“Nos preocupa que tanto las agresiones como los intentos de robo, que antes se daban mayoritariamente en Montevideo y en la zona metropolitana, ahora se hayan extendido a todo el país”, dijo a la diaria Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en referencia a las situaciones de violencia a las que se expone el personal de la salud, ya sea en el territorio o en los centros de atención.

Agregó que hubo situaciones de este tipo en San Gregorio de Polanco, Durazno y Florida, entre otros departamentos. En el primer lugar mencionado, llegó un usuario con dos heridas de arma de fuego en la cabeza y los acompañantes ingresaron a la policlínica, donde rompieron cosas y quisieron agredir a quienes atendieron a la persona. “La intensidad de la violencia también escala”, lamentó Pereira.

Relató otros casos en los que los trabajadores son atacados con cuchillas; en otros, cuando se trata “de enfrentamientos entre dos bandas, las amenazas son por cuál salvan primero”. En Durazno, en tanto, ingresaron con la intención de matar a un usuario que estaba internado.

Una de las preocupaciones actuales es la de no superar las 48 agresiones que se registraron en 2025, sin contar las producidas por usuarios con patologías de salud mental.

En el problema intervienen desde hace ya buen tiempo, además de la federación, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior y la Fiscalía. “En las últimas reuniones que hemos tenido [para tratar este tema] remarcamos que no queremos llegar a lamentar el fallecimiento de ningún trabajador”, contó Pereira.

En cuanto al Ministerio del Interior, sostuvo que se está trabajando en barreras de control en el ingreso a los centros de salud, así como en la circulación, más allá del acompañamiento profesional en territorio. Por el momento, “se visitan los departamentos donde hubo una agresión y se evalúa cuál es la mejor medida de seguridad para ese lugar; a veces consiste en colocar cámaras”, agregó.

En algunos hospitales, sobre todo en los más grandes de Montevideo, como el Pasteur o el Maciel, “ya existen distintas medidas”, pero en el interior los centros de salud “eran lugares de puertas abiertas, algo que tiene que ir cambiando”, comentó. Lo ideal “sería una evaluación general que abarque todos los hospitales, pero estamos con un ritmo en el que hay agresiones todas las semanas; por lo tanto, es difícil hacer un trabajo planificado”.

En territorio, cuando se percibe peligro, hay coordinaciones y se espera el apoyo del Ministerio del Interior para ingresar. Pero el problema va más allá: está el caso de la enfermería domiciliaria o los médicos de familia que concurren constantemente a los lugares, hasta tres veces por día, y “muchas veces se han cortado tratamientos porque no se puede ingresar a determinada zona. Por eso nuestra preocupación es que, ante una agresión, se delimita una zona de riesgo de diez cuadras a la que solo se entra por riesgo de vida, lo que conlleva dejar de lado algunos tipos de asistencia y también afecta a los usuarios”, explicó Pereira.

El programa Barrios sin Violencia continúa y sumará “interruptores de violencia” en centros de salud

El programa Barrios sin Violencia, implementado en el gobierno pasado, continuará durante este período, según publicó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes de ASSE, quienes adelantaron que tendrá varios cambios. Uno de los más importantes será darles mayor relevancia a los “interruptores de violencia”, que estarán, además de en barrios, en centros hospitalarios y, en principio, se instalarán en el Cerro –hospital en el que ya estuvieron un tiempo– y en Piedras Blancas.

Barrios sin Violencia es una intervención comunitaria de prevención, llevada adelante por organizaciones de la sociedad civil, que se basa en el modelo de la ONG Cure Violence. En Uruguay se aplicó gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En suma, los integrantes de las organizaciones –que conocen el territorio y tienen un protagonismo incluso mayor que el de la Policía– intentan mediar entre quienes conviven allí para disminuir los conflictos territoriales y, por ende, la violencia. En este período se buscará lo mismo, pero actuando también dentro de los hospitales.

Hasta ahora se aplicó en dos zonas compuestas por distintos barrios: la zona 1, que nuclea a Peñarol, Casavalle, Manga, Marconi, Las Acacias y Villa Española; y la zona 2, que comprende Casabó, La Paloma, La Teja, Tres Ombúes y Cerro Norte.