Luego de que la semana pasada se supiera la cifra exacta que el Poder Ejecutivo se propone invertir en la educación a partir de la próxima Rendición de Cuentas –y que esa suma no llegará a representar el reclamado 6% del Producto Interno Bruto–, la reacción de los sindicatos docentes no se hizo esperar. La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) anunció un paro de 24 horas, en fecha a definir en los primeros 15 días de junio, mientras que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) realizará otro, de 48 horas, los días 20 y 21 de junio, además del que está definido para el 13.

La Mesa Federal de la FUM se reunió el sábado y emitió un comunicado en el que afirma que el presupuesto que se propone destinar a la educación a partir de la próxima Rendición de Cuentas es insuficiente para varios de los reclamos del sindicato. “El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no contempla su propia intención de llegar a un salario de 25.000 pesos para el maestro grado 1 de 20 horas semanales y de 23.455 pesos para el funcionario grado 1/6 de 40 horas semanales”, dice la declaración. Además, se asegura que tampoco se ha tenido en cuenta la regularización de funcionarias contratadas por comisiones de fomento y la creación de nuevos cargos auxiliares, y se sostiene que si bien “se van a estar construyendo escuelas y jardines de infantes de tiempo completo, no se hizo la reserva presupuestal para cubrir las vacantes de maestros, profesores y funcionarios. Es decir, va a haber escuelas vacías”, advierte el gremio de maestros. Por último, se señala que, con lo destinado a la educación adicionalmente en esta Rendición de Cuentas (un aumento de 62,5 millones de dólares), no se alcanza el 6% del PIB. “Cuando reclamamos presupuesto educativo lo que decimos es que se cumpla con la necesidad de elevar el nivel educativo, lo que supone contar con todos los recursos necesarios”, alegan el sindicato en el comunicado.

Por todo esto, la FUM se propone llevar a la Mesa Representativa la ejecución de un paro general de 24 horas el 28 de junio, “como respuesta clara ante una propuesta del Poder Ejecutivo altamente negativa para los sectores más débiles de la sociedad, ya que no contempla las necesidades en lo que respecta a salud, vivienda, educación y minoridad”. Además, el sindicato decidió activar un paro general de 24 horas en la primera quincena de este mes.

Seguramente ese paro se concretará el miércoles 13, según dijo la secretaria general de la FUM-TEP, Elbia Pereira. De hecho, Fenapes ya resolvió realizar un paro en esa fecha y lo más probable es que la Asociación de Funcionarios de la UTU (AFUTU) tome la misma medida hoy. Según dijo Pereira, los sindicatos de la educación han ido coordinando las medidas, que posiblemente se terminarán de definir en una reunión de la intergremial esta tarde.

José Olivera, de Fenapes, anunció además que su sindicato llevará adelante otro paro de 48 horas el 20 y 21 de junio, y al igual que la FUM buscará promover un paro general de 24 horas para fines de este mes en la Mesa Representativa de la central sindical.

Olivera sostuvo que lo anunciado por Astori sobre la Rendición de Cuentas el jueves ni siquiera se condijo con lo que los representantes del Poder Ejecutivo comunicaron el viernes, tanto en el Consejo Superior del Sector Público como en las ramas de enseñanza: “Había dicho el jueves que el aumento para la Administración Nacional de Educación Pública iba a contemplar cumplir con el compromiso que había asumido el gobierno de llegar a un determinado salario, pero eso no es así, porque los rubros previstos sólo prevén aumentos para 2019 y no para 2020, por lo que no se llega a cumplir el compromiso salarial del gobierno”.

Pero el problema principal para Olivera es que no se llega a 6% del PIB para la educación, lo que implica que, además de no cumplirse una promesa electoral, “no hay plata prevista para crear cargos que hoy faltan para el sistema educativo, para atender inequidades salariales que se arrastran desde los años 90 y atender la creación de cargos asociados de infraestructura”. Sobre este último punto, especificó que el gobierno anunció que en 2020 realizará pagos por 1.120 millones de pesos para obras de participación público-privada, muchas de ellas vinculadas con la educación, pero no se crearán cargos “para poner en funcionamiento esos nuevos centros educativos”. Según Olivera, en la educación la aguja presupuestal sólo se movió significativamente en el período 2005-2010, y “luego se ha entrado en una meseta”.