Esta semana, a casi dos meses de su aprobación, la comisión bicameral de seguimiento de la salud mental recibió a las dos primeras delegaciones: la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), Enrico Irrazabal.
En diálogo con la diaria, Carolina Moll, la secretaria general de la coordinadora, detalló que les trasladaron a los legisladores las preocupaciones relacionadas con la salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluida la Ley de Salud Mental 19.529, así como los aspectos que no se implementaron y los recursos no “sólo económicos” que “nunca se destinaron” para dar cumplimiento a la normativa.
“Planteamos que se requiere un nuevo paradigma y que si bien [la aprobada] no es la mejor ley, por lo menos avanza hacia el camino que la salud mental necesita en Uruguay, por lo que hay que implementarla”, acotó Moll. Es “imprescindible” que haya psicólogos en las puertas de emergencia de los centros de salud y que se mejore la precarización laboral de los psicólogos, porque eso “también incide en la atención”, ejemplificó.
En cuanto a las condiciones laborales del colectivo, los psicólogos plantearon la necesidad de ser colegiados, es decir, formados y con las herramientas para poder evaluar, diagnosticar y ejercer. “Significa un respaldo, y poder actuar sobre la mala praxis y las faltas éticas es una seguridad para los pacientes”, explicó. Por último, Moll valoró la comisión como un canal de comunicación sobre el tema y un espacio de posible trabajo en conjunto entre los legisladores, los profesionales y la academia.
Por su parte, Irrazabal explicó a la diaria que trasladó a la comisión la desigualdad de la comunidad en el acceso a la salud mental pensando en la ley y, sobre este eje, planteó varios puntos concretos.
En principio, el plazo de la aplicación de la normativa es este año, pero como no tiene financiamiento “es necesario problematizar y ejecutar el proceso de implementación”, lo que puede repercutir en que “la ley sea muy difícil de aplicar en este momento” y con las condiciones actuales”. Ahora lo central es “intentarlo”, agregó.
El segundo planteo fue “la novedad de la ley”, que a juicio de Irrazabal son el enfoque de derechos humanos y la participación de los usuarios y sus familias en el proceso de atención. “Las organizaciones tienen saberes efectivos acumulados que deben considerarse y congeniar con lo técnico”, afirmó. Otra de las “novedades” del documento que se resaltaron en la comisión fue la promoción, prevención y la internación; “actualmente somos captados por la última y por lo farmacológico; esto hay que desarmarlo”, sostuvo el decano.
También trasladó que hay que poner foco en la coordinación disciplinaria y las políticas y que para eso se necesita “una construcción teórica, técnica y estratégica para abordar la problemática de las disciplinas”. El hospital de día, las casas de medio camino, políticas intensivas y focalizadas, y reducir la internación en períodos breves, pero “siempre acompañada de otras políticas”, son algunas de las otras cuestiones que para el decano es importante resaltar a la hora de implementar el documento.
Desde la academia “lo principal que podemos aportar son modelos y diseños de trabajo en salud mental, así como estudiantes que se forman en un nuevo paradigma”. Sobre la formación, agregó, en el diálogo con la comisión, la posibilidad de que se puedan financiar de manera exclusiva o en conjunto con la Udelar la Licenciatura en Psicopedagogía, la tecnicatura de acompañante terapéutico o en salud mental, y otras formaciones que “llevaron mucha discusión pero que todavía no tienen ni un peso” y que hacen a la mejora de la atención de los usuarios.