Nacional

En diciembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia aprobó un plan de acción para mejorar los servicios del Poder Judicial; ayer se dio a conocer qué se hizo para luchar contra la violencia de género. La directora del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género del PJ, Carolina Patrón, dijo a la diaria que hasta ahora lo más destacado son los talleres de sensibilización brindados a los funcionarios como medio de “introspección” sobre la temática.

Los mayores pagos de asignaciones familiares elevaron los delitos contra la propiedad, dice un trabajo de Ignacio Munyo del IEEM Business School, de la Universidad de Montevideo. El documento señala que las transferencias sociales producen un efecto positivo en los ingresos de los hogares y les permite comprar bienes y por esta vía se reduce el incentivo a cometer delitos “motivados por temas económicos” (en referencia a los robos y las rapiñas). No obstante, es posible otra lectura en el marco de esta teoría: las transferencias pueden ser gastadas “prematuramente” y las personas cometerán delitos para “suplementar” los ingresos en lo que resta del mes.

Luis Pérez, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, dijo que “se abrió un camino de entendimiento” con las autoridades. Los representantes del Ministerio de Salud Pública les transmitieron que si levantaban la huelga de hambre el organismo estaba dispuesto discutir algunos de sus reclamos.

Se desarrolló ayer un seminario-taller con operadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y periodistas para intercambiar acerca del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que sería sancionado definitivamente este mes por el Senado.