Cuando se descompensa una persona con algún padecimiento de salud mental, ya sea esquizofrenia u otro trastorno que genere un cuadro que dificulte el traslado a un centro de salud para la correspondiente estabilización, el entorno suele acudir a la Policía, muchas veces, por recomendación médica, según relataron a la diaria familiares integrantes de diversos colectivos.

Si bien la situación es por demás frecuente, el accionar policial en el caso de Lucas Pedrozo en Durazno y de un paciente en el Hospital de Clínicas derivó en el fallecimiento de ambos como consecuencia de los disparos de los efectivos. Esto causó alarma y puso al descubierto carencias de los procedimientos habituales en situaciones de este tipo.

En principio, fuentes del Ministerio del Interior (MI) consultadas por la diaria reconocieron que el organismo no cuenta con un protocolo específico para este tipo de situaciones y que la formación “es integral”. Quienes sí cuentan con protocolos son los negociadores del Grupo Especial de Operaciones de la Guardia Republicana que se presentan, por ejemplo, cuando una persona está atrincherada, pero cuando hay llamados por descompensación concurre al lugar el equipo policial más cercano.

Ricardo González, vocero del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), reafirmó que no cuentan con un protocolo específico y que muchas veces los funcionarios se presentan por primera vez ante una persona descompensada, sin conocer su caso. Por lo general, se encuentran con personas que por causa de los brotes se tornan “muy violentas”, por lo que reducirlas resulta “imposible” incluso entre cuatro funcionarios.

Para González, es necesario que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) establezca protocolos que coordinen la presencia policial y médica para “brindar garantías”, porque por el momento los funcionarios policiales se hacen presentes solos o a destiempo respecto de los médicos.

Para los familiares de los usuarios, en las intervenciones hay una falla en la coordinación entre la Policía y los centros de salud

El hijo de Nelly Guarneri está diagnosticado con esquizofrenia y ella integra la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca. Desde su experiencia, manifestó a este medio que la experiencia de los familiares y usuarios del centro con la Policía varía y que tienen conocimiento de protocolos “vagos” que se orientan a situaciones específicas, por ejemplo, al suicidio, pero “no hay un lineamiento claro de cómo actuar”, lo que dificulta interpretar lo que significa una persona en medio de un brote.

“Para nosotros tiene mucha dificultad que no se entienda lo que sucede. No comprendemos muy bien cómo funciona la coordinación, pero si al llamar al SAME 105 los médicos entienden que puede haber un riesgo, no vienen si no hay presente personal policial”, relató Guarneri. Ante esto, la culpa de la situación “recae en quien padece la esquizofrenia”, consideró.

Para Guarneri, no es conveniente que la actuación quede fragmentada entre el accionar de la Policía por un lado y del médico por el otro, porque, aunque “en muchos casos la Policía actuó bien, porque a veces solo la presencia de la Policía impresiona a la persona que está en crisis, o el funcionario tiene cierta sensibilidad”, esto no siempre sucede.

En un sentido más amplio, la coordinación también “falla” porque no existe un lugar al que los familiares puedan acudir a informarse sobre cómo actuar ante casos de emergencia, que además les brinde apoyo psicológico y herramientas claras. Por otra parte, cuando el episodio deriva en internación, la coordinación también “falla porque no se comunican con el centro de salud o con el especialista que conoce al usuario”, concluyó Gurneri.

Por su parte, Perla Vivas, integrante de la Federación Caminantes, agregó que las situaciones desbordantes “generan miedo y muchas veces, ante el miedo, no se sabe cómo actuar”. Lamentó el accionar de la Policía de “primero tirar y después preguntar”, y reclamó que “hay que estar más preparado, actuar con más empatía y, si hay que reprimir, nunca tirar al pecho”.

La Facultad de Psicología se pronunció sobre las dos muertes: “Podrían haber sido evitadas”

Este martes la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) emitió una declaración pública sobre las dos recientes muertes tras la intervención policial. “Las situaciones son diferentes, pero se unen en el dolor que sentimos por la sensación de que podrían haber sido evitadas”, expresaron desde la casa de estudios.

La carta agrega que hay varios niveles de responsabilidad. En principio, la “responsabilidad colectiva y la estigmatización de las afecciones”, fruto del “desconocimiento, el miedo, la separación de estas personas como portadoras de un mal, sin historia, sin familia, sin barrio, sin derechos, no personas”.

Por otra parte, los retrasos “injustificables”, de más de cinco años, “en los que no hemos cambiado el modelo de atención en el campo de la salud mental”. También es importante señalar las fallas del Sistema Nacional Integrado de Salud, “mientras los locos, las locas, quienes tienen ganas de matarse, quienes han sufrido violencias de todo tipo siguen rondando las puertas de emergencia, los manicomios, los refugios, la intemperie, el frío, la segregación y el desprecio social”.

La institución agregó que “la tragedia comienza mucho antes” del fallecimiento, “todas las veces que la persona pidió ayuda, cuando algún profesional “le dio el alta sin tener a dónde derivar, todas las veces que los dispositivos existentes no lograron dar una respuesta que ayudara a esta persona a cambiar el rumbo de su vida, a tejer redes que trazaran otros horizontes, otros modos de habitar con otros”. Porque estos dispositivos “aún no existen, o existen con escasa financiación, son los que podrían evitar que ocurran estas situaciones”.

Por último, la carta remarca la urgencia de cambiar el modelo de atención e instalar “otros espacios, modos, poniendo en juego las tradiciones terapéuticas más diversas que componen nuestra cultura”.

Colectivos se movilizan este miércoles y marchan hasta la sede del Ministerio del Interior

16 colectivos vinculados a la salud mental, entre ellos, el Frente Antimanicomial, la organización de usuarios de salud del oeste y Radio Vilardevoz, firmaron una carta pública en la que expresaron que los últimos fallecimientos “no son hechos aislados”, “no son en defensa propia”, y que además “no se trata solamente de la mano del efectivo policial que dispara, sino que son respuestas de un sistema represivo y un Estado insuficiente que atenta contra la vida y que carece de herramientas para priorizar los cuidados en comunidad”.

“En los últimos años no hemos parado de anunciar el estado de emergencia en el que nos encontramos por la alta demanda en la atención en salud mental, por la creciente cifra de personas con padecimiento de lo psiquiátrico, por el aumento de suicidios en la población más joven del país, por las numerosas muertes en situaciones de encierro en manicomios y cárceles, manicomios de adultos y menores de edad”, denuncian los colectivos, que a su vez se preguntan: “¿Cuáles son las condiciones de existencia? ¿Hasta cuándo las seguiremos soportando? ¿Cuántos asesinatos más van a esconder detrás de un ‘riesgo’?”.

Bajo estos reclamos y con la consigna “Paren de matarnos”, los colectivos convocan a una concentración este miércoles a las 17.30 en la plaza Cagancha para marchar hasta la sede del MI.