Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fueron recibidas este martes por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí detallaron las prioridades incluidas en el proyecto de ley de presupuesto, no sin antes escuchar una serie de exposiciones sobre el pedido de renuncia de Álvaro Danza, el presidente de ASSE.

La primera intervención estuvo a cargo del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien, en nombre de los legisladores de su partido, del Partido Colorado y del Partido Independiente, sostuvo que Danza “se encuentra flagrantemente violando el artículo 200 de la Constitución de la República”. La oposición calificó su presencia en la comisión de “ilegítima”.

“Para nosotros resulta evidente que el ejercicio del señor Danza en la presidencia de ASSE viola la Constitución y, en virtud de lo informado jurídicamente por el doctor [Augusto] Durán Martínez, podría llegar a configurar usurpación de cargo”, agregó el diputado.

El inicio de la comisión estaba previsto para las 10.30, pero, tras varios cuartos intermedios y luego de la exposición de Rodríguez, seguida por intervenciones de otros legisladores que insistieron con que Danza “debería renunciar hoy mismo”, el debate sobre el articulado comenzó varias horas después.

Cambios para equiparar al prestador con el resto de las empresas del sistema de salud

Los artículos que integran el inciso de ASSE se dividen en por lo menos tres categorías: estratégicos, con costo y sin costo. Los estratégicos pretenden contribuir a que “ASSE sea efectivamente un prestador de salud que compita en los mercados de salud en igualdad de condiciones que las instituciones de asistencia médica colectiva”, explicaron las autoridades.

En principio, el artículo 519 plantea la reasignación de créditos para poder prestar servicios de manera directa. Esto habilita a que al prestador se le anticipe un crédito presupuestal, por ejemplo, “para comprar un tomógrafo con el compromiso de que los gastos que antes vertíamos afuera por tomografías sea más o menos equilibrado y compense ese anticipo presupuestal que recibimos”, explicó el vicepresidente del prestador, Daniel Olesker.

El artículo 520 busca modificar el destino de la ganancia por venta de servicios, para que centros públicos que cuentan con equipos de primera generación utilizados para estudios complejos puedan vender la atención, pero la ganancia quede en ASSE y no vaya a Rentas Generales, como sucede actualmente. Si bien los fondos requieren autorización presupuestal para gastarlos, “lo producido por esa venta va a ir a un fondo de inversión donde vamos a poder ponerle el ojo, vichando para que, una vez que haya autorización presupuestal, lo podamos gastar”, detalló Olesker.

Por último, el artículo 521 refiere a los ingresos por los usuarios provenientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Actualmente ASSE se financia con ingresos provenientes de Rentas Generales y del Fonasa, por el dinero que el fondo paga a prestadores privados y públicos por cantidad de usuarios. Hasta el momento, cuando ASSE aumenta la captación de usuarios Fonasa, es decir, logra que personas que se podrían atender en el sistema mutual elijan el prestador público, esto no se ve reflejado en un mayor monto de dinero recibido, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iguala el ingreso al de Rentas Generales. Es decir, ASSE atiende a más usuarios pero recibe igual presupuesto. En resumidas cuentas, el artículo propone que si, comparado con el año anterior, ASSE aumenta sus usuarios, ese aumento se vea reflejado en su presupuesto.

Otro de los cambios que no requieren costo plantea que, cuando un funcionario de ASSE que recibe compensación económica pase a trabajar en otro ente, por Comisión de Apoyo, lo haga con su sueldo pero sin la compensación. De esta manera se evita financiar con compensaciones de ASSE “tareas en otras instituciones del Estado”.

Prioridades asistenciales

Las grandes prioridades asistenciales son la salud mental, las trayectorias, embarazo, infancia y adolescencia.

La salud mental requiere “un abordaje integral y acorde a la Ley de Salud Mental, que implique tanto el ámbito de la internación como las acciones desde el primer nivel de atención, mejorando las respuestas de ASSE ante situaciones de urgencia, tiempos de espera y capacidad de internación”, explicó la vocal del prestador, Marcela Cuadrado. Para lograrlo, “nos proponemos trabajar en torno a la reconversión de los hospitales monovalentes, como el Vilardebó, y mejorar el proceso asistencial y la resolutividad de las problemáticas desde el primer nivel de atención”, indicó.

En cuanto al embarazo, la infancia y la adolescencia, como trayectoria o como ciclos de vida, son “un tema de prioridad asistencial para todo el gobierno: enfrentar la injusticia reproductiva que se da en ASSE respecto del resto del sistema y que se ha agravado en los últimos años” como consecuencia de dificultades económicas, desigualdad social, pobreza, malnutrición, violencia, problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias en este grupo poblacional.

Para abordar todo lo mencionado, ASSE solicitó una partida para universalizar la visita domiciliaria. “Por investigaciones, sabemos que la visita domiciliaria a todos los niños nacidos en ASSE previene la mortalidad infantil”, explicó Cuadrado.

Por último, mencionó la descentralización y mejora de la gestión de las Casas del Desarrollo de la Niñez.

El costo de las prioridades

Contemplando los ítems mencionados por Cuadrado, Olesker repasó algunos proyectos que sí requieren incremento presupuestal, por ejemplo, para salud mental.

“Nuestra intención es fortalecer los equipos de salud mental, consolidar un cambio de modelo hacia uno que sea preventivo, con equipos comunitarios, pero también dar respuesta a las necesidades de camas en el sistema tradicional de salud mental, que también se necesitan. Los cambios de modelo nunca se hacen quebrando lo anterior; son un mix entre dar respuesta a la atención de emergencia, de internación, pero al mismo tiempo creando las condiciones para el nuevo modelo de atención, con las casas de medio camino y los equipos comunitarios”, sostuvo el vicepresidente.

También se refirió a otros temas que se priorizaron en el articulado, que en detalle establece reasignar créditos de gastos de funcionamiento por hasta un monto de 200 millones de pesos en el período para servicios personales, y destinar un monto de hasta 50 millones de pesos uruguayos anuales a inversiones, “exclusivamente para financiar proyectos que impliquen mejoras en la eficiencia operativa o generen ahorros comprobables en el funcionamiento del organismo”. Esto deberá contar con un informe previo y favorable del MEF.

A su vez, se reasignan 200 millones de pesos uruguayos de funcionamiento para “otros bienes de consumo” hacia el proyecto inmueble, destinados a “otros gastos”, para la ejecución de proyectos de infraestructura y adquisición de equipamiento.

Se asignan 70 millones de pesos anuales y una partida anual de 100 millones de pesos para salud mental, con el objetivo de desarrollar y mantener la red de estructuras básicas de atención en salud mental dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y fortalecer los equipos de salud mental comunitarios.

Para visitas domiciliarias a recién nacidos se asigna una partida anual de 40 millones de pesos para quienes realizan las visitas, más 10 millones para insumos.

En cuanto a recursos humanos, se plantea una partida anual de 100 millones de pesos para nuevos cargos asistenciales, fortalecer el primer nivel de atención y reducir la falta de médicos en el interior del país, a los efectos de mejorae el acceso a servicios de salud en esas zonas. Específicamente para enfermería, se asigna un refuerzo anual de 50 millones de pesos para convertir cargos de auxiliares de servicio en cargos de auxiliares de enfermería y cargos de auxiliares de enfermería en cargos de licenciados en Enfermería. Para residentes que trabajan en ASSE se destina una partida de 33 millones de pesos en 2026 y de 40 millones a partir de 2027.

El articulado prevé una excepción que permita que el prestador, por este año, pueda transferir de una unidad ejecutora a otra; por lo tanto, habilita a que utilice hasta 280 millones de pesos de los programas asistenciales para la Comisión de Apoyo.