Explotación Sexual Infantil

El informe busca conocer las modalidades que existen en Uruguay así como la respuesta por parte del Estado, en base a la experiencia de operadoras y operadores que trabajan en la atención directa de estas situaciones en todo el país.

En una actividad organizada por la Plataforma Infancias y Adolescencias, representantes de distintos partidos marcaron sus prioridades, mientras especialistas analizaron las complejidades de esta violencia a nivel territorial, intrafamiliar e institucional

Más equipos y servicios especializados, capacitaciones en la salud y la educación, promover la búsqueda ante salidas no acordadas y reforzar la articulación interinstitucional son algunas de las medidas que proponen referentes en la materia ante un problema que “no se prioriza”.

En un momento en que el tema está en el ojo de la tormenta, una investigación de Flacso Uruguay revela obstáculos en la detección, atención y reparación a las víctimas, que en definitiva terminan impactando en su protección.

Una resolución aprobada el viernes establece que deberán llevar un registro actualizado de cada uno, presentar informes una vez por mes y asistir de forma presencial a los centros al menos una vez cada 90 días; también dispone mayor control de las salidas no autorizadas.

El conjunto de organizaciones llamó a las autoridades a hacer “una revisión de los procesos, protocolos e instrumentos que manejan las distintas instituciones públicas actuantes” y en particular el INAU.

La legisladora frenteamplista manifestó preocupación por “diferencias” entre los registros del Sipiav y el Conapees, dos instrumentos que funcionan en la órbita del INAU, y advirtió sobre “alertas encendidas por todos lados” con relación a este problema.

Las cifras revelan que, por primera vez en cuatro años, hubo un descenso del número de casos detectados.

El documento establece obligaciones que deben adoptar los operadores del sector para garantizar la protección de las niñeces y adolescencias en viajes, incluida la capacitación de personal y la difusión de información para denunciar posibles situaciones.

Especialista dijo que “es necesario cambiar la cultura que normaliza la explotación sexual y el abuso infantil” en nuestro país, pero Pablo Abdala sostuvo que “no hay un hecho que fundamente semejante afirmación”