La Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos realizó al Ministerio de Salud Pública (MSP) una serie de recomendaciones para la actualización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2012, que integran un documento que será presentado a la cartera en las próximas semanas, en el marco del mes de la mujer.

En diálogo con la diaria, el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, contextualizó las recomendaciones y las explicó. En primer lugar, aclaró que al comenzar la gestión actual recomendó a la titular del ministerio, Cristina Lustemberg, volver a convocar a la Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos, que había funcionado hasta 2019 y que luego no fue convocada durante varios años.

Finalmente, la comisión fue convocada por el MSP en marzo de 2025, con una invitación a elaborar una estrategia participativa que incluyera los principales temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos para el período 2026-2030, explicó Briozzo. Luego de varias reuniones y de abordar distintas temáticas, la comisión, integrada por la academia, la sociedad civil organizada y el Estado, elaboró el documento que será presentado próximamente al gobierno.

“Este documento pretende volver a colocar a Uruguay como referencia y vanguardia global en derechos”, agregó Briozzo, y adelantó que, en el eje de la salud sexual y reproductiva, además de lo que concierne a la ley de IVE, se plantearán cambios a la Ley 19.167 de Reproducción Humana Asistida, aprobada en 2013. Ambas normas fueron implementadas hace más de diez años y requieren una actualización con base en la nueva evidencia científica y en lo que dejó hasta ahora su aplicación, sostuvo el jerarca.

Puntualmente sobre los cambios a la ley de IVE, detalló que las recomendaciones se centran en cuatro aspectos: mujeres migrantes, plazos, equipo interdisciplinario asignado a cada caso y semanas de gestación.

El primer cambio, impulsado sobre todo desde la sociedad civil y la academia –aunque las cuatro recomendaciones cuentan con consenso–, refiere a la situación de las migrantes. “Hay una fuerte visión de que es muy injusto que las mujeres que se instalan en el país no puedan acceder a la prestación porque están colocadas como ciudadanas de segunda clase; en este sentido, recomiendan que sean incluidas desde que están en nuestro país, también considerando que muchas llegan con una peripecia de violencia basada en género en sus espaldas por situaciones terribles que implica la migración, y que como consecuencia a veces tiene embarazos no deseados”.

Briozzo recordó que, en 2012, se estableció esta limitación para evitar que Uruguay se convirtiera en “un país de turismo abortivo”, algo que “no tiene ningún sentido en la actualidad, sobre todo con el ejemplo de países como Argentina y Brasil, que modificaron sus leyes hacia una norma más permisiva y esto no pasó”.

En segundo lugar, están los días de reflexión. Según explicó, todos los estudios hechos hasta ahora muestran que más del 96% de las mujeres que solicitan asistencia para interrumpir un embarazo ya tomaron una decisión que “no van a cambiar, por lo que los días de reflexión estipulados actualmente no son de calma y tranquilidad; es un período de estrés y ansiedad ante una decisión ya tomada”.

El tercer punto refiere al asesoramiento previsto en la ley, que establece la intervención de un equipo integrado por especialistas en ginecotocología, psicología y trabajo social. La recomendación señala que “no siempre es necesario”, aunque sí puede ser pertinente en casos de vulneración de derechos o cuando existen dudas. Según explicó Briozzo, en muchas situaciones generar esa instancia resulta muy oneroso para el sistema y no siempre se justifica. Además, se propone revisar qué profesionales deberían integrar ese equipo.

Por último, se plantea aumentar el límite de semanas para interrumpir el embarazo. El subsecretario explicó que, a partir de otros cambios en los controles prenatales, es universal que el screening del primer trimestre se realice a las 12 semanas, estudio que permite detectar posibles alteraciones del embrión, el mismo plazo que actualmente limita la interrupción del embarazo. En esos casos, el resultado suele conocerse a las 14 semanas, por lo que a la comisión le parece adecuado flexibilizar el plazo hasta ese momento.

Consultado sobre si una vez presentadas las recomendaciones al MSP estas se trasladarán al ámbito legislativo para integrarlas a la ley, el subsecretario respondió que “no es una decisión tomada aún”. “Todavía es precoz plantearlo; por ahora nos pesan como ministerio las recomendaciones unánimes que habrá que analizar para evaluar los tiempos y las formas”.