Arazatí

Investigadora plantea que “seguimos sin tener datos oficiales del contenido de cianotoxinas en las playas del Río de la Plata”, que el Ministerio de Ambiente tiene “la capacidad técnica y analítica” para obtenerlos, pero “no ha incorporado dicho parámetro en el monitoreo rutinario”

El jerarca entrante manifestó que se debe realizar “un análisis responsable” de diferentes variables, incluida la económico-financiera; Bouvier sostuvo que en el gobierno no tenían “ningún inconveniente jurídico para firmar este contrato”.

La Mesa Política advierte que “la obra planteada no garantiza el abastecimiento de agua potable, al tiempo que genera impactos ambientales, sociales y económicos negativos”

El presidente electo afirmó que intercambiaron sobre "temas que tienen que ver con políticas de Estado y cuáles son las coincidencias”, como en materia de seguridad

Un repaso por los principales argumentos de la academia, las organizaciones sociales, el gobierno, las observaciones que aún están siendo analizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la perspectiva de las autoridades electas tras la firma del contrato

El director general de Saceem, Alejandro Ruibal, dijo que la construcción de la planta en Arazatí ocupará unos 30 meses y que la construcción planeada “es del orden de la cuarta parte” de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, por lo que tendría “poco impacto visual”

Ortuño mantiene que la iniciativa, aun con las modificaciones presentadas el jueves, provocaría una “situación crítica de desfinanciamiento” de OSE, “afectando sus posibilidades para prestar adecuadamente sus servicios y para construir obras imprescindibles, como la represa de Casupá”.

Este jueves, mientras las autoridades del gobierno actual y electo y Alejandro Ruibal, promotor de la iniciativa privada e integrante del Consorcio Aguas de Montevideo, se reunieron en Torre Ejecutiva, tuvo lugar una concentración fuera del edificio.

Los colectivos consideran que “no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medioambiente” e invitan a la ciudadanía a “informarse, debatir y exigir transparencia sobre un proyecto que afecta a todos los uruguayos”.

Sostienen que la iniciativa es una “estrategia inapropiada para generar una fuente alternativa de agua potable”; afirman que sus consideraciones fueron vertidas en instancias de participación convocadas por el Ministerio de Ambiente, pero “no se ven reflejadas” en la resolución final