La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, visitó por segunda vez la diaria Radio –la primera fue en julio del año pasado– y en esta oportunidad repasó los objetivos cumplidos hasta ahora, a casi un año de gobierno; también los planes de trabajo para los próximos años respecto a los tiempos de espera, la incorporación de medicamentos y prestaciones al Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), así como distintas regulaciones y cambios en normativas.
Sobre las listas de espera, expresó que es uno de los “temas estructurales que no se cambian de un día para otro”, pero que aun así ya “hay una reducción de los tiempos de espera que está medida en ASSE, donde teníamos más de 300.000 personas en listas de espera para especialidades, 30.000 en salud mental y 300 niños y adolescentes para cirugías oftalmológicas”. Puntualmente, restan 38 niños por intervenir gracias al convenio con el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Clínicas, agregó Lustemberg.
“Hay una reducción que todavía es muy tímida, de entre el 8% y el 15% en algunas especialidades; estamos lejos de llegar a lo que pensamos con el equipo que formamos con expertos, los prestadores y ASSE”, agregó. En tanto, aclaró que evaluar un cambio en las esperas del sector privado es diferente porque “es más variable”.
Adelantó que el ministerio modificó el decreto de 2007 que regula los tiempos de espera; el nuevo está a la espera de la firma de Yamandú Orsi. La jerarca explicó uno de los cambios: “Incluimos los procedimientos: no pueden pasar seis meses o un año para que las personas accedan; van a estar regulados con determinados tiempos” y controlados con herramientas que algunas instituciones “ya tienen”, por ejemplo, unidades de gestión de listas de espera y de coordinación de pacientes.
A partir del nuevo decreto, “va a ser obligatorio y lo va a controlar el MSP”, sostuvo. En resumen, “han mejorado paulatinamente los indicadores, teniendo en cuenta que el año de transición es complejo y que a partir de ahora el presupuesto nos va a permitir acelerar procesos”.
En la primera visita a la radio, la ministra había dicho que unos 300 medicamentos y prestaciones estaban pendientes de incorporación al PIAS. Este miércoles repasó las que fueron incorporadas durante los últimos meses: la cirugía laparoscópica para la apendicectomía, que es obligatorio que los prestadores brinden de forma gratuita desde fines de 2025; algunos anticoagulantes directos, cuyo costo del ticket variaba mucho entre un prestador y otro; cardiodesfibriladores, que ahora pueden ser indicados por cualquier cardiólogo que entienda que el usuario lo necesita, y, finalmente, los protectores solares, que ahora pueden ser indicados por médicos generales y no solo por dermatólogos. “Estamos trabajando para que, por ejemplo, se incluya la cirugía laparoscópica de rodilla”, acotó Lustemberg.
En cuanto a la incorporación de nuevas prestaciones en los próximos años, dijo que “tendríamos que terminar el período con más del 50% o 70% incorporado al PIAS”, y que “el presupuesto contempla muchas de estas cosas; otras las estamos conversando con el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]”.
El financiamiento del sistema de salud, a casi 20 años de su creación
El desarrollo de este período de gobierno coincide con los 20 años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), tema de debate desde hace algunos meses tras el anuncio del cambio en la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Consultada sobre si es momento de cambiar la financiación del sistema de salud uruguayo, Lustemberg consideró que, desde su creación, “nuestro SNIS se basó en los principios de solidaridad, acceso a la salud, sostenibilidad y justicia social; el horizonte más importante fue alcanzar la cobertura universal de salud y todavía no hemos logrado todas estas cosas”.
Con la creación del sistema “se amplió la cobertura y, con distintos aportes, se conformó el Fonasa, que transfiere la cuota salud a los prestadores y una cuota por parte del Estado para financiar el Fondo Nacional de Recursos. Este modelo, basado en la seguridad social, siempre se pensó con aportes del Estado al Fonasa que ascienden al 45%; además, trabajadores, jubilados y pasivos aportan un porcentaje según las personas a las que cubren. Quizá cuando se creó no estaba previsto que quienes tienen sueldos más altos y aportan más tuvieran una devolución en exceso, pero quiero aclarar que el cambio lo van a percibir desde setiembre de 2027; afecta a unas 75.000 personas y se da porque hasta ahora estaba mal calculado: se estaba devolviendo más de lo que correspondía porque se estaba aportando menos de lo que se debía aportar. Sé que hay distintas lecturas jurídicas sobre esto”, expresó la jerarca.
El cambio en la devolución dejará unos 80 millones de dólares de recaudación al Estado. Sobre esto, sostuvo que no sabe “cuánto irá al sistema de salud, pero tiene que ser robustecido”.
La ministra también fue consultada sobre un eventual cambio en los montos que las mutualistas reciben, por ejemplo, a través de las cápitas. Sobre esto agregó que “administrar los sistemas de salud es de las cosas más difíciles del mundo: la tecnología avanza, la población está cada vez más envejecida y tenemos el desafío de sostenernos con una tasa de reemplazo suficiente; estamos conversando con los prestadores públicos y con las instituciones de asistencia médica colectiva”.
Sobre los planes a corto plazo, dijo que el ministerio cuenta con “un presupuesto importante para incorporar vacunas y un presupuesto importante para la salud mental”. Además, como ya se anunció, a fines de 2027 estará en funcionamiento el Hospital de la Costa.
Por último, de cara a los próximos meses, Lustemberg anunció que seguramente en marzo culmine buena parte de las investigaciones administrativas que ASSE cursa a raíz de las compras a prestadores privados durante el período pasado. “La compra se reguló y limitó con nuevos acuerdos; hasta que no estén finalizados todos los procesos no vamos a hacer declaraciones”, sostuvo.