La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay se pronunció en contra de la ley de internación involuntaria porque “agrava la estigmatización y el riesgo de vulneración de derechos para las personas en situación de calle”, según planteó en un comunicado que difundió este sábado.
La preocupación del organismo también se basa en la creación de nuevas “unidades de internación cerradas” para dar cumplimiento a la ley. Por otra parte, consideran que “sigue sin atenderse la implementación de la red de recursos adecuados” para cumplir las disposiciones de la Ley de Salud Mental (19.529) y el Plan de Salud Mental de 2020.
Para la Sociedad de Psiquiatría, es necesario el abordaje de la salud mental desde un modelo “integral e intersectorial, bajo la necesidad de continuar construyendo un sistema de respuesta acorde” a estos lineamientos que asegure la continuidad de los cuidados en el ámbito comunitario “en forma adecuada según cada situación individual”.
De cara a la entrada en vigencia de la norma, el pasado jueves hubo una reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y varios secretarios de Estado en la que el mandatario transmitió a sus ministros que este es un tema “importante” y “prioritario” para el gobierno.
La ley establece que el Ministerio de Desarrollo Social pueda solicitar que se traslade a centros de salud a las personas en situación de calle “aun sin que estas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”, si un informe médico acredita que estas personas “presentan un riesgo inminente para sí o para terceros”.