Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 20.079, de internación involuntaria de personas en situación de calle, Fernanda Auersperg, la directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), informó en rueda de prensa este lunes cómo procedieron los equipos de la cartera en las primeras dos jornadas de aplicación de la normativa. La jerarca indicó que desde el domingo y hasta la tarde del lunes se realizaron dos procedimientos al amparo de esta norma y, según supo la diaria, en ambos casos se requirió la intervención policial.
Auersperg detalló que en las primeras horas de implementación se condujo hacia centros de salud a dos personas que se encontraban en situación de calle en la zona del centro de Montevideo. La primera intervención se realizó en la mañana de este lunes y se trata de una mujer que “ya era conocida por los equipos de calle del Mides hace más de 12 años”, según señaló la directora. Es alguien que “tiene su capacidad de juicio muy afectada, problemas cognitivos importantes y desnutrición”, agregó.
La segunda intervención fue durante la tarde, porque si bien los equipos del Mides habían detectado el caso en la mañana, en el primer contacto la persona escapó. Horas más tarde volvieron, tuvieron un intercambio y realizaron el traslado. Según indicaron fuentes del Mides a la diaria, “si bien en primera instancia intervino el Ministerio del Interior (MI), la persona accedió a ser trasladada voluntariamente al hospital”.
Auersperg informó que el Mides, antes de aplicar la ley, ya tenía detectados unos 20 casos críticos. Son situaciones que “antes quedaban por fuera, porque si bien no había un riesgo de vida inminente, la persona entraba en un espiral de deterioro muy difícil que generaba riesgos para sí, para terceros y no querían adherir a los dispositivos del Mides”, agregó.
En cuanto al procedimiento, recordó que intervienen funcionarios del Mides en duplas, junto a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y, si se requiere apoyo, se solicita la presencia del MI. Una vez que la persona llega al centro de salud comienza a aplicarse lo establecido en la Ley de Salud Mental (19.529), según Auersperg. En cuanto a los cupos de los dispositivos, si bien aún no se sabe la demanda específica, de ser necesario se contratarán servicios en el sector privado.
Cuando la persona tiene el alta, “esperamos darle respuesta en el marco de la atención integral que hemos estado construyendo, creemos que lo más adecuado sería una casa de medio camino donde se pueda asegurar la continuidad de los cuidados y el tratamiento”, manifestó Auersperg sobre el momento en el que la persona trasladada deja de estar en un cuadro de “riesgo”.
Sobre las alertas de los vecinos sobre las personas en situación de calle, la directora dijo que si bien en las últimas horas no varió la cantidad de llamados, “los vecinos dan más detalles” sobre la situación en la que se encuentra la persona y eso permite al Mides clasificar mejor el tipo de riesgo.
La ley preocupa a distintos colectivos vinculados a salud mental
Durante los últimos días, luego de que se ajustaron los últimos detalles de la normativa y se anunció su ejecución, varios colectivos vinculados a la salud mental se manifestaron en contra de la ampliación de la Ley 18.787, que ya habilitaba la internación compulsiva para personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o de muerte.
La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay mostró preocupación bajo el argumento de que la nueva ley vulnera derechos. Consultada sobre estos cuestionamientos, Auersperg manifestó que, a su entender, la organización “no entendió el espíritu de la ley”, y afirmó que aún no ha tenido una comunicación directa con el ministerio.
Por otra parte, este lunes el Frente Antimanicomial emitió un comunicado en el que expresa que el grupo también está en contra de la ley porque “es innecesaria, contraproducente” y genera “retrocesos legislativos”, debido a que la internación involuntaria ya estaba contemplada en la Ley de Salud Mental.
Para el Frente Antimanicomial, la nueva ley genera menos garantías y “retrocesos en el debate y en la política pública”, ya que promueve como respuesta a la situación de las personas en situación de calle el retiro de las personas de la vía pública en contra de su voluntad.
“Quienes viven en situación de calle no lo hacen porque quieran, sino porque no encuentran una mejor solución a su problemática y sufrimiento”, por ello “tenemos la convicción de que trabajando de forma conjunta se pueden generar posibles soluciones” y “entendemos que las respuestas violentas generan más situaciones de violencia y por lo general son contraproducentes”, amplía el comunicado.
Por último, el grupo rechaza que se aborde una problemática compleja “desde prácticas simplistas, violentas y que criminalizan a la población, sin brindar soluciones que atiendan la vulneración de los derechos de las personas que por diferentes motivos se encuentran en situación de calle”.
Por otra parte, desde la Organización de Usuarios de la Salud del Oeste, comunicaron “profunda preocupación por la puesta en marcha de la ley”, porque “es contraria” a la Ley de Salud Mental, normativa que “sigue sin ser implementada y presupuesto suficiente para abrir dispositivos que atiendan, entre muchas necesidades urgentes, el consumo de sustancias”.
Para la organización, la ley recientemente implementada “es un manotazo que busca un efecto político, sin ningún aval científico, sin infraestructura para que pueda ser sostenida y contraria a los derechos humanos”.