A casi un mes de que el Parlamento aprobara por unanimidad y por única vez el proyecto de ley para otorgarle al Casmu el acceso al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, el Poder Ejecutivo emitió un decreto reglamentario a través del cual otorgó más potestades a los interventores que se encuentran trabajando en la empresa desde hace poco más de un mes.

El decreto firmado por la presidenta de la República interina, Beatriz Argimón, establece que para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas autoricen las garantías que permitan el desembolso del préstamo bancario los interventores deberán emitir un informe favorable.

A su vez, podrán requerir a la mutualista “cualquier información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos”. Además, pueden denunciar al MSP cualquier impedimento u obstáculo que tengan para acceder a la información.

Por otra parte, tienen la potestad de elevar a la directiva de la mutualista, a través de un informe, “sugerencias de negativa de asunción, renovación o pago de cualquier obligación” que no se ajuste al plan de reestructuración aprobado, que comprometa el equilibrio económico-financiero de la institución o sobre la cual los interventores entiendan que no exista la suficiente información.

Por último, el decreto establece que eleven al MSP informes con situaciones que entiendan relevantes y que además se emitan a través de la cartera informes al Parlamento.

Opiniones divididas

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, se manifestó a favor de ampliar la potestad de los interventores. De hecho, según manifestó en diálogo con la prensa, era algo que esperaba que los legisladores incluyeran en el proyecto de ley aprobado.

Si bien Rando dijo que el decreto ya emitido se basaría en “respetar la decisión de los legisladores”, la visión de los parlamentarios sobre el tema no es unánime. Durante la discusión de la ley que otorgó acceso a la garantía, distintos legisladores de la oposición expresaron que, a su entender, los interventores ya contaban con las potestades suficientes e hicieron hincapié en la importancia de que el MSP acentúe su rol rector.

En el oficialismo hay opiniones divididas. Algunos legisladores, entre ellos, el diputado nacionalista Milton Corbo manifestó que al proyecto aprobado el 14 de agosto le faltó “más potestades para que los interventores pudieran incidir más en la gestión de la institución”.

Sin embargo, el senador nacionalista Sergio Botana celebró que en el proyecto no se les concediera más potestades a los interventores, como se había manejado durante el debate en comisión. “No conozco [interventor] que haya sacado una entidad de este tipo adelante, no tiene antecedentes, las intervenciones en Uruguay han terminado en la liquidación de las mutualistas”, sentenció.

Según indicaron este miércoles en diálogo con la diaria fuentes de la mutualista, no está claro en qué fecha los interventores emitirán el informe del que depende la liberación de las primeras cuotas del préstamo. A su vez, la próxima semana la mutualista entregará al MSP un nuevo plan de reestructuración.