Explotación sexual infantil

La explotación sexual infantil ocurre abrumadoramente en el ámbito doméstico en este país “ejemplar” que prefiere hacer la vista gorda.

El operativo internacional fue realizado por 15 países; el grupo tenía 158 integrantes

Representantes del gobierno visitaron una de las localidades europeas donde se implementa este proyecto, un “faro hacia donde tenemos que ir”, aseguró la presidenta del INAU; para El Paso, hay “expectativas” de concretar avances en este período.

Está dirigido a organizaciones y colectivos sociales, comunitarios y barriales, que podrán recibir hasta 250.000 pesos por proyecto; el plazo para presentar propuestas cierra el 24 de febrero.

La presidenta del Conapees recordó que puede haber más situaciones porque siempre existe un “subregistro” y dijo que no hay que “subestimar” los entornos digitales, donde hoy la captación “es muchísimo más fácil”.

El informe busca conocer las modalidades que existen en Uruguay así como la respuesta por parte del Estado, en base a la experiencia de operadoras y operadores que trabajan en la atención directa de estas situaciones en todo el país.

En una actividad organizada por la Plataforma Infancias y Adolescencias, representantes de distintos partidos marcaron sus prioridades, mientras especialistas analizaron las complejidades de esta violencia a nivel territorial, intrafamiliar e institucional

Más equipos y servicios especializados, capacitaciones en la salud y la educación, promover la búsqueda ante salidas no acordadas y reforzar la articulación interinstitucional son algunas de las medidas que proponen referentes en la materia ante un problema que “no se prioriza”.

En un momento en que el tema está en el ojo de la tormenta, una investigación de Flacso Uruguay revela obstáculos en la detección, atención y reparación a las víctimas, que en definitiva terminan impactando en su protección.

Una resolución aprobada el viernes establece que deberán llevar un registro actualizado de cada uno, presentar informes una vez por mes y asistir de forma presencial a los centros al menos una vez cada 90 días; también dispone mayor control de las salidas no autorizadas.