Este lunes, la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó un informe sobre las personas en situación de discapacidad en Uruguay y las brechas en el acceso a derechos. El documento fue elaborado a partir de los datos del módulo sobre discapacidad del censo 2023.
Se considera persona en situación de discapacidad a quien declaró tener “mucha dificultad” o “imposibilidad” para realizar al menos una de seis actividades: escuchar, caminar, ver, realizar autocuidados, comunicarse o comprender. También se evaluaron otros niveles de dificultad: ninguna, leve, moderada o total.
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Según el informe, en Uruguay hay 197.000 personas en situación de discapacidad, lo que representa el 6,6% de la población. Los tipos de discapacidad más frecuentes son los relacionados con visión, movilidad, cognición, audición, autocuidado y comunicación. Del total, 122.000 (62%) son mujeres y 75.000 (38%) hombres.
La distribución por edades indica que 18.000 personas con discapacidad tienen entre 5 y 19 años, 82.000 entre 20 y 64 años, y 97.000 tienen 65 años o más. Por departamento, la mayor prevalencia se registra en Rivera y Rocha, mientras que Colonia y Maldonado presentan los niveles más bajos.
El informe también analiza las desigualdades entre personas con y sin discapacidad en áreas como educación, empleo, vivienda y acceso a servicios básicos.
En cuanto al nivel educativo alcanzado por la población de 25 años o más, se observa que un 7% de las personas con discapacidad no accedió a la educación primaria, frente al 3% entre quienes no presentan discapacidad. El 46% de las personas con discapacidad completó la primaria, comparado con el 23% de las personas sin discapacidad.
La educación media incompleta alcanza al 29% de la población con discapacidad y al 37% de la población sin ella. Sólo el 7% de las personas con discapacidad terminó la educación media, en comparación con el 10% de quienes no tienen discapacidad. En cuanto a la educación terciaria, el 11% de las personas con discapacidad la completaron, frente al 27% entre quienes no tienen discapacidad.
Respecto a la trayectoria educativa por edades, el 30% de los adolescentes con discapacidad de entre 13 y 14 años aún se encuentran cursando primaria, en comparación con apenas el 5% de sus pares sin discapacidad. En el grupo de 15 a 17 años, un 17% de las personas con discapacidad siguen en el nivel primario, mientras que sólo un 1% de quienes no tienen discapacidad está en esa situación. Entre los jóvenes de 18 a 20 años, el 38% de las personas con discapacidad no ha finalizado la primaria, frente al 17% de las personas sin discapacidad.
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En relación al acceso al empleo, entre las personas de 20 a 64 años, la tasa de actividad es del 57% entre quienes tienen discapacidad y del 85% entre quienes no la tienen. La tasa de empleo es de 49% en personas con discapacidad y del 79% en personas sin ella. El desempleo es del 14% en las personas con discapacidad y del 8% en aquellas sin discapacidad. Entre quienes tienen bajo nivel educativo, el 35% de las personas con discapacidad acceden a un empleo, frente al 69% de las personas sin discapacidad en igual condición educativa.
En cuanto a las condiciones de vida, el 50% de las personas con discapacidad de entre 5 y 19 años viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas, mientras que este porcentaje es del 36% en personas sin discapacidad. Además, el 10% de los hogares donde viven personas con discapacidad carecen de saneamiento seguro, calefacción y acceso a internet. Estos tres indicadores presentan al menos cinco puntos porcentuales menos en los hogares donde no hay personas con discapacidad.
Algunas conclusiones
Se espera que los datos obtenidos sirvan como insumo clave para la elaboración del Plan Nacional de Discapacidad 2026-2030, responsabilidad de la Dirección de Discapacidad del Mides.
Los datos plantean la necesidad de invertir en la creación de entornos accesibles, con espacios públicos transitables para todas las personas, información pública en formatos comprensibles y accesibles, objetos e instrumentos diseñados para el uso universal, y servicios cuyos procesos estén pensados para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad.
El informe “da cuenta de una realidad que no nos gustaría estar presentando. No son buenas noticias”, expresó Federico Lezama, titular de la Dirección Nacional de Discapacidad, durante la presentación. “La magnitud de las brechas presenta una situación alarmante y requiere de acciones”, advirtió.
Agregó que próximamente se presentará el plan de acción de la cartera para los próximos años y que, en este momento, se encuentran realizando una recorrida nacional, dialogando con organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil y personas con discapacidad, “para afinar la puntería de la estrategia”.
“Tenemos que alinear la estrategia a todos los niveles de gobierno y a la sociedad, para tomar decisiones que se puedan sostener y que trasciendan gobiernos. Políticas públicas transformadoras, con acciones necesarias”, concluyó.
Por su parte, Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, señaló la necesidad de jerarquizar las políticas de discapacidad y construir institucionalidad. “Esperamos que el Instituto Nacional de Discapacidad sea una realidad; a partir de la aprobación del presupuesto en el Senado [ya cuenta con media sanción en Diputados], sería una señal importante”, afirmó.