certeras” y que, por ejemplo, las internaciones no se perpetúen, según explicó la especialista. Garrido explicó que se detectó falta de egresos coordinados y falta de trabajo conjunto con otros sectores, por ejemplo, con el área de la educación. Según las entrevistas que los autores realizaron a distintos profesionales, “las personas que trabajan en servicios de protección demandan coordinación con el sistema de salud”.

En resumen, se valoró especialmente la necesidad del fortalecimiento del primer nivel de atención con otros recursos humanos que “no necesariamente tienen que ser psiquiatras”. Los autores propusieron incluir a enfermeros especializados en salud mental, trabajadores sociales y licenciados en Psicología, entre otros.

Por último, Garrido sostuvo que el sistema de salud “debe dar respuestas” y seguir trabajando en los estándares internacionales. La Ley de Salud Mental “quedó un poco corta” en lo que plantea respecto de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, “porque tiene más una mirada adulta”, concluyó.

Algunos aportes

El informe concluye, entre otras cosas, que hay “necesidad de producir cambios en cuanto a los modelos de atención” de la salud mental. A su vez, observa “con claridad la concentración de servicios de atención y de profesionales” en Montevideo y el área metropolitana y se detectaron ausencias de protocolos, por ejemplo, en los dispositivos de emergencia pediátrica.

Con base en lo anterior se sugiere instalar dispositivos intermedios de atención para fortalecer la red de atención a la que se refirió Garrido. Se plantea la incorporación de más dispositivos “de medio camino” y potenciar el Hospital de Día que existe en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, pero con una distribución geográfica regional que contemple las diferentes localidades del país.

El informe también resalta la necesidad de que existan centros de corta estadía dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y que se extiendan en el sector privado. Estos centros “deberían estar claramente integrados con otros dispositivos en la red de atención en salud mental”, apunta.

Estas recomendaciones se fundamentan en que la hospitalización psiquiátrica de corta estadía “constituye un recurso fundamental y necesario en el abordaje de situaciones de urgencia” que, por su gravedad, estado de crisis o agudeza, implican la necesidad de establecer tratamientos intensivos, con utilización de herramientas psicofarmacológicas y psicosociales. “Es fundamental la creación de espacios adecuados que fomenten la recuperación, con adecuados tiempos de ocupación y tiempos de descanso y ocio”, señala el informe.

De todas maneras, se aclara que el acceso a la información y comunicación adecuada de los profesionales del sistema de atención en salud mental “también es indispensable” para garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean atendidos “en el nivel y en el dispositivo que corresponda a su situación”, también para evitar las institucionalizaciones de atención, tanto de corta estadía como los centros de 24 horas, “más allá de lo estrictamente necesario para su recuperación y reinserción familiar y social”.

Por último, “sería recomendable” que todas las instituciones utilicen estándares similares en cuanto al modelo de atención, la calidad de los servicios, cantidad y perfil de los recursos humanos. Estos estándares “deberían estar establecidos por los organismos reguladores de la atención” de la salud mental u organismos vinculados al monitoreo de los derechos humanos.