La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que regula la seguridad privada. Fue presentado por iniciativa del Poder Ejecutivo y ya tenía media sanción de Diputados. El ingrediente diferente que tuvo la sesión fue que el miembro informante del proyecto fue el senador colorado Pedro Bordaberry, que también preside la comisión interventora de la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Todos reconocemos que hoy hay una cantidad de personas dedicadas a la seguridad privada y de empresas de seguridad privada”, dijo el senador, que informó que se estima que hay 23.000 personas trabajando en el sector. “Son muchísimas personas. Tenemos 30.000 policías en el país y, si sacamos a los administrativos, tenemos casi el equivalente en seguridad privada a lo que tenemos en funcionarios dedicados a la seguridad pública. ¡Vaya si habrá que regular!”, afirmó. El texto establece que las entidades “de carácter público o privado, cuyas características de funcionamiento, los recintos en que se encuentren emplazadas o las actividades que en ellas se desarrollen generen un mayor nivel de riesgo para la seguridad pública” están obligadas a tener un sistema de seguridad privada. También “las empresas transportadoras de valores, las armerías, las instituciones bancarias, las administradoras de crédito, las casas de cambio y aquellas que por sus actividades manejen fondos de terceros como principal actividad”. Las entidades deberán contar con un encargado de seguridad con “condiciones físicas y psíquicas compatibles con las labores a desempeñar” y que tenga aprobado bachillerato, entre otros requisitos. El proyecto también permite el porte de armas a todo trabajador de la seguridad privada, “atendiendo la matriz de riesgo de cada actividad”, pero aquellos que se registren en el futuro deberán tener ciclo básico aprobado.